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Por LA SEÑAL MEDIOS
Amado Boudou, el ex vicepresidente que fue condenado a 5 años y diez meses de prisión por la causa Ciccone, recibió hoy la excarcelación del tribunal que dispuso su detención. Como él mismo había propuesto, se le colocará una tobillera electrónica con GPS para monitorear su presencia en el país.
De tal modo se hizo lugar a la presentación de la defensa, a cargo de Alejandro Rúa y Graciana Peñafort. Esos abogados sostuvieron que después de la resolución tomada el viernes pasado por el juez Ariel Lijo en el caso por la ruta del dinero para comprar la quebrada imprenta ya no hay sospechas de que el ex vicespresidente pueda perjudicar la investigación.
La defensa de Boudou usó los argumentos que el propio Lijo sostuvo para no disponer prisiones preventivas en los procesamiento del ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray, la ex jefa de la Casa de la Moneda Katya Daura o el banquero Jorge Brito, entre otros.
«Actualmente no observo de qué manera podrían entorpecer la investigación», pues «a esta altura entiendo que ya se han desarrollado todas aquellas medidas más relevantes y conducentes al esclarecimiento del hecho investigado, de manera tal que los imputados no podrían desarrollar, en esta instancia, comportamiento alguno que comprometa el éxito de la investigación», afirmó el juez, según citó el escrito de la defensa de Boudou al que accedió Infobae.
Boudou está preso en la cárcel de Ezeiza desde agosto. El Tribunal Oral Federal 4 lo condenó a 5 años y 10 meses de prisión por los delitos de cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública en la venta de ex Ciccone. La sentencia no está firme porque la defensa apeló a la Cámara Federal de Casación Penal. Pero los argumentos del juez Lijo en el fallo del viernes reactivaron los pedidos de libertad para el ex vicepresidente.
Toda la comunidad sabe, de todos modos, que los poderes concentrados no perdonan a Boudou el haber dispuesto la recuperación de los recursos atrapados por las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones para volcarlos sobre el sistema jubilatorio de reparto estatal.
Para la defensa, «más allá del modo en que ha sido entonces fijada la calificación legal de los hechos, la responsabilidad que se le atribuyó a nuestro asistido en la sentencia del caso, la pena definida en esa primera instancia, los motivos que entonces se esgrimieran para detenerlo y los recursos que se alzaron contra todos ellos y se encuentran pendientes de respuesta definitiva, corresponde ahora revisar esa situación y los motivos de la cautela, en orden las circunstancias sobrevinientes reseñadas, para excarcelar a nuestro asistido en los términos de lo aquí solicitado».
GF / La Señal Medios
