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Por HERNÁN JAUREGUIBER *
Durante las etapas de la cuarentena, distintos aspectos evidenciaron un derrotero muy claro en lo que hace a la pura materia sanitaria y de allí los buenos resultados.
Mientras el Covid 19 hace estragos mundiales, los números de víctimas fatales en Argentina asombran a propios y ajenos. Felizmente apenas 264 fallecidos.
Mientras esa cifra galardona a la conducción política y al rol del Dr. Gines Gonzalez García y su equipo, el déficit social y económico empaña el éxito y complica el esfuerzo de la población.
Cuestiones de tipo administrativo y coordinación hicieron que el primer pago a jubilados – en la etapa más rígida del aislamiento- provocara un caos entre los más amenazados, y un estallido de críticas. El resultado: la baja de Vanolli y una crisis nada menos que en el Anses.
Los controles policiales no estuvieron exentos de polémicas. La desobediencia de una mínima porción de habitantes convocó debates, críticas y un desborde innecesario en los primeros días.
La restricción insuficiente de fronteras, causa principal de la primer oleada de contagios, motivó el señalamiento de desinteligencias imposibles de soslayar. Mientras se anunciaba un temperamento, operadores turísticos seguían despachando aviones a países en riesgo, que prontamente regresaron inexplicablemente y todo ello en la segunda quincena de Marzo. El control estatal, fue un colador.
En materia de control de precios, los primeros días prometían una verdadera cruzada como en los tiempos de Perón en su memorables campañas contra el agio y la especulación. Pero por arte de magia, los inspectores y clausuras desaparecieron de las calles y ningún comercio, ni grande ni pequeño fue clausurado, mientras que los valores de comidas se elevaron al antojo y el oportunismo de cada negocio.
No más efectivo fue la garantía sobre el funcionamiento de los servicios públicos. Mientras se predicaba (con poca claridad) sobre la prohibición de cortes de servicios públicos esenciales (que deberían incluir a la telefonía celular e internet), las compañías privadas seguían intimando el pago con el apercibimiento de suspensión del suministro lo que alertó a la población frente a un riesgo enorme (y de quedar aislada) que provocó el amontonamiento en los pocos lugares para efectuar el pago. Mientras no se pagaban jubilaciones, salarios y otras prestaciones dinerarias, con el argumento del cierre bancario, se reclamaba el pago de contribuciones y servicios y encima sin contar con posiblidades para oblar las cuentas.
La cartera de Trabajo exhibió un aspecto polémico. En tanto se anunciaba la prohibición de despidos, la empresa Techint enfrentó al gobierno y despidió 1450 trabajadores, sin que el Dr. Moroni hiciera algo para evitarlo. Explicaciones de todo tipo pero en el territorio real, es decir la calle, se sucedieron despidos directos o encubiertos, quitas salariales negociadas y un sin fin de atropellos a los trabajadores, tanto por las grandes empresas como por las PYMES que argumentan no haber recibido ningún salvataje a tiempo. Verdad o mentira, no hubo explicación gubernamental y mucho menos solución suficiente.
La IFE fue celebrada por todos quienes tienen una perspectiva social. Sin embargo se inscribieron 12 millones y el gobierno negó el auxilio a 4 millones invirtiendo la presunción de asistir ante la duda. El celo en la base de la pirámide social aparece mas enfático que en los vértices, contrariando cualquier principio humanista. Finalmente, millones de comprendidos aún permanecen a la espera que los resortes del Estado lleguen. Dije en algún momento que la comida no debería llegar a las manos de los pobres, sino a su boca. De eso se trata la asistencia en casos de urgencia alimentaria.
La noticia hoy nos trae un detalle que no es menor, y aunque quiera minimizarse, evidencia un signo hermeneútico de todo lo que aquí se expresa.
El transporte público es el mayor inconveniente al momento de pensar la reanudación de actividades. Nadie duda de eso.
En esa inteligencia, desde días antes de la vigencia de la cuarentena, la lógica fue evitar la sobrecarga del transporte y se estimuló el libre estacionamiento en la ciudad.
Así, los pocos que debían movilizarse podían usar automóviles particulares evitando exponerse a un contagio.
Vale recordar, que las medidas de aislamiento social abarcaron a garajes, que posteriormente se autorizó para que funcionaran con guardias mínimas.
Y aquí nos vuelve a sorprender la conducción estatal, cuando paralelamente al anuncio del relajamiento de la cuarentena, se anuncia el fin del estacionamiento libre en la Ciudad de Buenos Aires, máximo distrito de riesgo.
Es increíble pero el gobierno de Rodriguez Larreta, ni en el peor de los escenarios deja de pensar en las monedas de sus socios, las siempre turbias empresas de acarreos. Ese mundo grúa que inspiró al recordado personaje “Bombita” interpretado por Ricardo Darín en sus relatos Salvajes.
Parece pueril cualquier argumento que priorice el ordenamiento de tránsito por sobre la salud de la población en medio de la pandemia.
Es evidente que los negocios del Mundo Grúa pesan mucho sobre los intereses de los Cambiemitas.
En la Ciudad de Buenos Aires, el negocio del acarreo lo manejan dos únicas compañías, que se reparten el territorio porteño como cotos de caza.
Es sabido que la concesión de grúas y la explotación de los parquímetros porteños están vencidas desde hace unos 20 años, y son beneficiadas sistemáticamente por prórrogas otorgadas por los sucesivos gobiernos de Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta.
El negocio no lo inventaron los hombres de amarillo sino que viene desde los tiempos del entonces intendente Carlos Grosso y comprometen a nombres resonantes en la historia del negociado y la violencia, tal como Ricardo Chiantore (h), quien tomó la posta de su padre, José Ricardo Chiantore, intimo amigo de Martinez de Hoz y también muy cercano al expresidente Carlos Menem y allegado a amigos íntimos de Alfredo Yabrán.
Nadie que se zambulla en el tema, ignora que son intereses que cruzan el arco político y tirar del piolín puede llevar a nombres y cuentas insospechadas.
El negocio del Mundo Grúa , es de lo más rentable porque ganan millones y pagan un canon irrisorio y, encima, la Ciudad paga el salario de los empleados, trabajadores que además quedarán expuestos innecesariamente al contagio del Covid 19 con su retorno a la actividad.
Es evidente que en tanto personal mucho mas necesario en el ámbito de la Administración Pública, no retorna a actividades o lo hace por teletrabajo, los removedores de automóviles se consideraran indispensables.
Resulta anecdótico que el Gobierno Nacional descargue en la híbrida jurisdicción de la Ciudad y de Rodriguez Larreta. Es evidente que cada cual tiene su responsabilidad en el asunto y tratándose del orden público en medio de la pandemia, ambos serán corresponsable de lo que pase en el país. Y con el Mundo Grúa.
(*) Abogado laboralista. La Señal. Café al Paso
