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Sobre trabajo, vivienda y una ducha caliente
Por Leandro Gil *
En la puerta de una casa cualquiera del barrio de Barracas, dos amigos comparten un mate que corta la tarde. En contramano por la avenida Patricios baja un contemporáneo generacional que acarrea un cochecito que en vez de un primogénito lleva un rejunte de desechos que ofician de mercancía. El muchacho desaliñado frena frente a ellos y pregunta si puede sumarse a la mateada carioca. Vigésimas de segundos después, entre sorbo y sorbo, los tres desconocidos se jactan de ser desde expertos catadores de yerba hasta especialistas en largas noches en vela.
La confianza incipiente aumenta y las preguntas sobre el origen no tardan en aparecer. “Yo soy de Parque Patricios. O mejor dicho ahora paro ahí, porque nunca fui de ningún lado. No tengo nada, solo ese cochecito con las cosas para vender, y estoy pensando en cambiar de rubro porque últimamente no se vende nada”, afirma el último orejón del tarro social. Las risas aumentan hasta que a lo lejos se divisa la marquesina del 39. Los amigos se alistan para volver a la rutina, y Cristian –gracia del joven cartonero- se despide alegremente, ahogando en un mate lavado el recreo que se lleva de souvenir en su carro. Y mientras tanto, en otras calles, la historia se repite. El círculo del remate expulsa a diario familias enteras a la calle.
En Boedo la estela azulgrana de un gigante desterrado es testigo de otro desalojo en el barrio. En Pavón 4127, 37 familias resisten con cuerpo y psiquis los embates jurídicos que el Oficial de Justicia Miguez vocifera en nombre de los derechos de una Sociedad Anónima conformada poco antes de adquirir el inmueble donde unos 70 chicos crecen como hermanos.
Más de tres generaciones se agolpan tras la reja negra que divide las cuatro paredes húmedas que conforman su Salón de Usos Múltiples con el afuera. Los nenes que no pudieron ser preservados de experimentar un juego perverso de adultos lloran mientras las mamás caen desmayadas, superadas por las palpitaciones que a comparación del número de efectivos policiales en la vereda son pocas.
Entre gritos y bajo la mirada atenta de los vecinos de la comuna 4, Miguez insiste en llevar adelante la exclusión del hogar, amparándose en que “las peores cosas bien hechas son menos malas”. Para lograrlo, recurre a diversas propuestas vacías de soluciones certeras que solo le dan una solución provisoria a la problemática, tarde o temprano el ciclo se repite. Gustavo, un joven votado por sus pares para levantar la bandera del derecho a una vivienda digna, rechaza visceralmente seguir teniendo la cerca de su futuro atada con alambre.
“Siento que tengo todo en contra. No es que no intenté buscar una salida viable a todo esto: Puerta que voy a tocar, puerta que se cierra. Desde una inmobiliaria hasta organismos gubernamentales. Si tuviera la posibilidad me iría a cualquier otro lado, aún por encima del deseo de permanecer en mi barrio, mi mundo. Acá están mis familiares, mis amigos, aunque es inútil incluso hacerme problema por el desarraigo, debido a las requisitos que te exigen ni siquiera puedo aspirar a alquilar”, afirma colérico Gustavo.
Tiene 26 años, y forma parte de una familia que por tres generaciones han dormido bajo ese techo. Llegó cuando tenía 10, y hoy ahí crece su hija recién nacida. Ante la emergencia algunos familiares se ofrecen a albergarlos momentáneamente, pero separados. Juntos no entran en ningún lado. Inevitablemente tendrán que desmembrarse hasta conseguir reagruparse en un nuevo sitio.
Hasta el día de la vigilia, el cuerpo de Gustavo paradójicamente trabajaba como encargado de edificio, su mente en cambio estaba distante. Es imposible lustrar picaportes de otros cuando probablemente en ese mismo instante el propio es palanqueando. Para colmo, por miedo a los prejuicios que pudiera generar en sus empleadores, no podía contar lo que estaba padeciendo y pedir una licencia para “impedir un desalojo”.
Debido a eso, por ponerse la mochila al hombro, las reiteradas faltas derivaron en que la patronal, que habitualmente poco piensa en problemas ajenos, le enviara una notificación de despido un rato antes de tener que sentarse a negociar el futuro de 37 familias y no retroceder más casilleros en el juego de la vida marginal.
Pasa el turno y espera
Dos meses de prórroga no habilitan ninguna noche de sueño en el horizonte, los dados cayeron en un casillero que ostenta un reloj de arena que se escurre entre los dedos. La jugada permite que diversos organismos intercedan en nombre de las familias para intentar, al menos, igualar una batalla entre David y Goliat.
Sebastián Tedeschi, integrante de Habitar Argentina, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, y Coordinador del Área de Derechos Sociales de la Defensoría General de la Nación, afirma que la misión del organismo gubernamental es que los defensores públicos implementen un enfoque de derechos humanos en sus defensas. Por ejemplo, el juicio de desalojo es simple y rápido, alguien acredita título, y hace que se expulse a las personas sin respetarse tratados internacionales de derechos humanos. Son normas establecidas por la Organización de las Naciones Unidas, incluidas en nuestra Constitución Nacional, que no se cumplen.
A partir de eso, lo primero que dispuso la defensoría es dictar una resolución –nº 1119 del 2008- en la cual se instruía a todos los defensores de menores para que cuando hubiera un desalojo, ellos tuvieran que participar en el proceso para la defensa y protección del derecho a la vivienda de los niños afectados.
“La idea es defender el derecho a la vivienda en torno a los estándares de la ONU, entre los cuales se destaca en primer lugar que las personas tengan oportunidad de defenderse en el proceso judicial. Algo básico pero que en los juicios de desalojo no se cumple, muchos son efectuados sin que el demandado aparezca. La gente por falta de recursos o ignorancia recibe un papel y no sabe que tiene asistencia jurídica gratuita, entonces no se presenta, y pasados los 5 días es considerado en rebeldía y automáticamente desde ese momento cada decisión que se toma es unilateral”, cuenta Tedeschi.
Cuando se trata de población en situación de vulnerabilidad, porque carece de buena condición económica o una red familiar de contención, del desalojo va a la calle. En esos casos el Estado tiene la obligación de garantizar una alternativa habitacional. Si el dueño adquirió el título de propiedad en buena fe, tiene derecho a recuperar el inmueble, pero debe ser posterior a la solución de la emergencia.
En este contexto, el funcionario deja en evidencia una cara paralela de la problemática: “La mayoría de los desalojos tienen que ver con la especulación inmobiliaria. Se observa una imagen perversa del sistema judicial que funciona como máquina utilizada para la valorización de los inmuebles. Por ejemplo, compro algo que libre de ocupantes podría valer ‘100’, y ocupado sale ‘10’. Pongo en funcionamiento el mecanismo mencionado y solo me hago cargo de los honorarios de mi abogado, y listo, después de un tiempo obtengo la ganancia. El juicio es un tobogán, está diseñado a favor del propietario, y se repite en cada desalojo colectivo. Son grandes inmuebles, y por ende grandes negocios”.
El modelo de intervención que la defensoría propone tiene que ver, entre otras cosas, con la presencia del magistrado en el lugar con un rol más activo. No es algo descabellado, incluso tiene un precedente cercano por parte del juez Gustavo Caramelo, titular del Juzgado Nacional en lo Civil N° 1, que en un desalojo en la Boca planteo una alternativa de solución que satisfacía a las dos partes: Convocó a una mesa de diálogo en la que además sumó a distintos organismos del Estado, y juntó los recursos y créditos disponibles para que ese monto de dinero sirviera para comprar el inmueble.
“En el caso de Pavón los niños están en pleno ciclo lectivo, si son desalojados corre riesgo su educación y su historia familiar, el impacto es muy fuerte. Lo que necesitamos es otro modelo, y quizás en agosto, cuando entre en vigencia el nuevo Código Civil sea el punto de partida porque llama a que su legislación sea armonizada con los tratados de derechos humanos y la Constitución Nacional. No es una utopía, un juez ya lo hizo con el aval de la Cámara Civil, solo resta que el resto se acople”, agrega Tedeschi.
En el caso de Pavón 4127 hoy no hay solución digna que ose inducir al sueño de la vivienda propia. Lo más viable sería acceder a la misma mediante la compra colectiva del inmueble constituyendo una cooperativa entre los vecinos, pero esa línea de crédito gubernamental no recibe presupuesto.
“Está probado en el mundo que la autoconstrucción reduce a la mitad los costos de una vivienda. En cambio se impulsa el acceso al crédito individual para comprarle al mercado, es una forma indirecta de trasferir fondos públicos y que hagan su negocio las empresas constructoras y los distintos protagonistas del sector privado. Por otra parte, el problema con el mercado de alquileres es que no está regulado. En otras naciones hay impuestos progresivos a la vivienda vacía, en Holanda un inmueble vacío durante seis meses ya es apto para ocupar, acá no, por lo tanto la especulación está premiada. Los inquilinos deberían nuclearse en asociaciones y negociar los precios en una situación de paridad. En soledad es imposible, y no hay libertad entre un poderoso y un débil”, sintetiza Sebastián Tedeschi.
El alquiler individual a esa escala es un lujo al que difícilmente se puede acceder por los requisitos exigidos. Es condición excluyente contar con un familiar dueño de una propiedad en capital federal que salga de garante, un recibo de sueldo jugoso que demuestre ingresos y varios miles de pesos para solventar los gastos administrativos y comisiones que la gestión demanda. Como consecuencia de los inmensos escollos y la enorme demanda, las familias se ven obligadas a recurrir en el mejor de los casos a un mercado informal.
En este contexto, en el 2008, Hábitat para la Humanidad Argentina encargó un estudio interdisciplinario que identificó como crítica la situación de muchas familias que viven en conventillos, inquilinatos y pensiones, que pagan un alquiler a valor de mercado pero por un lugar en condiciones inadecuadas. Ana Cutts, directora de dicha organización, afirma que el hacinamiento, el riesgo estructural y los efectos en la salud, son alarmantes en esta tipología de vivienda, y en consecuencia, la situación del alquiler informal termina siendo explosiva.
“Como organización ofrecemos una garantía social para alquilarle a propietarios que quieran apoyar la iniciativa y colaborar así con estas familias. Si ellos no pagaran, lo haría la organización, pero lamentablemente por las costumbres especulativas del mercado y la alta demanda, esto no sucede, el propietario no accede a alquilar si no es con una garantía familiar. Hay mucho prejuicio y discriminación, por ende se dificulta más acceder a un inquilinato”, reflexiona Cutts.
La Ong que dirige brinda capacitación a las familias para incentivarlas a vivir en otras condiciones distintas a la que arrastran hace generaciones y plantea otra alternativa de solución mediante el programa Reciclando Hogares Urbanos. El proyecto apunta a las viviendas vacías en la ciudad y en el 2011 fue declarado de “Relevancia Social”, por la subsecretaria de planificación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y de “Interés Social” por la legislatura porteña.
Por medio de donaciones, Hábitat para la Humanidad Argentina adquirió un viejo conventillo ubicado en Hernandarias al 600, en el barrio porteño de la Boca. Lo acondicionaron y lo convirtieron en un edificio de 8 departamentos, puestos en alquiler bajo condiciones más accesibles, y a un precio promedio de mercado.
“Nuestras unidades tienen un costo de $3.000 y $3.500 para 2 y 3 ambientes respectivamente, sin contemplar expensas. Actualmente tenemos dos familias viviendo ahí, son personas solventes, de clase media, y cobramos lo que se cobra en el mercado para que les quede un antecedente que sirva como aval para lanzarse al sistema inmobiliario una vez cumplidos los cuatro años que dura como máximo el programa debido a la gran cantidad de familias en condiciones similares. Buenos Aires está por encima de los que es el alquiler promedio en otras ciudades, aproximadamente convivimos con unos $500 de sobreprecio al mes. De lo que nuestros inquilinos abonan, separamos la diferencia de lo que impone el mercado y lo que nosotros consideramos un ‘alquiler justo’ y se lo devolvemos al finalizar el contrato para que tengan un ahorro”, cuenta Ana Cutts.
Una familia no puede esperar a la intemperie que la política pública y el mercado privado inmobiliario se organice, tiene que sobrevivir día a día en un sistema que los fuerza a seguir en la misma situación. Están obligados a subsistir en un tablero de informalidad.
Banca rota, pierde todo
La suma de distintas problemáticas puede derivar en que una persona termine durmiendo bajo un techo de estrellas. Aproximadamente hay 1200 personas durmiendo en las calles de la ciudad, sin contar las que duermen en paradores o reciben un subsidio habitacional.
Manuel Lozano, miembro fundador de la Fundación Sí, opina que el mayor daño se refleja en el autoestima a punto tal que el individuo es incapaz de reinsertarse socialmente por sus propios medios. Además afirma que el debate es anterior al desenlace y nos compromete a todos como sociedad.
“No se trata solamente de un problema habitacional, influyen varios factores. Lo que nosotros hacemos es invitarlos a concurrir a la sede, se la hace un seguimiento emocional y psicológico sostenido en el tiempo hasta que es capaz de volver a buscar empleo y se los acompaña en ese proceso también. Hay personas que están hace poco tiempo en la calle y se puede resolver más fácil, pero hay otros que llevan años y si no hacemos un trabajo de contención para ganar su confianza y que se animen a intentarlo es muy difícil”, agrega Lozano.
En este contexto, Martín Herrera demuestra que cuando se pierde todo, lo imposible tarda menos si se pone voluntad. Tiene 54 años, en el 2008 su jefe pensó que le convenía más cerrar la empresa y no mantener las fuentes laborales y lo dejó sin empleo. Luego de que se le acabaran los ahorros entregó las llaves de la casa que alquilaba en Lanús y se mudó a una plazoleta en la intersección de las avenidas Córdoba y Carlos Pellegrini.
“No es una vida normal. Con ese precepto tomé la experiencia desde la primera noche como algo temporal. No llegué ahí por elección fue por perder un trabajo que nunca dejé de buscar. El primer día me vine en el 20 hasta Retiro, pasé por la Plaza San Martín siguiendo el sol mientras pensaba qué hacer y noté la cantidad de cartoneros que pasaban por la zona. Mi primer día transcurrió mientras hacía un estudio de mercado que nunca antes había imaginado”, rememora Martín.
Cinco años después la Fundación Sí lo encontró en una de sus recorridas nocturnas. Al principio los ignoró hasta que de rebote escuchó la palabra “trabajo”. Ese fue el punto de quiebre, desde ese momento comenzó a interactuar con ellos, se acercó a las reuniones y fue parte no solo de su propio proceso de reinserción, sino de otros pares después de sumarse como voluntario.
Hace un año que trabaja en una panadería que apostó por él. “El último día en la calle también fue mi primer día laboral. Cuando terminó la jornada volví a la plaza bajo una tormenta torrencial. Estaba empapado, no tenía ni ropa seca para presentarme al otro día. Cuando sentí que quizás no iba a despertar más de la pesadilla, me vinieron a buscar para traerme al hotel que me recibió con algo tan valioso como una ducha caliente. Sigo teniendo problemas, como todos, pero me quedo con estos”, finaliza Martín, sentado bajo la sombra de un árbol cualquiera del Barrio de Villa Crespo, mientras observa desde sus ojos arrugados a un joven cartonero que arrastra su vida en un cochecito repleto de utopías.
* Sin Condiciones / Radio Gráfica / La Señal Medios
