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Por GABRIEL FERNÁNDEZ y JULIO MANUEL CARBALLO *
La realidad laboral argentina se ha tornado sumamente dispersa. Mientras varias zonas se encuadran dentro del empleo en blanco, muchas están afectadas por diversas formas de irregularidad.
Están aquellos que se hallan en la informalidad absoluta y también quienes reciben una parte de sus ingresos en negro, pese a estar registrados. Están los que logran canalizar emprendimientos a través de las organizaciones sociales hasta los cooperativistas más asentados.
Aunque el objetivo estratégico del movimiento nacional debe ser la integración del conjunto del pueblo trabajador al blanqueo total, sabemos que su concreción puede llevar tiempo. Sin embargo, el camino no se concretará adecuadamente sin controles eficaces que ordenen lo existente.
El problema, aunque tiene lejana matriz en la priorización financiera durante la dictadura cívico militar a través del plan de José Alfredo Martínez de Hoz (Ley de Entidades Financieras, aún vigente), estalla con potencia en el menemismo. Los años 90 fueron el mayor despliegue de desempleo e individuación.
Uno de los ejes del período fue la privatización de las grandes empresas públicas argentinas, lanzando a millones de personas fuera del esquema de contratación regular. Otro, la dolarización de la economía, perjudicando las perspectivas productivas locales. Esto eclosionó en el año 2001, con grandes masas dispuestas a quebrar el neoliberalismo en las calles.
Este panorama doloroso para una sociedad habituada por décadas -tras el advenimiento del peronismo- al pleno empleo, sólo alcanzó resolución parcial durante el tramo de crecimiento kirchnerista, y fue re impulsado con vigor por el ajuste y la recesión del reciente tramo macrista.
Ahora, con herencia y pandemia sobre los hombros, nuestro pueblo debe cargar con la agudización del proceso y el usufructuo del mismo por parte de numerosos empleadores. Esto nos lleva a indagar: ¿se está generando una reforma laboral de facto?
En el nivel que contiene una parte de los ingresos en negro y otra en blanco, los aumentos que se acuerdan en paritarias sólo son aplicados sobre el ingreso registrado. Por eso las mejoras admitidas por el Estado no logran el efecto buscado.
Es más, aprovechando la emergencia sanitaria, muchas empresas redujeron los horarios de labor y directamente anularon el componente en negro del ingreso. En esencia, sus trabajadores cobran menos. Es preciso recordar que desde el comienzo de la pandemia las firmas reciben ayuda estatal para cubrir parte de los salarios.
Ante esta situación la AFIP, el Ministerio de Trabajo y, claro, los sindicatos y las centrales obreras deberían advertir las maniobras patronales e intervenir del modo que a cada institución corresponda para evitarlas.
Esta realidad explica parcialmente –en un marco inflacionario- porqué algunas acciones correctas del Gobierno no terminan de imponer una mejora en el mercado interno. Mientras formalmente los trabajadores sostienen sus ingresos, en los hechos padecen una reducción. En simultáneo, los precios crecen.
La ausencia del Estado es grave. Resultan imprescindibles controles y sanciones para evitar estos desajustes. Y, en términos más generales, una inyección de dinero real y profunda en el cuerpo social. Si esto no se resuelve en el corto plazo, las mejores intenciones oficiales no van a repercutir en el crecimiento económico anhelado.
- Ya nada será igual / La Señal Medios
