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Por LA SEÑAL MEDIOS *
La discusión está planteada. Mientras los proyectos de mediano plazo que el oficialismo despliega mediante leyes y medidas permiten atisbar la búsqueda de un renacer productivo nacional, los datos inmediatos golpean los bolsillos. Y se acercan las Fiestas.
YPF incrementó esta semana el precio de sus combustibles un 2,5% promedio a nivel nacional. Así añadió más presión sobre el índice de inflación que puede cerrar el año por encima del 35 por ciento. El alza se suma al 3,5% promedio que se aplicó en octubre.
Desde la empresa justificaron la decisión explicando que se intenta “recomponer asimetrías históricas” que existen entre la Capital Federal y el interior del país.
En la Ciudad de Buenos Aires el aumento es de 2.85 por ciento en promedio y se comenzó a aplicar a partir de la hora cero de este lunes 23 de noviembre.
La compañía con mayoría accionaria estatal es líder del sector, con una participación del 55% del mercado de los combustibles. Por esta razón, la determinación arrastra al resto de las empresas.
La última suba de precios que había implementado en sus estaciones de servicio fue el 16 de octubre como consecuencia del aumento de los valores en el Impuesto a los Combustibles Líquidos, el Impuesto al Dióxido de Carbono y los biocombustibles.
El precio de los combustibles había sido ajustado en agosto y septiembre, y se especuló con la posibilidad de que el Gobierno le pidiera a las empresas que absorbieran esa nueva actualización impositiva para que no se trasladara al surtidor, pero YPF decidió avanzar con ese incremento del 3,5 por ciento.
También en octubre, la Secretaría de Energía admitió que la actualización de los precios del bioetanol y del biodiesel “traerían como consecuencia aumentos en el precio de las naftas en el surtidor que agravarían aún más la situación” económica de vastos sectores de la población.
Estas tarifas se encontraban congeladas desde diciembre. El Gobierno evaluó necesario “fraccionar las citadas actualizaciones a fin de morigerar su impacto en el contexto macroeconómico actual y en pos de preservar los derechos que asisten a consumidores y usuarios de bienes y servicios”, de acuerdo con la resolución en la cual se anunciaron los incrementos para esos dos productos.
En el tercer trimestre 2020, los ingresos de YPF subieron un 19,5 por ciento (expresado en dólares) como resultado de la recuperación en las ventas de combustibles y la estabilización de la producción de petróleo y gas.
La compañía había aumentado los precios un 2,5 por ciento en septiembre y antes, en agosto, cuando la actualización llegó a un 4,5 por ciento promedio en todo el país; en la ciudad de Buenos Aires alcanzó el 6 por ciento.
Semanas atrás el Indec difundió los valores de las Canasta Básica Total (que mide la línea de pobreza) y Canasta Básica Alimentaria (que mide la línea de indigencia). Según la agencia estadística oficial, durante el mes de octubre la línea de pobreza para una familia de cuatro miembros fue de $ 49.912 y la línea de indigencia para la misma familia-tipo fue de $ 20.710 mensuales.
En base a esos datos, el Instituto para el Desarrollo Social de la Argentina (Idesa) estimó que la mitad de los salarios del sector formal de la economía argentina están por debajo de la línea de pobreza. Esto se puede agudizar hacia diciembre, en base al impulso mencionado. De hecho ayer, a través de El Cronista, voceros de las compañías alimentarias advirtieron que el alza de los combustibles tensionaría los precios de venta al público al recargar el transporte.
Tras cuatro años de aumentos tarifarios y caída del mercado interno, la pandemia impactó con dureza. Merced a políticas activas el Estado logró frenar el deterioro productivo entre septiembre y octubre. La monopolización de grandes rubros brinda a los formadores de precios cierta impunidad para remarcar antes del ciclo de distribución. El intento oficial de insuflar vida a la economía popular para sostener los valores de los alimentos opera de modo tenue ante el ostensible desequilibrio de volumen.
Como varias de las corporaciones dominantes han adoptado un perfil de hostigamiento político contra la administración nacional, los precios son utilizados como punta de lanza para la generación de malestar. Sin embargo, no deja de llamar la atención que la justificación económica para esa creciente surja de YPF, donde el Estado tiene presencia decisiva.
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