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Por HÉCTOR AMICHETTI *
El infernal golpe del ’76 abrió de entrada el paquete de medidas que apuntaban al corazón mismo del movimiento obrero organizado.
El mismo 24 de marzo si dictaron las leyes que suspendían el derecho a huelga, eliminaban los fueros sindicales y reimplantaban la vieja Ley de Residencia que habilitaba a la dictadura a deportar extranjeros que «atenten contra la seguridad nacional».
En junio de ese mismo año se prohibió por ley todo tipo de actividad gremial, asambleas, reuniones, congresos y elecciones.
Al ritmo de esas ilegales «leyes», muchas empresas aprovechaban para limpiar de «activismo» sus plantas, varios dirigentes de sindicatos eran encarcelados y el brazo criminal secuestraba y hacía desaparecer a cientos, miles de delegados y delegadas de base.
Ya no había duda alguna, el golpe se había dado fundamentalmente para desestructurar la organización de la clase trabajadora fuertemente arraigada en la larga experiencia peronista, tanto desde el gobierno como en la resistencia.
Era una necesidad para despejar de obstáculos el camino hacia la concentración económica y la destrucción de la industria nacional, el debilitamiento del Estado y la supremacía del libre mercado, la reproducción del capital por fuera del circuito productivo con absoluta desvalorización del trabajo.
En un mensaje dirigido por el ministro Alfredo Martínez de Hoz el día 2 de abril de 1976 expresaba lo siguiente:
«En cuanto a la política salarial, en una etapa inflacionaria como la
que está viviendo el país y en el contexto de un programa de contención de la inflación, no es factible pensar que puedan tener vigencia las condiciones ideales de libre contratación entre la parte obrera y empresarial para la fijación del nivel de salarios. Debe, pues, suspenderse toda actividad de negociación salarial entre los sindicatos y los empresarios, así como todo proceso de reajuste automático de salarios de acuerdo con índices preestablecidos. Será el Estado el que establecerá periódicamente el aumento que deberán tener los salarios (…). El verdadero incentivo para el aumento de los salarios deberá provenir de la mayor productividad global de la economía y, en particular, del de la mano de obra. Si la producción aumenta no sólo con el esfuerzo de inversión del sector empresario, sino también por la eliminación de prácticas laborales que afecten la productividad, que conduzca a una mayor colaboración obrera para lograr dicho objetivo…»
A partir de allí y transcurrido tres años de gestión, los tiranos no solo estaban completamente manchados de sangre obrera y popular, el genocidio se extendía también a las fuentes de trabajo y a los derechos de los trabajadores.
Hacia 1979 ya habían cerrado más de 20.000 establecimientos fabriles y el poder adquisitivo de los salarios se había reducido en casi un 40%.
262 organizaciones sindicales de primer, segundo y tercer grado estaban intervenidas por Militares o Delegados Normalizadores (luego serían intervenidas otras 123).
Aún así y a pesar de la vigencia de otra «ley» que establecía entre 1 y 10 años de prisión para quienes instigaran y fueran protagonistas de medidas de acción directa, trabajo a desgano o baja de producción, las luchas sindicales -fundamentalmente surgidas desde las bases-, nunca dejaron de existir.
La conciencia obrera seguía desafiando a la brutal represión.
Aquella Jornada de Protesta Nacional convocada por la «Comisión de los 25» en defensa de la industria nacional, la revisión de la política arancelaria y por la recuperación del poder adquisitivo de los salarios, fue una tremenda bofetada a la soberbia dictatorial.
Demostraba que la voluntad organizada de la clase trabajadora es algo imposible de doblegar con cáceles, secuestros y asesinatos.
Cabe reproducir algunas líneas del vocero de la oligarquía en horas previas a que comenzara el histórico paro, el diario de los Mitre decía en su editorial: «…quienes osan lanzar a la nación a una nueva aventura son algunos de los responsables de la catástrofe política sobre cuyas ruinas tomaron las Fuerzas Armadas el poder en 1976».
Hoy homenajeamos a aquellos compañeros y compañeras de la «Comisión de los 25» que, reunidos en la sede de Molineros, convocaron a la protesta y la mantuvieron en pie después de haber sido encarcelados por tomar la decisión.
Expresamos nuestro enorme reconocimiento a las bases trabajadoras que, aún con sus comisiones internas desmanteladas, cumplieron con el paro, fundamentalmente en el Gran Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe.
Recordamos asimismo a todas y todos los compañeros víctimas del genocidio más horrendo de nuestra historia y reafirmamos nuestro compromiso de seguir combatiendo sin tregua a las fuerzas empresariales y medios de comunicación, que más de 40 años después, siguen manteniendo la misma prédica antisindical y antidemocrática aunque no tengan a los hombres armados como guardaespaldas.
- Secretario General Federación Gráfica Bonaerense / Corriente Federal de Trabajadores / CGT
