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La historia argentina ha mostrado un elemento de continuidad sorprendente: en distintos tramos, se ha supuesto resuelta, erradicada o superada la temática vinculada a las violaciones de los derechos humanos durante la última dictadura cívico militar; en otros tantos, la cuestión retorna con persistencia.
En un país caracterizado por olvidos en materia de comportamientos económico sociales (de la explosión popular del 2001 al voto macrista del 2015 el período puede ser considerado breve), los crímenes de lesa humanidad no han sido barridos bajo la alfombra de la memoria. Lo que es más: pese a la última elección, la mayor parte de la sociedad evalúa que el gobierno liberal es corresponsable del reciente fallo de la Corte Suprema.
Una parte importante de la población, a su vez, ha bregado para que, en la década reciente, se pase de considerar al régimen que arrancó en 1976 y concluyó en 1983, como dictadura militar a “dictadura cívico militar”, incluyendo en la caracterización a los núcleos empresariales impulsores y beneficiarios del golpe de Estado. Esto no evita las paradojas, pues el plan económico vigente sigue los lineamientos otrora planteados por José Alfredo Martínez de Hoz.
MARCHA. Lo cierto es que los organismos de derechos humanos y organizaciones políticas, sindicales y sociales, realizarán hoy una concentración en Plaza de Mayo en rechazo al fallo de la Corte Suprema que habilita el cómputo del 2×1 en las condenas por delitos de lesa humanidad. Abuelas, Madres de Plaza de Mayo Línea fundadora, Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas, junto a numerosas corrientes populares, se presentarán ante la Casa de Gobierno desde las 18 bajo la consigna «Señores jueces: nunca más«.
Habrá actos similares en diversas localidades del país, donde también organizaciones de derechos humanos, sociales, sindicales y políticas locales se pronunciaron en rechazo al fallo de la Corte. Vale recordar que tres de los cinco jueces que forman la Corte Suprema aprobaron una reducción de condena para el ex agente Luis Muiña, condenado a 13 años de prisión. El martes fueron acusados de prevaricato los tres jueces que votaron el fallo (Elena Highton de Nolasco, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkratz) por considerar que se hizo de manera arbitraria y contrario a lo que dictan estándares internacionales en la materia.
DIPUTADOS. En el marco de una sesión especial que tuvo lugar este martes en la Cámara de Diputados, fue aprobado con media sanción el proyecto que había sido consensuado durante la jornada por los bloques del oficialismo y la oposición para neutralizar el beneficio del 2×1 para represores convalidado por el resistido fallo. El proyecto se aprobó con 211 votos a favor, uno en contra y ninguna abstención.
El proyecto, que ahora pasará al Senado, dispone que el artículo 7 de la derogada ley 24.390, en la que se amparó el máximo tribunal para otorgar el cómputo del 2×1 al represor Luis Muiña, «no es aplicable a conductas delictivas que encuadren en la categoría de delitos de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra, según el derecho interno o internacional».
En su artículo 2, el proyecto consigna que para el resto de los delitos, el beneficio del 2×1 sólo puede aplicarse a «aquellos casos en los que el condenado hubiere estado privado de su libertad en forma preventiva durante el período comprendido entre la entrada en vigencia y la derogación de esa ley», es decir, entre 1994 y 2001.
En los palcos del recinto estuvieron presentes referentes de Derechos Humanos, como la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, y de la dirigente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora Taty Almeida.
Sobre el final de la sesión se votó el pedido de juicio político para los tres jueces de la Corte Suprema que se pronunciaron por el beneficio para los represores, pero la iniciativa fue bloqueada por el oficialismo y no obtuvo la mayoría especial que necesitaba para ser aprobada.
JUECES. En tanto, el fiscal federal Guillermo Marijuán pidió abrir una causa penal contra Rosatti, Rosenkrantz y Highton por presunto prevaricato. El juez Daniel Rafecas deberá definir si desestima o avanza con el caso.
«Este acusador público considera que la solución brindada por los juristas podría contrariar el contrato social de los argentinos y la política de Estado sostenida por sus tres poderes para perseguir, juzgar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura militar de nuestro país», dice el dictamen de Marijuán.
De esta forma, el fiscal le pidió al juez federal Daniel Rafecas que abra la investigación y ordene medidas de prueba en base a una denuncia presentada ayer por el abogado Marcelo Parrilli a raíz del fallo mencionado.
«El cómputo de pena y aplicación de las normas referenciadas por los ministros de la Corte en su pronunciamiento deben valorarse en el marco de un proceso penal por el cual Luis Muiña fue condenado y declarado responsable de la comisión de Delitos de Lesa Humanidad», agregó el fiscal. Entre las pruebas solicitadas, Marijuan pidió a Rafecas que incorpore a la causa «copia fiel» del fallo de la Corte y de la sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 y de la sala IV de la Cámara Nacional de Casación Penal que «guardan relación con los hechos».
«Con el respeto que la investidura de los Señores Magistrados me merecen y no escapando al suscripto que los hechos aquí develados podrían ser considerados una cuestión de puro derecho, he de solicitar que se ponga en conocimiento a Highton, Rosatti y Rozenkrantz de la existencia del legajo» en su contra, escribió Marijuan. El objetivo es «evitar cualquier tipo de afectación a los derechos y garantías con los cuales cuenta cualquier persona imputada en un proceso penal», agregó.
Como se observa, el tema vuelve. Una y otra vez. La capacidad de reacción del pueblo argentino ante el intento de reponer la impunidad por parte de la coalición Gobierno – Corte – Grandes Medios, es para destacar, y valorar.
Agencias / La Señal Medios.
