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Es indudable: Sergio Berni, cautiva. Y no nos referimos a los rumores sobre su vida personal, sino a la acción en el área de Seguridad bonaerense y a su despliegue político pre electoral. Cautiva a sus críticos y a sus apologistas.
En La Señal Medios, donde brindamos la más precisa información posible sobre la actualidad en general y los recientes sucesos en la policía bonaerense, nos hacemos eco del debate y ponemos a disposición materiales que contribuyen, desde perfiles ostensiblemente contrastantes, a analizar este proceso.
Vale asomarse a los argumentos de unos y otros antes de plantar bandera. Aunque cierto blanco negro permita inferir liviandad, el asunto no es sencillo. Sobre todo por lo aseverado en el artículo precedente “Apuntes ¿menores? sobre el tema Seguridad” http://laseñalmedios.com.ar/2020/09/12/apuntes-menores-sobre-el-tema-seguridad/?fbclid=IwAR1Q9rlnUKa47xKxrMTHQGx3XhC0k0UC9EOQ9-qwSNUOAglnQv6ftR1SM3I
En concreto, allí fundamentamos la dificultad del diagnóstico referido al rubro: se depende demasiado del humor inyectado por los grandes medios sobre la sociedad. Personas de enorme capacidad y convicciones sólidas han abordado la cuestión, pero resultaron aplastadas , más por las campañas periodísticas sobre “la crisis de inseguridad” que por los intereses internos.
En todo caso, por la combinación de ambos.
Repasemos: Luis Brunati, León Arslanián, Marcelo Saín, entre tantos, han hincado el diente en la cuestión. Lo han hecho, en distintos cargos y períodos, sin mancha; pero no lograron superar la andanada de portadas, flashes radiales e informativos televisivos que confunden a sabiendas un delito con el arrasamiento de una comunidad por organizaciones delictivas. ¿Sucede lo mismo con Berni? ¿O se trata de un vendedor de humo que deja de lado su función específica para transitar los sets y filmar promos?
Es probable que Cristina Fernández de Kirchner haya estimado que una presencia de esta naturaleza tiende a contener –junto al kirchnerismo bonaerense, orientado a su través y encarnado en cúspide ejecutiva por Axel Kicillof- la totalidad del espacio nacional popular del distrito. Si es así, tras los sucesos de la semana que concluye ¿Berni sigue representando ese lugar característico de una franja peronista que sugiere firmeza y altavoz ante sucesos conflictivos?
Desde nuestro medio sugerimos la lectura de los textos que se proponen a continuación. Todos tienen interés y sostienen conceptos que cabe sopesar.
Gabriel Fernández
Director La Señal Medios
LOCOMÍA
Por HORACIO VERBITSKY *
El sábado 5, el gobierno nacional informó al de la provincia de Buenos Aires que se estaba difundiendo por redes sociales la retención de tareas por parte de efectivos de la policía provincial para el lunes 7. A primera hora de ese día, la gobernación agradeció e informó que todo estaba tranquilo. Desde la Nación aclararon que la hora fijada para el reclamo era recién al mediodía. El ministro de Seguridad Sergio Berni dijo que estaba en eso.
Simultáneamente, en la quinta de Olivos se supo de reclamos similares en Misiones, La Rioja y El Chaco. En los tres casos, el Presidente Alberto Fernández le indicó al Ministro del Interior Wado de Pedro que actuara de inmediato, girando los fondos necesarios para mejorar los salarios policiales. No era muy complicado, ya que entre esas tres provincias tienen 2,5 millones de habitantes, siete veces menos que Buenos Aires. También los gobernadores de Santa Fe, Omar Perotti, y de Córdoba, Juan Schiaretti, firmaron aumentos para sus policías, mientras la solución se dilataba en Buenos Aires.
Fue aportada por el Presidente, al anunciar el miércoles que la Nación enviaría los fondos necesarios a La Plata. Esto permitió al gobernador Axel Kicillof comunicar el jueves que cumpliría el viejo anhelo de la fuerza provincial, de equipararse con la Policía Federal, que es la institución federal de seguridad mejor paga, con lo cual desescaló el conflicto. Aquí podés ver el cuadro resultante de las remuneraciones de la policía y del servicio penitenciario provinciales.
Pero antes pasaron cuatro días de tensión creciente e innecesario desgaste político. La CGT, el Partido Justicialista, la CTA, la Corriente Federal de Trabajadores, entidades de pequeñas empresas, diversos movimientos sociales repudiaron la intimidación sobre la residencia presidencial. Hasta el bloque de diputados porteños de la UCR y el presidente del interbloque de Cambiemos, Mario Negri, se pronunciaron contra este acto de prepotencia inadmisible. Ni una palabra emitieron las cámaras patronales, lo cual puede considerarse un progreso ya que esta vez al menos no alentaron la sedición, como en 1976 y 1987.
Algunos pequeños grupos militantes marcharon sobre Olivos, nada hubiera sido mejor para completar la provocación que una refriega a las puertas de la sede gubernativa. El teorema de Baglini explica casi todo. Pero el Presidente pidió que no lo hicieran y un alto jefe de la Policía Federal habló con el jefe bonaerense de Vicente López, de modo que a la hora de llegada de los autoconvocados, el piquete policial se había reducido a unos pocos efectivos. Otros entusiastas sugerían en las redes sociales convocar a la Gendarmería para sacarlos de allí, pero del lado de adentro del muro de ladrillo nadie tuvo esa fantasía. No todo fue locura en esas horas exasperadas. Hugo Yasky dijo luego en una entrevista con El Destape Radio, que si algo semejante volvía a producirse y hubiera algún riesgo real para la democracia, cientos de miles de trabajadores saldrían a las calles a defender a su gobierno.
Muchas cosas quedan por esclarecer:
- Si se trató apenas de una reivindicación salarial o enmascaró un proyecto de desestabilización institucional;
- Si guarda alguna relación con el flash psicótico que dijo haber padecido el ex senador Eduardo Duhalde cuando se vio rodeado por animales sueltos;
- Si fue un movimiento único o la coincidencia en el tiempo y el espacio de varios grupos de distinta conformación y objetivos;
- Si estaban coordinados entre ellos o sólo hubo un aprovechamiento recíproco;
- Si corresponde aplicar sanciones y en tal caso cuáles, a quienes y por qué vía;
- Si se subestimaron indicios de que algo grande se estaba preparando y de quién es la responsabilidad;
- Si el combustible mediático que propagó el incendio preanuncia un endurecimiento en la operación de acoso y derribo de un gobierno que replicó a presiones anteriores con la regulación de las tecnologías de la información y la comunicación;
- Si la pacificación policial con recursos recuperados de la Capital no tornará más complejas las relaciones políticas entre oficialismo y oposición.
Los 14 puntos
Todo eso deberá ser pasado en limpio, para afinar una lectura correcta de lo sucedido en la jornada más vertiginosa del año ’20. Lo que no admite interpretaciones divergentes es que el petitorio entregado por los policías alborotadores al gobernador Axel Kicillof constituye una base razonable para un diálogo institucional que afiance una reforma policial imprescindible. En su contenido no hay nada incompatible con el sistema democrático y eso también fue visible en el tono firme pero calmo del gobernador.
El primer punto descartaba sanciones “para el personal que concurra a alguna de las convocatorias pacíficas realizadas”. Pero, ¿puede considerase pacífica la convergencia de patrulleros y su personal armado sobre la residencia presidencial de Olivos, con armas a la vista y sirenas al aire? Si la respuesta fuera negativa, ¿sería razonable disciplinar al personal de baja jerarquía que predominó en esa instancia, al locomía de la bandera y no a los mandos que recién aparecieron cuando llegó la hora de levantar la concentración en otros puntos del Conurbano?
Los puntos 2 a 6 contenían reclamos salariales: aumentos diferenciados para los distintos escalafones, mejora en el pago por hora de compensación de recargo de servicio y del servicio de policía adicional, e incremento de la asignación por compra y mantenimiento del uniforme y equipo de trabajo. Los aumentos dispuestos por el gobierno provincial en algunos casos están por debajo de lo reclamado y en otros por encima, como respecto de los uniformes: pedían 3.800 y Axel anunció 5.000 pesos por mes. La equiparación con las remuneraciones de la Policía Federal satisface una apetencia histórica de los bonaerenses. Tanto que, luego del anuncio, hubo temor de que los patanegra terminaran por encima de los federicos, igualados en el básico pero con el adicional por uniforme para desequilibrar. Esto a su vez podría encender una cadena de exigencias de las demás fuerzas federales. Aun sin ese desfasaje, la probabilidad de reclamos en cascada de otros servidores estatales es previsible: ¿por qué las otras profesiones esenciales deberían contentarse con menos? Esto supone un riesgo y una oportunidad. Todos esas reivindicaciones son justas, la cuestión es cómo financiarlas. Lo sabe el gobierno y también la AEA, que se miran de reojo.
Los puntos 7 a 14 del petitorio son un buen punto de partida para el análisis de cómo crear una policía distinta:
- Derecho a la vivienda digna. Planes de vivienda para el personal policial.
- No obligatoriedad de la obra social IOMA.
- Democratización de las fuerzas.
- Derecho a la sindicalización.
- Móviles en condiciones para realizar nuestro servicio.
- Capacitación y re-entrenamiento permanente.
- Asistencia psicológica.
- Basta de represalias (sumarios, arrestos, desafectaciones y traslados como medidas de disciplinamiento).
Parte de esa agenda ya formaba parte del plan anunciado el viernes anterior por los gobiernos nacional y provincial, con una inversión de 38.000 millones de pesos, lo cual debería facilitar los acuerdos.
El pliego de reclamos
En el video que podés ver aquí, un vocero policial lee el pliego de reclamos. Pero no se grabó ahora sino en 1988, cuando el jefe de gabinete federal Santiago Cafiero tenía 9 añitos, su abuelo Antonio era el gobernador y Luis Brunatti su ministro de Gobierno. Entonces no eran 14 puntos sino 11, pero giraban en torno de las mismas reivindicaciones salariales, profesionales y de bienestar del personal. Igual que ahora se mezclaba personal de uniforme y de civil, acompañado por sus esposas.
Ese fue el año en que el Presidente Raúl Alfonsín negoció que la provincia de Buenos Aires cediera puntos de coparticipación a la liga de gobernadores peronistas, que amenazaban con los fantasmas de Estanislao López, Pancho Ramírez y Facundo Quiroga atando sus caballos en la Plaza Mayor. En esta edición, el equipo de tributaristas de la Universidad Nacional de General San Martín describe en detalle ese proceso, cuyas consecuencias se sienten hasta ahora, y cada día con más fuerza. Tiene toda la razón Axel cuando señala que se trata de un problema estructural, agravado en los últimos cuatro años por un gobierno que relegó los ingresos de la tropa policial por detrás de los de otros empleados estatales, lo cual no es decir poco.
El investigador de la Universidad Nacional de La Plata Santiago Galar estudió todas las protestas policiales ocurridas en la provincia de Buenos Aires entre 2008 y 2017. Estas son algunos de sus hallazgos, publicados en el Anuario de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de La Pampa:
- “Los actores aparecen atravesados por una doble pertenencia, en tantos miembros de una sociedad democrática que otorga derechos a sus ciudadanos y en tanto miembros de una institución jerárquica que dispone desigualdades. Esta doble filiación habilita tensiones en los actores que se expresan a la hora de plantear demandas en el espacio público”.
- “Los/as policías, en este sentido, enfrentan un importante grado de precariedad: jornada laboral completa indefinida, sobrecarga horaria compulsiva, riesgo de vida, ausencia de días de descanso, regímenes disciplinarios poco claros, horarios rotativos, falta de contención y exposición a altos niveles de stress”.
- “Se generaliza la tendencia a concebir a la acción policial como un servicio o estado, antes que un trabajo que impone una desproporcionada carga horaria y una evidente precariedad laboral”.
- “Si bien es destacable la participación de agentes en actividad, es usual que los reclamos sean encabezados por familiares de los/as agentes, en particular por sus esposas. Incluso las protestas de 2013, aquellas que más visiblemente involucraron a uniformados/as, comenzaron con familiares impidiendo la salida de móviles de la dependencia de La Plata”.
- “En la concentración de 2009, la convocatoria incluyó cadenas de mails y mensajes de texto de celulares. Por su parte, los más recientes reclamos que relevamos, derivaciones del incendio en la comisaría de Pergamino, fueron convocados por Facebook, Twitter y audios de WhatsApp”
- “Destacamos el carácter anónimo de estas convocatorias en circulación como un elemento común asociado a la prohibición de protestar en la vía pública que recae sobre los/as agentes”.
- “Emerge recurrentemente en los discursos la idea del cansancio, el hartazgo o la falta de respuestas, como justificaciones al reclamo público”.
- “El carácter horizontal de las redes tendidas para la convocatoria, el ‘cansancio’ como motor de la acción colectiva y la ‘espontaneidad’ del reclamo, según nuestra interpretación, constituyen elementos que plantean diferenciaciones con la acción ‘política’, caracterizada por vastos sectores sociales como ‘corrupta’ e ‘interesada’”
- “Los/as agentes policiales se reconocen como miembros de una sociedad que se entiende democrática, en la cual se consolidó paulatinamente un discurso que apela a la ampliación del acceso a derechos”.
- “El cruce entre condiciones laborales particularmente adversas y la imposibilidad de reclamar por fuera de la línea de autoridad de la institución. Los reclamos poseen disparadores concretos pero son rápidamente dotados de significados más amplios, asentados particularmente en la necesidad de mejorar las condiciones en las cuales los/as policías realizan su trabajo”.
Desde el helicóptero
Este es el trasfondo estructural de lo sucedido. En ese contexto, el ministro de Seguridad no vio venir la erupción, a pesar del aviso recibido del gobierno nacional, porque su corazón y su mente están puestos en la carrera política personal para la que su cargo es el trampolín. La semana pasada publicamos alguno de los spots con los que intenta construir el personaje de Superberni, que da vergüenza ajena. Además está pintando paredones de la tercera sección electoral postulándose como presidente del Partido Justicialista. Él mismo ha dicho que no ha decidido si del Provincial o del Nacional. Pero no lo consultó con ninguno de sus dirigentes, ni siquiera aquellos con una letra K en su apellido, que no aman el paracaidismo.
Berni es cirujano, pero desearía ser militar. Como su adscripción al cuerpo profesional del Ejército terminó hace tres lustros, juega al milico con la policía. En 2015, cuando Agustín Rossi asumió por primera vez como Ministro de Defensa, Berni le pidió que lo ascendiera a general. Rossi, que todavía usaba la barba epónima, le mandó preguntar si sabía de dónde colgaba Caperucita su cestita.
Desde el helicóptero es difícil enterarse lo que ocurre en las comisarías. Y si cuando toca tierra le grita a la tropa que no hay lugar para los tibios como si fueran reclutas de un Ejército antiguo, no del que existe en el presente, que tiende a la idea del ciudadano soldado, se comprende el porqué de su sorpresa ante lo que se desencadenó.
Cuando todo hubo concluido, volvió a jactarse en la televisión: “Claro que sabíamos que iba a pasar esto, lo veníamos calculando hace dos o tres meses” (sic). Labia no le falta.
Las empresas afectadas por el decreto regulador que erizó a la Asociación Empresaria (AEA), viralizaron con fruición el malestar policial en las pantallas de sus televisoras. Berni también se negó a conversar con quienes acampaban cerca de sus oficinas, porque dijo que estaban cometiendo un delito. Pero en tal caso, ¿por qué fueron a intentar ese diálogo los subsecretarios de Participación Ciudadana, Pablo Fernández, y de Formación y Desarrollo Profesional, Javier Alonso? El bajo nivel de esa representación salvó la formalidad de que no se negocia con sediciosos pero no contribuyó a avanzar en un entendimiento. Del otro lado, la inorganicidad del tumulto tampoco ayudó. Cuando Alberto Fernández invitó a tres representantes a ingresar a la residencia para conversar con él, nadie se animó. Un retirado dijo una guarangada, pero los policías en actividad no es que desairaran al presidente, temían ser identificados y castigados. En este momento se apreció la perversidad de un sistema por el cual la representación recae en marginales y corruptos.
No había jefes, porque es inconcebible el reconocimiento de un caudillismo policial, al estilo del que ejerció Aldo Rico ante Alfonsín en aquella Semana Santa. Pero delegados tampoco, por el persistente rechazo a la creación de un sindicato, como los que existen en los países desarrollados y que permiten canalizar reclamos laborales sin afectar la prestación del servicio. Mirá, por ejemplo, a qué se dedica el sindicato policial en España. Sólo Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda lo entendieron así cuando el tema llegó a la Corte Suprema, si bien marcaron que la agremiación no podría incluir el derecho de huelga, pero Ricardo Lorenzetti, Elena Highton y Carlos Fernando Rosenkrantz refrendaron esa idea de la autoridad que consiste en negar los hechos. Como los sindicatos policiales no están permitidos, se organizan en forma clandestina, con predominio de retirados y exonerados.
Un columnista del Cohete reflexiona sobre lo que muestra el conflicto. “Por un lado, hay una ficción de la política y la sociedad respecto de la Bonaerense. Se le dan armas, territorio, tropa y autoridad a un comisario sin formación terciaria que gana 1.500 dólares. ¿No es obvio que, salvo que haya una autoridad de mando casi carismática, se va a financiar solo? La clase media alta prefiere otra ficción: pagar la Seguridad Privada, que no es otra cosa que uno de los negocios semi-legales de la misma Bonaerense. Hace mucho vi un estudio sobre el sueldo promedio de la Seguridad Privada: era inferior a la hora del personal doméstico. Por otro lado, se acentúa la proletarización de la tropa (como antes de los maestros, con características diferentes; y de a poco el personal de salud). En el Conurbano el suboficial de policía, el ladrón y el docente viven en el mismo barrio. Son la misma clase social. Una sociedad que reparte así no es meritocrática: es suicida”.
Los voceros oficiosos no tienen nada para perder y tienden a elevar el conflicto a los extremos. Esto incluye a retirados de distintas épocas, algunos de ellos exonerados por faltas graves o delitos, que intentan conservar influencia sobre la fuerza y que a menudo son la polea de transmisión de las peores prácticas institucionales, además de militantes embozados o abiertos del PRO. En este caso también incidieron varios miles de sumariados por la Auditoría de Asuntos Internos.
La Auditoría es un órgano de control con funcionamiento independiente, sin superiores en la estructura institucional, que molesta a la alianza corrupta entre policías, jueces y fiscales, como se contó aquí. En los últimos años se practicaron severos controles patrimoniales e incluso toxicológicos. Un número de los 30.000 sumariados están suspendidos en sus funciones pero con goce de sueldo, en una especie de limbo mientras no termine el procedimiento por el cual sean sancionados o absueltos. Sería asombroso que muchos no se montaran en la ola reivindicativa de los más jóvenes, pugnando por la anulación de sus sumarios. Esto no es fácil, aunque Berni se lo proponga. La Auditoría investiga tanto faltas menores (abandonos de servicio, pérdida de un arma, faltas a los superiores) cuanto graves, como vejámenes o torturas en los calabozos. En cada caso se debe instruir un sumario, con una serie de pasos reglados en la ley 13204/04 y el decreto reglamentario 1050/06, ambos de la gestión de Felipe Solá, que fue el menos peor de los gobernadores del último cuarto de siglo, de modo que intervienen instructores, secretarios, auditores sumariales, abogados defensores, la secretaría legal y técnica y la defensoría oficial del ministerio, con apelación al ministro y eventual revisión judicial, lo cual minimiza los márgenes de discrecionalidad. Tal como hizo cuando fue secretario de Seguridad de la Nación, Berni paralizó esos procedimientos, con la errónea idea de que daban una mala imagen de la policía, reincorporó a unos 400 funcionarios separados de la actividad y no actualizó el registro de exonerados, de modo que no hay forma de conocer la situación de cada efectivo.
Una pregunta que se reiteró en estos días es por qué los policías no protestaron durante el gobierno del Hada Buena, con cuya gestión los salarios policiales perdieron nada menos que un 30% contra la inflación. En realidad, sí lo hicieron, en 2017, cuando el jefe era Pablo Bressi, y en 2018, con Fabián Perroni. Pero Asuntos Internos en algunos casos, y el ex ministro Cristian Ritondo en otros, se anticiparon a buscar la solución antes de que la rebeldía se propagara de una unidad a otra. Sin sindicato, con Asuntos Internos desactivada y con el aumento que se esperaba en marzo y se postergó, sólo Berni ignoraba lo que podría suceder, seguro de que, donde él está, reina el orden
Precisiones
El viernes dije en Habrá consecuencias que Berni no era el candidato de Axel, pero que lo designó una vez que un especialista en seguridad rechazara el cargo. Me retracto: no hubo ofrecimiento del gobernador, sino sondeo de su jefe de gabinete, Carlos Bianco, y el candidato dijo que no estaba disponible. Es muy distinto, ¿no?
Quien sí tiene candidatos para reemplazar a Berni es el Grupo Clarín. El viernes mencionó cuatro:
- La politóloga Cecilia Rodríguez, jefa de gabinete del ministerio de Seguridad de la Nación, del que fue titular entre 2013 y 2015, con Berni como conflictivo secretario.
- El abogado Martín Arias Duval, subsecretario de Seguridad en las dos gestiones de Carlos Arslanián en la provincia de Buenos Aires, y Director de Migraciones durante las dos presidencias de Cristina.
- El intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi.
- El sindicalista del seguro e intendente de Ituzaingó, Alberto Descalzo.
Cecilia Rodríguez es una pieza fundamental en el equipo del Ministerio de Seguridad Federal, que conduce Sabina Frederic. Arias Duval declinó un ofrecimiento del Presidente Fernández para conducir una fuerza de seguridad federal, porque cree haber cumplido ya con su deber de servicio y prefiere dedicarse al estudio jurídico que comparte con Arslanián. Además de encabezar uno de los principales municipios de la provincia, donde ha hecho un trabajo encomiable, el ingeniero Ferraresi acompaña como vicepresidente a Cristina en el Instituto Patria. Es improbable que cualquiera de ellos esté en disponibilidad para mudarse a La Plata.
Descalzo, quien lleva 25 años al frente del municipio de Ituzaingó, no tiene reelección y cuenta con la simpatía de otros intendentes. Fuera del registro de Clarín, porque no lo sabe o porque pretende cuidarlo, también se anota el ex ministro entre 2013 y 2015, Alejandro Granados. Barón del señorío de Ezeiza y propietario del asador El Mangrullo, construido sobre terrenos fiscales intrusados, tiene como asesor al ex jefe de la bonaerense durante seis años, Hugo Matzkin, quien, a su vez, mantiene diálogo con el subjefe actual, Jorge Oscar Figini, ex superintendente de Institutos de Formación Policial y el representante en la cúpula de la Mejor Maldita Policía del Mundo.
Pero no hay indicios de que el gobernador piense en modificar su gabinete. Kicillof está agradecido por la guardia de la infantería bonaerense que el ministro dispuso sobre su residencia, cuando medio centenar de manifestantes sin uniforme amenazaban con tomarla en la noche del lunes, madrugada del martes, y es comprensible que tiemble de sólo pensar qué podría haber ocurrido con un ministro ungido en la calle Tacuarí. Pero la iniciativa de ese despliegue también partió del gobierno nacional, cuando Berni pedía la presencia de fuerzas federales, uno de los tantos desastres que las actitudes sensatas del otro lado de la frontera evitaron. Los federales se acercaron en forma discreta, como previsión, pero no se hicieron ver y bastó con la presencia de la infantería negra. Máximo Kirchner le aconsejó al gobernador que no sacara a su familia de la residencia, que en ese caso sí podría haber sido invadida.
A diferencia de casos anteriores, que abundan y de los que no se salvó ningún gobierno, esta vez participó un alto número de jóvenes con escasa inserción en la estructura institucional, reclutados en los barrios para las policías locales que creó Daniel Scioli, sin escalafón ni posibilidad de ascenso, en un limbo organizativo que no modificaron ni Ritondo ni Berni. El actual ministro los colocó junto con los comandos de patrulla en las nuevas Estaciones de Policía, en medio de un tironeo con los intendentes. Pero no modificó el horizonte profesional de Los pitufos, como se los bautizó por los uniformes celestes con que los vistió en 2018 otro personaje de ficción, el Hada Buena. Hasta una cumbia algo irónica cosecharon, antes de que Ritondo les cambiara los uniformes por otros, azul policía.
Otro a la Corte
En su mensaje del miércoles, Fernández dijo que el fondo de financiamiento para la provincia de Buenos Aires se formaría con el dinero de más que Macrì transfirió en 2016 a la Ciudad de Buenos Aires para pagar el traspaso de la dirección de Seguridad Metropolitana de la Policía Federal. Tanto el ministro del Interior Wado de Pedro como su predecesor Rogelio Frigerio, dijeron que Macrì había transferido a la Ciudad más fondos que los correspondientes. Frigerio lo atribuyó a un error por el apuro de hacer demasiadas cosas en los primeros días de gobierno. Lo rectificó ahora Alberto. De Pedro dijo que los recursos transferidos por Macrì a la Ciudad duplicaron el costo de la incorporación policial.
Horacio Rodríguez Larreta dirá ante la Corte Suprema de Justicia que ese decreto es inconstitucional. Entonces también lo habría sido aquel de Macrì, le replicó De Pedro, cuya aparición como vocero en un breve spot oficial tiende a cubrir la función que en otros gobiernos cumplieron Carlos Corach y Aníbal Fernández, de ordenar la agenda y ahorrarle al Presidente el desgaste de ser cada día su propio vocero. También se hizo oír el diputado Kirchner: “Engordaron a la ciudad más rica del país en detrimento del resto y nadie habló de la constitucionalidad del decreto, era tan grosero que después la bajaron un poquito. Ahora, cuando el Presidente Alberto Fernández quiere redistribuir es inconstitucional”. Horas antes, Alberto había anunciado inversiones por más de 30.000 millones de pesos en Buenos Arires y otras cuatro provincias: Tucumán, Tierra del Fuego, Chubut y Santa Fe, con un mensaje federal sobre la redistribución de los recursos que abundan en la CABA, “para aquellos que los están necesitando” en el resto del país. Todos los gobernadores justicialistas habían respaldado lo decidido, con la solitaria excepción del cordobés Juan Schiaretti quien, de todos modos, repudió el despliegue armado sobre la residencia presidencial. De Pedro retomó lo que ya había dicho el Presidente respecto del diálogo con Rodríguez Larreta sobre esa transferencia. Desde comienzos de año analizaron con el jefe de gobierno de la Ciudad el monto que tenía que devolver. El Poder Ejecutivo los recibiría. La única novedad actual es que no irán al Tesoro Nacional sino al bonaerense. Tanto el alcalde porteño como el presidente dijeron que el diálogo no se rompería entre ambas administraciones.
Medir en puntos de coparticipación los recursos que dejarán de girarse a la Capital Federal es una ficción narrativa, porque esos fondos tuvieron el único justificativo de acompañar la transferencia policial. Es previsible que la Corte tome el caso, pero no que lo resuelva en favor de la Ciudad. En abril del año pasado, sólo Elena Highton dijo que la Ciudad de Buenos Aires tiene un status distinto al de las provincias y que, por lo tanto, no tiene el derecho de acceder a la competencia originaria, que la Constitución solo le reconoce a las provincias. Los Constituyentes de 1994 no concibieron a la Ciudad como una provincia ni a su autonomía con el mismo alcance que la de aquellas, agregó. En cambio, el cupo masculino del tribunal (Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti) dibujó una provincialización de la Ciudad que no está en el texto de la Constitución.
Que la coparticipación debe disponerse por ley es una obviedad. Pero la Constitución de Olivos ordenó que esa ley se sancionara en 1996 y eso aún no ha ocurrido, ni ocurrirá jamás, ya que se trata de una ley convenio y basta que una provincia no la apruebe para que resulte inválida. Como explicó aquí en enero Enrique Hidalgo, la ley de 1988 sobre la coparticipación sólo dice que la Nación debe entregarle a la Ciudad no menos de lo que le transfirió en 1987. Mientras ese recaudo se cumpla, no hay demasiado que discutir. La pregunta es cuánto tardará un tribunal tan supremo que hasta sus propios plazos fija, en calcular el valor presente de lo transferido hace 33 años.
Si esto tiene algún componente jurídico, es sólo nominal.
- Periodista / Director de El cohete a la luna
UNA INMENSA PENA
Por ENRIQUE MARTÍN *
Hace un rato en su habitual editorial Eduardo Aliverti le pidió al gobierno que eche a Sergio Berni. «No debería permanecer un minuto más en su cargo», sentenció. Perplejidad es poco ¿Estupor? No. Me produjo una inmensa tristeza. Con menos contundencia es lo mismo que hace cuatro días piden todos los periodistas macristas del establishment. Quizás por distintas razones.
Sinceramente, Berni ni siquiera es simpático. Pero lo conocemos. Es el ministro que designó y ahora confirmó Kicillof. Y Kicillof es el gobernador que bautizó Cristina. Los dirigentes que odia el establishment. Puede decirse cualquier cosa sobre Berni menos que no es leal a una idea, la de Néstor Kirchner, desde hace más de 25 años (foto) cuando el kirchnerismo aún no existía. Acaso no guste de Berni que se defina peronista y que actúe como tal desde su cargo y en las batallas dialécticas que libra diariamente en cualquier foro. No lo sé.
Aliverti es un sostén periodístico de este gobierno y su honestidad no puede ser discutida. No creo que a él le gustara que otras voces «del palo» le pidieran al gobierno, por ejemplo, que echase a la media docena de ministros que toman el té semanalmente con el embajador británico y que después suben alegremente las fotos a sus cuentas de Twitter. A ningún peronista le gusta eso. Pero ninguno reclama despidos ni guillotinas.
Desde una inmensa pena y sin ganas de confrontar, creo que hay una explicación fría y precisa para todo esto. Históricamente, un sector del progresismo contribuyó a los triunfos electorales del peronismo. Hoy no es así. Ahora la totalidad del peronismo contribuye al triunfo electoral de un sector del progresismo. La idea y su concreción pertenece a la extraordinaria inteligencia estratégica de Cristina. No puede cuestionarse.
Quizás Aliverti, mientras escribía su editorial, lo olvidó. Y por elevación le pide a Cristina que rompa todo. Creo que no se dio cuenta. Romper todo equivale a perder cualquier elección frente al enemigo oligárquico. Si Berni es echado como quiere Aliverti, no sabemos qué haría. De momento reúne el triple de simpatías bonaerenses que Florencio Randazzo. Y Randazzo con su módico 6% le hizo perder la elección bonaerense a Cristina en 2017. La proyección es sencilla.
Hay mucha gente que empieza a sentirse echada de su casa original. Más allá de experimentos electorales. Te respeto, Aliverti. Pero me arruinaste el día. Me ocupaste la casa. O algo así.
· Periodista / Autor de Narices Chatas / DyN / Radio Gráfica
EL POLICÍA DE LA ESQUINA
Por CARLOS CARAMELLO *
“Se puede aconsejar cómodamente…
desde un lugar seguro”
Soren Kierkegaard
Hubo un tiempo en que ser policía era ser alguien: con prestigio, con autoridad, con reconocimiento… El policía que estaba “de parada en la esquina” solía ser un referente: para las madres que querían que el pibe no torciera el camino; para las señoritas, que andaban del brazo y por la calle sin temor a que “los moscardones” las molestaran más allá del piropo; para los trabajadores que sabían que no iban a ser asaltados cuando salían de sus hogares a la madrugada porque siempre estaba allí, un “cana”, de consigna.
En las escuelas te enseñaban sobre “los servidores públicos”: el policía, el guardián de la plaza, el bombero… y uno confiaba en esas figuras posiblemente demasiado patriarcales para los tiempos que corren pero que, por entonces, estaban revestidas de cierta aura que les confería confiabilidad y crédito.
Luego vinieron los años de plomo. Los desencuentros. Las fuerzas de seguridad enfrentadas al Pueblo. Las escaramuzas callejeras. Los tiroteos urbanos. La policía al servicio de almirantes y generales. La distancia inalterable.
Y, entonces, para mi generación, la Policía tornó en enemigo y, “el rati” devino ese otro al que, si se podía, había que robarle el arma. La violencia se corporizó en facciones y los uniformados de las “Fuerzas” eligieron un espacio diferente al del viejo policía del barrio.
De ese lugar, no volvieron más: los vimos hasta no hace mucho, reprimiendo maestros, golpeando jubilados, arrestando a gente que no tenía nada que ver. Lo vemos, hasta hoy, deteniendo a vendedores ambulantes, robándoles las mercancías, golpeándolos impunemente porque son senegaleses o, sencillamente, morochos. Hubieron muchos años de gestión macrista en CABA que les habilitó a esas atrocidades. Hubieron cuatro años de gestión de Cambiemos en el gobierno nacional que los resguardó en esas violencias -y otras mucho peores como matar por la espalda-, con un discurso profundamente punitivista y hasta fascista en su estructura.
Hago toda esta intro sólo para decir que Sergio Berni, ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, es “el policía de la esquina” de mi niñez.
Puede que a cierta progresía vernácula les repela su gestualidad grandilocuente, la voluptuosidad semántica de sus acciones, lo histriónico de su actuación pero, para el vecino de a pie, para el ciudadano promedio de la provincia de Buenos Aires (y acaso de la Argentina toda) Berni es “el policía de la esquina”: el tipo que no esquiva la responsabilidad de su autoridad, el poder que ejerce en el lugar “de los hechos”, el que está ahí, presente; aquel al que se puede recurrir.
Lejos, muy lejos de ser, como un compañero de este medio pretende, un personaje de Alfred Jarry, Berni es todo lo contrario a la patafísica, esa ciencia de las soluciones imaginarias que el precursor del dadaísmo y el surrealismo imaginó en su libro póstumo Hechos y dichos del doctor Faustroll, patafísico. Porque Berni es la solución real. Concreta. El tipo que se baja de su moto en el Puente La Noria y pega cuatro gritos para que puedan pasar las ambulancias que están atoradas en la ineptitud (o algo peor) de los funcionarios que, so pretexto de quien sabe qué controles que la Ciudad de Buenos Aires no ejerce, interrumpen el tránsito.
Esa progresía maximalista termina haciéndole el caldo gordo a los periodistas que aplaudían a la patricia Bullrich disfrazada de tormenta del desierto mientras bancaba el asesinato por la espalda de Rafael Nahuel, y ahora se rasgan las vestiduras porque Berni porta un arma de guerra. Esos, los mismos periodistas que mañana, cuando por efectos económicos de la pandemia se incrementen los robos en el AMBA, van a pedir mano dura y dunga-dunga para “los ladrones”.
No justifico a Berni, sobre todo porque creo que no anda buscando que alguien lo justifique. Tampoco quiero hacer un elogio de su accionar que, a muchos (yo inclusive) les puede parecer excesivo. Solo trato de poner otra mirada, esa que tienen muchos sin voz que, a pesar de que los medios dicen representar al pueblo, no se ven representados.
Berni es lo que es. Y va a seguir siéndolo. A pesar de las voces que lo exigen moderado; a pesar de los bienintencionados que pretenden corregir su modales; a pesar de los melifluos que se asustan por sus armas de guerra.
Berni es Berni. Que pase el que sigue.
- Licenciado en Letras, escritor y autor junto a Aníbal Fernández de los libros “Zonceras argentinas al sol” y “Zonceras argentinas y otras yerbas”, y “Los profetas del odio”.
EL EMISOR MÁS POTENTE E IRRESPONSABLE
Por MARIO WAINFELD *
Simplifica, miente simplificando, que algo quedará. La derecha política o mediática reformula el consejo de Goebbels y lo aplica cotidianamente. El Consejo de Juristas se cifra en “Berardi”. La Reforma judicial en “la cláusula Parrilli”. Confundir, adrede, la parte con el todo.
Demonizar a determinados protagonistas “garpa” al menos para una platea ideológicamente afín y emocionalmente predispuesta a la ira. Desde ya, la máxima generadora de los males es la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Inventar problemas, exagerarlos, exasperar, constituyen labores diarias. Cuando no hay un problema, se inventa. Más fácil es magnificar o distorsionar los que existen. La inseguridad, por ejemplo, que afecta y preocupa a la gente común. Para narrarla, también se miente, manipula y simplifica. Minga de contexto, me ne frego en la historia y los precedentes.
Una narrativa falaz propone un puro presente, exclusiva responsabilidad del actual gobierno. O de otros chivos emisarios: los pobres, los vagos, los piqueteros, los barones del conurbano. Hasta los mapuches caen en la volteada.
Contrato de lectura o spoiler de esta columna: aspira a encuadrar los hechos, sistematizar, recorrer precedentes, darles contexto.
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De las violencias a las tomas: El número de delitos creció en 2019 pese a la política represiva del macrismo. Bajó el número de homicidios, una tendencia de años. El colega Raúl Kollmann lo describió rigurosamente días atrás en Página 12: https://www.pagina12.com.ar/289416-el-delito-con-macri-crecio-pese-a-la-mano-dura
En pandemia las violencias se incrementan, en todo el planeta. Crecen desde el pie, acrecientan tendencias preexistentes, no arrancan de cero. Michelle Bachelet, funcionaria de las Naciones Unidas, da cuenta del fenómeno global, con especial énfasis en delitos graves intrafamiliares o femicidios. En la Argentina ocurre lo mismo. Las explicaciones son evidentes: el hacinamiento o la convivencia más extendida, las dificultades de las víctimas para pedir auxilio. Montado sobre la base anterior, de por sí tremebunda.
Las estadísticas criminales, como todas, pecan de imperfección en la inédita coyuntura. Registran la rareza de marzo-abril, los meses de la cuarentena intensa en todo el país. A ojo, funcionarios avezados registran que durante ese lapso creció la violencia a nivel privado mientras bajaron de modo atípico e insostenible en el tiempo ciertos delitos que requieren “gente en la calle” desde arrebatos o salideras hasta venta de droga al menudeo. Como los accidentes de tránsito, otra variable dependiente de la “normalidad” que volverá a subir.
La violencia institucional, las violaciones recurrentes de derechos Humanos, se agravan con la omnipresencia de las Fuerzas de Seguridad, empoderadas por discursos benevolentes o elegíacos que algunos uniformados traducen a su manera.
El empobrecimiento general agranda las necesidades. Estos trazos (por si hace falta remarcarlo) no justifican las violaciones a la ley ni las reparan. Apenas tratan de encuadrarlas. Simplificar, el designio de las derechas. Complejizar, comprender sin resolver, el karma de los progresismos, las centro izquierdas, los nacional -populares.
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El default novedoso: El lunes pasado el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía Martín Guzmán anunciaron el resultado de canje de deuda con acreedores privados. El martes un editorialista de Clarín anunció la existencia de “default en Seguridad”. Alejado en parte el económico, la guerra enfila hacia otros frentes.
Tras cartón llueven novedades sobre el punto. “Las encuestas”, aseguran, revelan que la inseguridad es la máxima preocupación de los argentinos, por delante de la economía o la salud. La encabezaban hasta que se cerró el canje, mirá vos. Los sondeos no se detallan, su unanimidad es sospechosa. Este cronista es ateo frente a esa religión, las encuestas de opinión suelen fallar por problemas técnicos, mala fe. A veces, devoción a quien las paga. Añádale la dificultades para medir durante la peste… no les crea, lectora o lector.
Se visibilizan crímenes urbanos, dolorosos, cuyas víctimas son personas comunes, trabajadoras. La empatía de otros argentinos es automática, justificada tanto como la noticiabilidad de los delitos. Se carece de indicadores cuantitativos, por ahora. Los opositores resuelven que se incrementaron. Se torna imposible convalidar o refutar de plano las afirmaciones.
La mirada dominante enfoca las “tomas”, ocupaciones de terrenos. No nacieron en agosto ni de un repollo. Son una constante que se prolonga desde décadas atrás. Muchos barrios o villas actuales comenzaron así. De nuevo, suceden y alarman a las autoridades (intendentes en especial) de cualquier bandería.
La derecha punitivista propugna soluciones rústicas para cuestiones multicausales. El reduccionismo se expande. Las argumentaciones sociales se desechan con desdén. No son grupos de personas pobres, señalan con el dedito en ristre, sino un negocio inmobiliario de un puñado de vivos.
La escalada verbal alisa terreno para una réplica represiva. El ala derecha de la coalición gobernante entra en el juego, motivando un internismo que debilita a Fernández y al gobernador Axel Kicillof.
El ministro de Seguridad Bonaerense Sergio Berni es el emisor más potente e irresponsable. Parece dedicado al divisionismo. Viene “diferenciándose” de su par nacional Sabina Frederic desde el comienzo de la gestión. Con franqueza tan proverbial como reprobable, emite spots de campaña. Frente a las tomas copa el lado derecho del mapa político. Acusa al Movimiento Evita, en general y a Fernando “Chino” Navarro en especial. Es el segundo funcionario nacional al que descalifica. Su verborragia preocupa al presidente quien –comentan fuentes indubitables de la Casa Rosada– le encareció más de una vez que se callara. Berni, describe con gracia el periodista Martín Rodríguez, se define como soldado pero obra como francotirador.
La desmesura verbal más grave la comete Berni al discutir con Cristina Castro, la madre de Facundo. Lo hace a cielo a abierto, en franca disparidad de poder. El respeto a las víctimas es una de las mejores claves de la historia reciente, maltratarlas la contradice. El funcionario, para peor, viene derrapando en esa cuestión. Prometió encontrar vivo al pibe, un exceso de voluntarismo o de soberbia.
El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, siempre busca oro en el filón de la mano dura. Se aparta de sus labores específicas para anunciar que se privará de Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) a los supuestos okupas. Un despropósito, ajeno a su competencia, no previsto en las normas respectivas. Un derecho social no se quita así como así solo por una denuncia… menos que menos en un gobierno peronista. Massa lo sabe pero su objetivo es armonizar con sectores de opinión pública encolerizados. Azuza la estigmatización de los “planeros”.
Otros integrantes del Gobierno aluden a la génesis social de las tomas. La necesidad, agravada por la larga recesión y el derrumbe económico en los meses recientes. La polémica los condiciona y pone a la defensiva. Las preguntas por “sí” o por “no” operan como un arma para quitar densidad a los debates. “Por sí o por no. ¿Ocupar terrenos es delito?” Queda bárbaro responder afirmativamente, es derechísticamente correcto. Algunos funcionarios caen en la celada o quedan entrampados.
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A criminalizar, a criminalizar: Las tomas preocupan a los intendentes, atentos a las reacciones de los vecinos. El Estado tiene deberes varios respecto del derecho a la vivienda digna: prohijar ocupaciones de predios no se cuenta entre ellas. Puesto de otra manera: tiene deberes más estrictos. También la carga de preservar el orden público.
Los punitivistas cortan el nudo gordiano: criminalizan las tomas. Son delito, alegan. En una interesante columna de opinión publicada el sábado en este diario Juan Grabois (referente de MTE/UTEP) explica las tomas, desde un ángulo social y político. En materia jurídica, el abogado Grabois interpela “ocupar no es usurpar (…) existe algo llamado derecho penal”. Tiene razón. En un breve diálogo telefónico el profesor-presidente Alberto Fernández discurre parecido. “El derecho penal no resuelve todo. El delito de usurpación no está previsto para estos casos. Si yo fuera juez no condenaría a quien se instaló en estado de necesidad. Menos en pandemia cuando se le pide a la gente que se guarezca, que se quede en sus viviendas”. Redondea con un tecnicismo: “Sería una acción típica pero no antijurídica”.
El mandatario conoce, por boca de periodistas y alcaldes conurbanos, que hay personajes que venden tierras que no les pertenecen, o cobran un alquiler trucho, abusando de la necesidad de los humildes. Esas personas sí delinquen, agrega este cronista, cometiendo estafa solo para empezar. Pero explotan a gente común, carenciada: no la representan ni expresan a su conjunto. Eduardo de la Serna, integrante del Grupo de Curas en Opción por los Pobres, conoce como baqueano a esas prácticas y a los territorios en que vive. Publicó este sábado: “es de esperar que haya buenas políticas sociales, habitacionales que eviten la cantidad de personas que lucran con la necesidad: narcotraficantes, punteros políticos, avivados, fuerzas de seguridad, empresarios inescrupulosos”.
Otra vez se toma una partecita, la peor, para descalificar al todo… y clamar para que encanen a los que buscan una morada. Sin ser jurista, sin usar la jerga técnica, De la Serna da en la tecla desde un punto de vista moral: “los pobres, que deben dejar la casa paterna con sus nuevas familias y encuentran terrenos no aptos, pero al menos posibles, ¿roban?” pregunta. Como buen predicador, induce a la respuesta ética.
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La política también existe: La construcción de viviendas es, quizás, la política pública central entre los planes reactivadores de Fernández. La persistencia del virus lentifica la instrumentación. Se prolonga la gigantesca deuda interna.
Las controversias internas en el Frente de Todos (FT) corresponden a roles diferentes y a ambiciones distintas. El modo de participar en las futuras acciones diferencia a movimientos sociales e intendentes.
Existen también reyertas entre Berni y los alcaldes. El plan de seguridad lanzado el viernes complace de modo diverso a distintos protagonistas. Los intendentes, de todos las fuerzas políticas, celebran tener recursos técnicos, más efectivos, móviles, cámaras etc. Saben que eso sintoniza con los reclamos de la gente común. Berni pudo haber sido puenteado un poquito pero se atendió a una demanda iniciática suya: el envío de gendarmes para ampliar el número de uniformados en las calles.
De cualquier modo, las tensiones o los (válidos) objetivos diferentes necesitan sustanciarse con cuidado porque acecha una oposición a menudo salvaje que quiere erosionar al Gobierno. Su facción más extrema, temible y minoritaria va por más: coquetea con una opción destituyente. Los de afuera juegan y fuerte. La máxima del Martín Fierro tendría que llevar al autocontrol dentro las filas oficialistas.
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El revival de la guerra mapuche: Mezclar todo, otro artificio de los manipuladores. Se reaviva el espectro del peligro mapuche, utilizado por el gobierno del presidente Mauricio Macri hace tres años. En aquel entonces la violencia institucional causó los asesinatos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel. Este último en la zona de Villa Mascardi. La ministra Patricia Bullrich envió a los Albatros de la Prefectura, un grupo de elite, que disparó munición de plomo contra ocupantes del lugar, familias enteras.
Los derechos de los pueblos originarios, crónicamente conculcados, fueron reconocidos por la Constitución reformada en 1994. Hacerlos operativos es complejo porque interfieren cosmovisiones diferentes, siglos de hostigamientos. La sangre derramada de Rafita Nahuel ahonda las disidencias.
El actual gobierno armó una mesa de diálogo encomendada a Magdalena Odarda, titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). Es una prestigiosa dirigente rionegrina que fue senadora. La mesa hace su trabajo, en una maraña de malentendidos que no se resolverán en pocos meses.
Las tomas de tierras derivan de reclamos ancestrales, del rechazo a los criterios de propiedad imperantes, razones religiosas. No las resumimos en una apretada nota de domingo. Pero poco o más bien nada tienen que ver con las ocupaciones en el Conurbano.
Las monsergas a favor de la propiedad privada carecen de sentido porque los terrenos ocupados son públicos. Los manifestantes se autoconvocaron con consignas temibles que describe con minucia el periodista local Santiago Rey (@santiagorey): “plomo y más plomo”, “repriman a esos delincuentes”, “nos juntamos unas 300 personas con palos, piedras y algún arma de ‘juguete’ y los sacamos como se debe” “prendan fuego y vallan (sic) armados”. Buenos vecinos.
Violencia privada en defensa del Parque Nacional Nahuel Huapi, cuyo nombre es una expresión mapuche.
La prensa dominante desliza opiniones de invitados ignotos quienes hablan de “terroristas”, agitan el espantajo de una guerra con Chile y otras lindezas. El ex presidente Eduardo Duhalde, por ahí envejeció mal o tuvo un desvarío temporario. Pero se cayó para el lado al que se inclina: no se troskeó ni volvió socialista… Lo que es peor, no está solo en su prédica protogolpista y antidemocrática.
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Los riesgos reales: La bancada de diputados nacionales de Juntos por el Cambio exige sesiones presenciales. No las hay en los Legislativos de la Ciudad Autónoma ni en Mendoza. En esta provincia se insta una reforma constitucional mientras el diputado radical Alfredo Cornejo vocifera que hay que evitar temas divisivos durante la pandemia. En su distrito, el gobernador Rodolfo Suárez resolvió reinstaurar restricciones preocupado por la ocupación de camas en terapia intensiva y la suba de contagios. La regresión a fases anteriores sucede en Santa Fe, en San Luis, en Jujuy, en Córdoba.
Contra toda evidencia el Jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta promueve reaperturas de bares y restaurantes en la vía pública, quiere habilitar terracitas internas. Mira sin ver el relajamiento de la conducta ciudadana mientras crece el número de contagios y muertes en su distrito y en todo el país.
Profesionales de la salud, fatigados y sobre exigidos alertan a la sociedad civil y a mandatarios. El incremento de indicadores tremendos en materia sanitaria es una amenaza cabal, creciente, terrible.
El peligro del desborde social o de una insurrección de pueblos originarios es incomparablemente menor, por decirlo con un eufemismo.
Estas historias continuarán.
· Periodista / Página 12
LA ESTRELLA ERRANTE DEL PERONISMO
Por ENRIC GONZALEZ *
El Gobierno argentino se enfrenta a grandes dificultades: la pandemia, la renegociación de la deuda y una recesión brutal. Pero ciertos días parece como si su principal problema se llamara Sergio Berni. El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, fiel a Cristina Fernández de Kirchner, se ha convertido en la estrella errante de la constelación peronista. Sus constantes enfrentamientos con la ministra de Seguridad de la nación, Sabina Frederic, su propensión a los gestos espectaculares (el 10 de junio participó personalmente en la detención de un presunto asesino) y su popularidad entre los más pobres hacen de Berni una figura polémica. Y quizá un candidato a la presidencia en 2023.
Sergio Berni, nacido en 1962 en la pequeña localidad de Capilla del Señor (Buenos Aires), es un hombre de acción. Sobre eso no cabe duda. Es médico cirujano, teniente coronel del Ejército y licenciado en Derecho. Pero también instructor de kárate, paracaidista, submarinista táctico y alpinista. En 1987 formaba parte del regimiento patagónico Rospentek, uno de los que participaron en la sublevación de los “carapintadas” en exigencia de impunidad para los crímenes cometidos por los militares durante la última dictadura. Nunca quedó claro si Berni fue uno de los sublevados.
Dos años después ya estaba en la órbita de Néstor Kirchner, entonces intendente de Río Gallegos. En 1991, cuando Kirchner fue elegido gobernador de Santa Cruz, el futuro presidente nombró al joven Berni (30 años) director del hospital Veintiocho de Noviembre. Sergio Berni era kirchnerista cuando aún no existía el kirchnerismo.
Más tarde fue director nacional de Asistencia Crítica, senador y, con Néstor Kirchner ya fallecido, viceministro de Seguridad durante el segundo mandato presidencial de Cristina Fernández de Kirchner. En diciembre pasado, cuando el peronismo recuperó la presidencia y el Gobierno provincial de Buenos Aires, se le asignó la complicada cartera de Seguridad a las órdenes del gobernador Axel Kiciloff, otro fiel de Cristina. Berni fue claro desde el principio: “Mi jefa es Cristina Fernández de Kirchner”. No el presidente, Alberto Fernández, sino la vicepresidenta.
Un “hombre de derecha”
La cohabitación con la ministra nacional, Sabina Frederic, empezó mal. Frederic rechazó el uso policial del arma eléctrica Taser; Berni se declaró a favor. Ya en febrero de este año, Berni acusó a Frederic de no cooperar en la difícil gestión del conurbano bonaerense y le exigió que retirara de la provincia a las fuerzas de la Policía Federal. Frederic es antropóloga y progresista. Berni no tiene apuro en definirse como “hombre de derecha”.
Los desencuentros entre Frederic y Berni fueron encadenándose. Cuando el Gobierno nacional favoreció las excarcelaciones de presos para evitar contagios de la covid en las cárceles, Berni se opuso. El 10 de junio, Berni protagonizó una acción espectacular en la localidad de Almirante Brown: armado con un subfusil (“los militares pasamos más tiempo con el arma que con nuestra esposa”, dijo después) y en compañía de un escolta y un colaborador, detuvo personalmente al sospechoso de haber asesinado a tiros a un gendarme. Las imágenes de la operación causaron impacto.
El 1 de julio, primer día del retorno a la cuarentena estricta en Buenos Aires, protagonizó otro incidente al abroncar en público a un mando de la Policía Federal (dependiente de Sabina Frederic) que dirigía un control de tráfico. El pasado miércoles, durante una reunión en unas oficinas cerca de Ezeiza en presencia del gobernador Kicillof, Frederic y Berni tuvieron un choque directo. Según testigos presenciales, en un momento dado Berni se quitó la mascarilla y se levantó bruscamente de la mesa. “¿Vas a desenfundar o a atacarme por ser mujer?”, le espetó la ministra. Según el mismo testigo, citado por los diarios Clarín y La Nación, Berni respondió que las cosas estaban mal cuando una ministra de Seguridad no sabía distinguir entre una mascarilla y una pistola.
El Gobierno de Alberto Fernández cerró filas en torno a Frederic. Un portavoz gubernamental dijo que se había encargado al ministro del Interior, Eduardo Wado de Pedro, que gestionara con Kicillof la destitución de Berni. De Pedro negó haber recibido tal encargo. Berni quitó hierro al asunto y en declaraciones radiofónicas dijo que se iría en cuanto se lo pidiera Kicillof. Este diario telefoneó repetidamente a Berni para que ofreciera su versión sobre los hechos, pero no obtuvo respuesta.
No es fácil sustituir a Sergio Berni. Primero, porque el conurbano bonaerense atraviesa una triple crisis (sanitaria, económica y de rápido aumento de la delincuencia) y gestionar la seguridad en la provincia no constituye una tarea atractiva. Segundo, porque Berni cuenta con la devoción de la Policía Bonaerense, un cuerpo muy conflictivo (ahora mismo varios de sus agentes son investigados por la desaparición, el 30 de abril, de un joven detenido) y con un largo historial de corrupción e insubordinaciones. Los comisarios de la Bonaerense llaman “jefe” a Berni. Y tercero, porque Sergio Berni cuenta con una enorme popularidad en los barrios más pobres. Es un político que está sobre el terreno y camina sin miedo por asentamientos de alta conflictividad.
Otro peronista heterodoxo, el maestro y sindicalista Luis d´Elia, definió el asunto hace dos meses en un tuit: “Sergio Berni llega a la Villa Madero en una supermoto, porta un fusil, tiene cagando a los milicos, dialoga con los vecinos, da soluciones y se va ovacionado. Más allá de las dudas que me genera, reconozco que es lo que desea el pobrerío”.
Sergio Berni tiene ambiciones. En 2019 quiso ser candidato a la gobernación de Buenos Aires, aunque finalmente desistió y se unió a la campaña de Kicillof. Ahora, numerosos dirigentes peronistas creen que en 2023 aspirará a la presidencia de la República. “A mí me parece escoria”, dijo un veterano militante del Partido Justicialista, “pero, en una situación de crisis grave, podría convertirse en algo parecido a un Bolsonaro argentino”.
· Periodista / El País, España
