SIP / El sinuoso andar de una construcción corporativa

Por LUCIO PEDRO ABERASTAIN PONTE *

Mucha historia y demasiados debates lograron un camino de buenas intenciones para la consolidación de una organización destinada a apuntalar a uno de los oficios más excitantes y comprometidos en la historia de la humanidad: el periodismo.
A modo de reseña, y con las constancias históricas que dan cuenta de altos y bajos en el devenir institucional, contrastamos a la SIP de los orígenes con la que actualmente conocemos por sus hechos.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) es una organización que no persigue fines de lucro, y que se dedica “a defender la libertad de expresión y de prensa” en todas las Américas.
Entre sus principales objetivos de origen encontramos “la defensa de la libertad de prensa en donde quiera que se impugne en las Américas; la protección de los intereses de la prensa en las Américas; la defensa de la dignidad, de los derechos y de las responsabilidades del periodismo; el aliento a normas del profesionalismo y de la conducta empresaria y la promoción del intercambio de ideas e información que contribuyan al desarrollo técnico y profesional de la prensa”.
Además, la SIP estipula entre sus fines, “el aliento al logro de conocimientos amplios y un mayor intercambio de información entre los pueblos de las Américas, a fin de apoyar los principios básicos de una sociedad libre y de la libertad individual”.
En principio, el concepto de la SIP tuvo su desarrollo en 1926; unos 130 periodistas se reunieron en Washington DC, para asistir al Primer Congreso Panamericano de Periodistas, y allí adoptaron una resolución que aprobó “establecer una organización interamericana permanente de periodistas”.
Con posterioridad, y pasada una década y media, el Congreso se reunió en la ciudad de México, en 1942; allí se creó la Comisión Permanente que se convertiría en la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) durante la conferencia de 1943 en La Habana, Cuba.
Las reuniones subsiguientes tuvieron lugar en Caracas, Bogotá y Quito.
La SIP, gradualmente, quedó convertida en una institución ya establecida.
En aquella época era una organización predominantemente latinoamericana, aunque en 1946 un minúsculo grupo de editores y directores de diarios y periódicos de Norteamérica fundaron en EE.UU. un capítulo nacional de esa institución hemisférica.
Para los entendidos en el devenir de la organización, el año de mayor relevancia para la entidad es 1950, dado que hasta ese entonces las conferencias se celebraban bajo el auspicio del gobierno del país que oficiaba como anfitrión, con fondos nacionales y con pautas que se fijaban según sus propias conveniencias políticas.
En aquellas reuniones, las delegaciones se limitaban a votar por países; como dato curioso y preocupante se observaba que los miembros presentes en las supuestas “deliberaciones” no siempre eran periodistas.
Los delegados cambiaron esa situación cuando se decidieron a adoptar nuevos estatutos a efectos de evitar los patrocinios condicionantes.
Desde ese entonces, la SIP debió convertirse en un ente independiente que “no responda a ningún gobierno ni a ningún interés en especial”; la realidad de los hechos que produjo y produce, contradicen esa aspiración.
La SIP, que solamente contaba con la recaudación de los fondos por aportes de cuotas de sus miembros, en algún momento, a la vez que empezó a influir sobre países y gobiernos, inició un vertiginoso despliegue de recursos, proporcionales a la defensa de las dictaduras americanas y a los embates contra las políticas de neto corte nacional y popular.
No caben dudas de que la SIP fue punta de lanza de intereses norteamericanos en la región.
Se la ha catalogado como “el gendarme de la libertad de expresión» por avalar dictaduras y atacar a gobiernos populares y democráticos.
Los memoriosos recuerdan que un informe de la SIP, en 1951, hizo aparecer al dictador nicaragüense Anastasio Somoza “como un ángel tutelar de la libertad de pensamiento”, mientras que a la vez ponía como arquetipos democráticos al chileno González Videla y a los dictadores bolivianos”.
Efectivamente, el panorama americano en ese año tiene en Nicaragua, en el poder, al golpista Anastasio Somoza, dictador desde 1937 hasta 1956.
En Chile el gobierno estaba a cargo del liberal Gabriel González Videla; había llegado al gobierno con el aval de sectores radicales, comunistas y demócratas, en 1946., aunque durante su mandato traicionó la alianza política con el Partido Comunista y fue un aliado de la política norteamericana; dictó la Ley de Defensa de la Democracia, mediante la cual se prohibía la existencia de la orgánica comunista, y reprimió violentamente las protestas sociales (en particular, las de los mineros). También rompió relaciones diplomáticas con la Unión Soviética y los demás países del llamado «bloque oriental». Años más tarde, ya fuera de la órbita del gobierno, en 1973 tomó un papel activo en la oposición al gobierno socialista de Salvador Allende y hasta su muerte (en 1980) colaboró con la dictadura militar de Augusto Pinochet como vicepresidente del Consejo de Estado.
La SIP, ya invariablemente contraria a los preceptos éticos que la alumbraron, avaló a todos los golpistas y violadores de la Constitución.
Desde 1935, Bolivia estaba gobernada por militares nacionalistas que habían protagonizado la Guerra del Chaco.
En 1951 tomó el poder una junta militar con el general Hugo Ballivián a la cabeza, luego de que la elite política-minera impidiera la asunción del líder del Movimiento Nacionalista Revolucionario, Víctor Paz Estenssoro, electo en las elecciones presidenciales de 1951.
Así las cosas en las Américas, no son pocas las constancias que dan cuenta de que la SIP aplaudió el accionar antidemocrático y totalitario de empresarios inescrupulosos y gobiernos que llegaron al poder por medio del golpe de Estado.
La República Dominicana estaba, a mitad de siglo, bajo el poder del dictador Rafael Leónidas Trujillo Molina, quien a Horacio Vásquez en febrero de 1930.
En 1952 Trujillo es recibido por el tirano Francisco Franco.
La política del dominicano fue de abierta connivencia con los intereses yanquis, frontalmente anticomunista y, en los 31 años que se mantuvo en el poder, todo acto de tortura o condenas ilegales eran sistemáticamente borrados y negados por la prensa adicta al régimen.
Las muertes eran encubiertas como “accidentes”, en el pleno uso de una metodología que ya marcaba rumbos en el continente.
En 1961, Trujillo mandó a martar a las hermanas Mirabal (Patria Mercedes, Minerva y María Teresa) activistas opositoras a la feroz dictadura, que en todas sus etapas y líneas de acción fue reconocida por la SIP.
El caso emblemático es el de Juan Domingo Perón. Estaba todavía en su primera presidencia, en 1951 y su gobierno se caracterizaba por la organización y desarrollo del movimiento obrero y por la industrialización del país, partiendo de gestar una burguesía nacional, en el marco del keynesianismo. Aquella gestión del peronismo fue salvajemente repudiada por la SIP, más cuando, mediante tratamiento legislativo, se ordenó la expropiación el Diario La Prensa, un histórico vocero de los sectores conservadores y difusor y defensor del liberalismo económico. La Prensa pasó a manos de la CGT.
La SIP contribuyó, en 1954, al derrocamiento del presidente guatemalteco Jacobo Arbenz; esto puede también corroborarse en documentos de la Central Americana de Inteligencia , CIA, que fueron desclasificados en 1999, y recopilados en el libro «La CIA en Uruguay», del historiador Roberto García (Doc. Nº 135875, 12 November 1953 y Doc. Nº 913376, 16 February 1954), que detalla los apoyos hemisféricos para el plan de desinformación.
En tiempos de las dictaduras que asolaron al Cono Sur, en las décadas del 60 y 70, se descubren nuevos capítulos del terrorismo informativo ejercido por la SIP.
Aquí se ve con claridad cómo tiene que ver su papel en la oposición a la Unidad Popular de Chile, que consagró a Salvador Allende como presidente en 1970. Toda la acción fue encabezada por el Diario El Mercurio, de propiedad de Agustín Edwards, que era el vicepresidente de la SIP en ese entonces.
Tal como se relata en no pocos comentarios y estudios, “investigaciones del Senado de los Estados Unidos, comprueban que el llamado Comité de los 40 autorizó a la CIA a realizar una operación secreta de propaganda, el 14 de septiembre de 1970”. En menos de una semana, la SIP emitió, en Washington, un comunicado denunciando amenazas a la libertad de prensa en Chile, supuestamente atribuidas a los comunistas y a sus aliados marxistas». Edwards, en 1970, se reunió con Richard M. Helms, prominente director de la CIA.
El periodista chileno Hernán Uribe asegura que «la CIA manejó la gran prensa local y a los afiliados de la SIP. El Mercurio recibió millones de dólares para librar una campaña mediática de descrédito contra el gobierno de Allende».
Ya en 1974, la SIP concluyó que “el peor enemigo de la libertad de prensa en el continente era el gobierno nacionalista peruano de Juan Velasco Alvarado”, administración que tomó algunas medidas de expropiación de grandes medios de prensa. En el mientras, preocupada la SIP, en Miami, por hacer denuncias contra el gobierno de Velasco Alvarado, la brutalidad de la represión a las masas por parte de las dictaduras de Chile y Uruguay eran hechos ignorados en las planas de diarios y periódicos de la comandita.
En 1978 la SIP realizó una visita a Argentina con el objeto de relevar la situación de la prensa en la dictadura (1976-1983), e hizo públicas algunas críticas.
De esta actitud bien pueden inferirse valores democráticos de la SIP, aunque esa actitud de la patronal mediática respondió a mandatos del Departamento de Estado y de la CIA, a fin de respaldar la posición de la administración de Jimmy Carter, que dio un vuelco a la política exterior que había promovido el golpismo en la región.
Por su parte, los principales animadores de la SIP en la Argentina, como los diarios La Nación y Clarín, se encolumnaron rápidamente detrás de la dictadura, avalando las prácticas del terrorismo de Estado.
Ya en el año 2000, Danilo Arbilla Frachia asumió la presidencia de la entidad de medios.
Se trata del director del Centro de Difusión e Información de la Presidencia de Uruguay durante la dictadura de Juan María Bordaberry.
Arbilla, partícipe en el gobierno de facto, convivió con clausuras de medios, allanamientos de redacciones y con el encarcelamiento y tortura de decenas de periodistas, entre ellos al histórico dirigente y miembro de la Asociación de la Prensa Uruguaya, Rubén Acasuso.
En el 2002, en el marco del golpe de Estado contra Hugo Chávez Frías, en Venezuela, la SIP se sumó a una fenomenal acción mediática contra la democracia, y lejos de repudiar el golpe, en las resoluciones de su Asamblea Anual, no hizo mención alguna a los episodios de abril.
Sabotajes como el petrolero contra el gobierno venezolano, merecieron de los medios mensajes de divisionismo y odio para derrocar al presidente Chávez.
La SIP sí defendió a la Radio Caracas Televisión (RCTV) cuando el Ejecutivo decidió, en 2007, no renovar la concesión a esa empresa, usando sus facultades legales y constitucionales, acordes con el derecho internacional.
En 2003, la consejera de Seguridad Nacional estadounidense, Condoleezza Rice, ordenó a la Asamblea General de la SIP el apoyo al gobierno boliviano de Gonzalo Sánchez de Losada. Bolivia estaba envuelta en un clima de estallido social, con el pueblo exigiendo la renuncia del presidente tras el asesinato de más de 80 personas en la represión policial. En 2006, la entidad de propietarios de medios señaló que “en Bolivia estaba en peligro la libertad de prensa”. Fue la reacción inmediata ante la intención del presidente Evo Morales Ayma de apoyar la conformación de una red de medios comunitarios.
Respecto del golpe de Estado en Honduras, la SIP simplemente emitió expresiones tales como: «lamentamos las limitaciones a la libertad de prensa que sufren los medios de comunicación opuestos al golpe de Estado». En sus comunicados se refirió al gobierno de facto de Roberto Micheletti como «nuevas autoridades» o «nuevo gobierno».
A esto se suman diversas denuncias de periodistas que resisten al golpe, con respecto a las acciones de socios de la SIP para el derrocamiento de Manuel Zelaya. Ellos son Carlos Roberto Flores Facussé, ex presidente de Honduras y dueño del periódico La Tribuna, y Jorge Canahuati Larach, un multimillonario dueño de los diarios La Prensa y El Heraldo; ambos aparecen entre los grupos de conspiradores que iniciaron el proceso golpista el 28 de junio de 2009.

Reflexión final

No exenta de críticas, la SIP transita, en la América profunda, en la Suramérica de la concepción continentalista, un camino de desencuentros con sus premisas básicas, al callar las atrocidades de las dictaduras del pasado, y al silenciar hoy los intentos fallidos de Golpe de Estado, como en los casos de la Venezuela Bolivariana, el Ecuador jaqueado por tropas colombianas incursionando en su territorio y las intentonas separatistas en Bolivia, y de los que triunfaron, como el reciente capítulo hondureño, por mencionar algunos ejemplos recientes.
En no pocos foros americanos se busca formular la contracara de la Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa.
En nuestro país, y ante avanzadas de neto corte corporativo, en la inminencia de la sanción de la Ley de Medios Audiovisuales, el accionar operativo de la SIP, expresado por voceros de medios concentrados, fue caracterizado como «un coro desaforado de dinosaurios que buscan deslegitimar la Ley».
La SIP, a todas luces, ha licuado las intenciones impresas en letra de molde y ha pasado a estar en contradicción con sus propios postulados, al elegir por las comanditas que resultan privilegiadas por gobiernos afines a hegemonías imperiales.
Alcance con recordar, finalmente, una definición dada por la Federación Argentina de Radios Comunitarias (FARCO); Néstor Busso explicó, no hace mucho, que “para los grupos empresarios, la libertad de prensa sigue siendo entendida como la libertad en la propiedad de los medios; por eso, cuando el Estado interviene, interpretan que está censurando».
Entre pretender la libertad de prensa como expresión acabada de civismo a operar en pos de fijar las agendas de los gobiernos y signar los actos de los gobernantes, está el abismo que separa a la SIP de su ideario más noble en relación con el “soberano”.

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1.- Se la ha catalogado como “el gendarme de la libertad de expresión» por avalar dictaduras y atacar a gobiernos populares y democráticos.
Los memoriosos recuerdan que un informe de la SIP, en 1951, hizo aparecer al dictador nicaragüense Anastasio Somoza “como un ángel tutelar de la libertad de pensamiento”, mientras que a la vez ponía como arquetipos democráticos al chileno González Videla y a los dictadores bolivianos”.

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2.- El periodista chileno Hernán Uribe asegura que «la CIA manejó la gran prensa local y a los afiliados de la SIP. El Mercurio recibió millones de dólares para librar una campaña mediática de descrédito contra el gobierno de Allende».