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Por NÉSTOR MIGUEL GOROJOVSKY *
Cuando la tasa de incorporación de nuevos contagios ya estaba haciendo entrar en una fase de aceleración exponencial a la “segunda ola” de la peste, el 16 de abril de 2021 el Poder Ejecutivo Nacional emitió el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 421/21, que impuso medidas de restricción de actividades para frenar el veloz deterioro de la capacidad del sistema de salud y brindar atención adecuada a las víctimas del virus. En particular, este decreto ordenaba el fin de la presencialidad educativa por quince días corridos.
El núcleo de la disparada sanitaria había vuelto a ser el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), una unidad geográfica, humana, sociológica y epidemiológica indisoluble que se extiende sobre dos jurisdicciones políticas: la Provincia de Buenos Aires y la Capital Federal.
DRAMATIS PERSONAE
El decreto llevó la firma del Presidente de la Nación, el profesor universitario y abogado penalista Alberto Fernández, quien había llegado a la máxima magistratura cuando la fórmula presidencial del Frente de Todos recogió el 49% de los votos en un electorado representativo de 45.000.000 de personas.
Fernández contó con total apoyo del Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, del mismo signo político que el presidente y plebiscitado en la misma elección con el 52% de los votos de un distrito cuya población representada es de 17.000.000 de personas. El decreto nacional no contemplaba todas las previsiones del equipo de expertos en Salud Pública del doctor en economía y ex Ministro de Economía devenido Gobernador, pero Kicilioff se sumó al mismo, apoyándose en el derecho que el decreto le concedió a los gobernadores provinciales de reforzar (nunca debilitar) las medidas en él estipuladas.
En cambio, el licenciado en economía, ex analista financiero de la Esso y máster en administración de empresas por la Universidad de Harvard Horacio Rodríguez Larreta, el único dirigente de primera línea del Pro que salvó la ropa en esas elecciones al acumular 53% de los votos para Jefe de Gobierno de los 3.000.000 de personas que residen en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), se declaró en virulenta rebeldía e inició una serie de acciones para forzar al conjunto del país a aceptar que en su distrito se mantuvieran las clases presenciales, por más que nadie ignora en la Argentina que la CABA es quizás el principal foco de difusión de la epidemia.
¿De dónde surgió la fuerza que permitió al administrador del distrito federal atentar desde su ciudadela de 3 millones de personas contra la voluntad de un país de 45 millones? Es una de las cosas que nos permitió descubrir la pandemia: surgió de la autonomía porteña.
VECINALISMO, MEDIOS Y POPULISMO OLIGÁRQUICO
Hombre de larga prosapia conservadora y oligárquica, Rodríguez Larreta es un ultra cambiemita, cofundador con Mauricio Macri del partido vecinalista porteño, antinacional, antipolítico y de extrema derecha Propuesta Republicana más conocido por su marca de comercio político, el Pro.
La CABA es, desde la sanción y entrada en vigor de la Constitución de 1994 y las leyes constitucionales anexas, la institución encargada de dirigir los asuntos locales del hasta hoy distrito federal. Desde 1880 había estado regido por un intendente designado por el presidente de la Nación. La autonomía convirtió a Rodríguez Larreta en el único macrista con peso propio que conservó un respetable poder efectivo. Es la jefatura de una autonomía la que le permite disfrutar de la protección de todo el sistema de blindajes que arropa al Pro y a sus dirigentes, y no al revés. El resorte mediático solamente sirve para impulsar al trampolín institucional.
Ese carácter no viene del aire. El linajudo Rodríguez Larreta es un maestro en el arte del populismo oligárquico. Nunca tuvo inconvenientes en descender al barro cotidiano de su electorado de baja y media pequeño burguesía. Se hizo especialista en cortejar, aglutinar, envalentonar y dar voz a las peores tendencias antiargentinas y antipolíticas que, junto a las opuestas, acechan en el alma de buena parte de la “clase media independiente” porteña. Atrapada entre las clases polares de la formación económico social argentina, esas clases medias no están en condiciones de imponer una política propia, y oscilan entre los trabajadores y la oligarquía. La influencia de esta última se magnifica cuando le arrebata al resto del país algún grado de autonomía para la antigua ciudad puerto y se convierte en la fuerza más poderosa que dirige la ciudad de Buenos Aires; por ejemplo, a través de algún pacto entre dirigentes a espaldas de la voluntad popular.
Nadie que conozca las líneas maestras de la historia argentina puede haber tomado la rebelión larretiana como un hecho sorpresivo. Desde 2019, Rodríguez Larreta fue agraciado por el presidente de la Nación con una notoria deferencia a la hora de combatir la pandemia. Prácticamente, lo puso de igual a igual con Kicilioff, algo que provocó no pocas críticas en el resto del país. El jefe porteño respondió ¡poniéndose de igual a igual con el Presidente de la Nación! Quizás no haya sido “a pesar” de la deferencia del Presidente de 45.000.000 de argentinos y la tolerancia del gobernador de 17.000.000 de argentinos que el jefe de gobierno de 3.000.000 de argentinos se haya plantado en esa actitud cuasi sediciosa, sino debido a ellas.
“¡AUTONOMÍA, AUTONOMÍA, AUTONOMÍA!”
Los detalles ya son muy conocidos. El DNU solicitaba, modestamente, que se restringiera la circulación de personas -que es por definición circulación del SARS-Cov-2- por el simple expediente de cerrar los establecimientos educativos por dos semanas (diez días hábiles, seamos claros, ¡diez días!). Pero Rodríguez Larreta levantó la bandera de la presencialidad escolar como si fuera un asunto de vida o muerte.
El jefe de gobierno porteño organizó una serie de bajas triquiñuelas jurídicas y contó con una buena voluntad de la Corte Suprema -cabeza de un verdadero Partido Judicial Oligárquico- que en general se le niega a los gobiernos de tinte popular; su ministro de Salud Fernán González Bernaldo de Quirós arguyó “evidencias” que jamás presentó; su ministra de Educación Soledad “Primo Capraro” Acuña llegó a inventar neologismos involuntarios al defender la letal decisión; el mismísimo ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta (muy vinculado al Partido Justicialista de la CABA), no paró ni por un instante de tenderle puentes de plata…
En la red Twitter, verdadero foro de pasiones políticas, docenas de dirigentes del Pro o de sus partidos allegados revelaron qué estaba defendiendo Rodríguez Larreta. Una serie de mensajes encontraron su mejor exponente en el de Eduardo Machiavelli, dirigente del Pro y hermano de la jueza Nieves Machiavelli, quien integra la Cámara Pro de la justicia angelicista de la CABA que le brindó al jefe de gobierno el pretexto de un amparo a medida: “autonomía, autonomía, autonomía”, gritó por escrito, grito que -esperemos- nadie olvidará.
Todo habría sido un sainete si no fuera un grotesco con mucho de grand guignol, gran cantidad de afectados por la peste, y sumas hasta ahora inéditas de víctimas fatales (entre ellos varios docentes). Al momento de escribir estas líneas, el desenlace se está tramitando y no sabemos aún en qué dará, finalmente, esta rebeldía cuasi sediciosa del Pro capitalino. Pero sí podemos decir, sin lugar a duda alguna, que esta actitud reveló al país entero un aspecto sumamente negativo de la autonomía porteña.
YA JUAN BAUTISTA ALBERDI LO HABÍA EXPLICADO
Tal como Eduardo Machiavelli lo expresó, cuando Rodríguez Larreta se empeñó en defender su política educativa (dicen que para dirimir una interna de su propio frente de pertenencia) no hizo otra cosa que reiterar la conducta del puerto de Buenos Aires que tan bien describió Juan Bautista Alberdi hace ya más de 160 años: admitir la autoridad nacional si y sólo si ésta acepta sus caprichos y veleidades.
Decía el gran tucumano que, unitario o federal, el partido de la gran burguesía comercial y financiera de Buenos Aires es un “partido geográfico”, que siempre antepone su interés local a la voluntad del país entero, tal como lo hizo Rodríguez Larreta en este conflicto que él mismo creó. Y como ese interés local es desde las Invasiones Inglesas el librecambio (así como desde su inicio lo fue el contrabando), resulta ser al mismo tiempo un interés diametralmente opuesto a la protección de la industria nacional, al desarrollo de un potente mercado interno y, en último análisis, a la reafirmación concreta de la soberanía nacional.
No es una cuestión de principios sino de intereses. Durante los primeros setenta años de existencia de lo que hoy se conoce como República Argentina esa conducta de clase arrastró a dirimir las cuestiones políticas bajo la amenaza de las armas y las secesiones. Provocó de esa manera una virtual guerra civil intermitente y salvaje que nos marcó por siete décadas de existencia como país.
Esa guerra sólo finalizó cuando el recién electo presidente Julio Argentino Roca, al frente del Ejército Nacional, dirimió el pleito por la fuerza ante la negativa del entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires, Carlos Tejedor, a aceptar que la sede del gobierno federal fuera federalizada en 1880.
Alrededor de 3.000 personas dieron la vida en las batallas de Olivera y los Corrales Viejos, en combates que la historia oligárquica oficial en todas sus versiones (tanto de izquierda como de derecha) ha elegido ignorar.
Un agitador porteñista de entonces, Eduardo Gutiérrez, escribió en la ocasión un texto titulado “La muerte de Buenos Aires”: así fue como vivió la clase alta porteña la plena incorporación a la Nación Argentina de la ciudad que vivía de las rentas generales del país usufructuando los ingresos de la Aduana y se negaba a darle al Presidente de la Nación mayor entidad que la de “huésped”. Para que se tenga una idea del grado de tensión que reinó en ese momento, baste señalar que -impedido por la Constitución de 1853 de organizar milicias armadas provinciales- Tejedor organizó el cuerpo de bomberos voluntarios de La Boca, los armó con fusiles importados, y los hizo desfilar frente a la Casa Rosada. Los soldados argentinos que arriesgaron (y en gran número perdieron) su vida para cumplir este designio mayoritario cargaron en la política oligárquica de la memoria nacional con el mote de “los chinos de Roca”; como se ve, el racismo anticriollo del Pro viene de muy lejos.
“LOS FUNERALES DE LA REPÚBLICA”
Para la oligarquía porteña, centro organizador a su vez de lo que en la década de 1930 sería la Concordancia fraudulenta de la Década Infame, ese acto pacificador fue un latrocinio, perpetrado por los “provincianos”. Más allá de ese sentimiento, una vez que se calmaron los ánimos, la que Alberdi denominó “revolución de 1880” completó el anhelo de paz y progreso de todo un país harto de la prepotencia porteñista. Y pareció que nunca más habría que enfrentar la autonomía perniciosa de Buenos Aires. Pareció que esa federalización de Buenos Aires, verdadera piedra fundacional de la obra institucional de Roca, duraría eternamente.
Pero en 1994, en cumplimiento de un acuerdo privado entre dos políticos ya entregados al imperialismo, apareció el Pacto de Olivos. Por ese acuerdo el Dr. Raúl Alfonsín le concedía al Dr. Carlos Menem la posibilidad de reelección a cambio de la autonomía porteña (que la UCR creía que iba a ser siempre su propio trampolín para retornar al gobierno de la Nación). Ese reparto de achuras se transformó en el eje de la “alternancia democrática”; esa alternancia garantizaría la continuidad del vasallaje externo con dos alas del partido único de la dependencia sustituyéndose mutuamente en el poder. Y la “autonomía” estaba al servicio de ese objetivo en paridad de condiciones con la teoría de los dos demonios para “explicar” la segunda mitad de la década del 70.
Pero la generación del 80, con Roca a la cabeza, había tenido el buen tino de mantener asentada en el texto constitucional la quita de autonomía del recién creado distrito federal. La federalización de la capital de los argentinos requirió terminar con la autonomía de la ciudad de la oligarquía porteña, y para “devolver la autonomía” hacía falta una Asamblea Constituyente dispuesta a retroceder. Y así se hizo. Con la pompa, las circunstancias y la algarabía de cotillón típicas del menemismo, en la ciudad de Santa Fe se reunió una Asamblea cuyo primer acto fue renunciar a su carácter soberano para aceptar sin discusión del Pacto de Olivos. Autonomía y reelección no se discutirían.
Esto implicó la inmediata renuncia del más noble de sus integrantes, el obispo neuquino Jaime De Nevares. “No quiero asistir a los funerales de la República”, proclamó al renunciar a su banca constituyente después de comprobar que la Asamblea se negaba a asumirse como lo que era: un poder soberano, capaz de legislar con plena independencia de cualquier pacto preexistente entre los titulares o ex titulares de poderes derivados de la soberanía constituyente, como la presidencia de la Nación.
Y en cierto modo fueron al menos los funerales de la República tal como la había conocido la Argentina desde que se había puesto fin a la soberbia letal del Puerto y sus clases dominantes. La entrega de la autonomía implicaba, desde la óptica de las clases más retrógradas, una equiparación del distrito federal con cualquier provincia. Pocos lo recuerdan hoy, pero el antecedente más directo de esta pretensión fue la equiparación que hizo Jorge Rafael Videla de sus “gobernadores” con su intendente de Buenos Aires, el Brigadier Osvaldo Cacciatore, en diversas reuniones de trabajo que supo convocar con regularidad. Otro más de los múltiples lazos entre el régimen de 1976 y los “valores” que defiende el Pro.
LA LEY CAFIERO
Esa calamidad inscripta en la Constitución de 1994 -la Constitución que entronizó el Consenso de Washington en la Argentina, según el jurista David Iud- fue enfrentada, siempre dentro del corset neoliberal, por la Ley 24.588, conocida como Ley Cafiero (por ser de autoría del entonces Senador Antonio Cafiero). Según resumió en un reportaje radial en Radio Gráfica el abogado y docente Javier Azzali, es “una de las leyes más denostadas del país”, porque “impide una transferencia de las instituciones de la Nación al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires” e imposibilita la equiparación plena del municipio con una provincia, que era el objetivo de los porteñistas desde el momento mismo en que fraguó el Pacto de Olivos. Y que es el objetivo explícito de la actual Corte Suprema de la ¿Nación?
Lejos de haberse diluído con la federalización de 1880, y a pesar de ella, el exclusivismo porteño se mantuvo incluso dentro del esquema legado por la Generación del 80. No deja de ser lógico: las mismas clases sociales que defendieron la autonomía hasta 1880 y que Bartolomé Mitre representó magistralmente bien hegemonizaron la política argentina después de ese año y especialmente a partir de 1890.
DE LA ALDEA Y LA RENTA ADUANERA A LA GRAN CIUDAD Y LOS INGRESOS BRUTOS
No se trata solamente de antecedentes históricos sino de intereses muy actuales y muy concretos. El papel que ocuparon hasta 1880 las rentas de aduana pasaron a ocuparlo los Ingresos Brutos: Buenos Aires, que “no produce, no tiene industrias” percibe sin embargo “una recaudación en ingresos brutos que es muy grande y aporta al PBI nacional casi el 20%.” [https://radiografica.org.ar/2020/10/03/autonomia-de-la-ciudad-de-buenos-aires-que-dice-la-ley-cafiero/]
¿De dónde surge ese aporte? Del país entero, y no de la Ciudad Autónoma; en ella solamente se administran riquezas generadas por otros, y la política urbanística del Pro, que impide implantar industrias nuevas y promueve su salida del ejido capitalino, no hace sino agudizar la situación. “Servicios económicos, financieros, comerciales, el tránsito económico y comercial que hace todo el país” se derraman sobre ella debido a que las casas matrices de las principales empresas de la muy monopolizada economía argentina tienen sede en la Capital Federal, vuelve a resumir Azzali. Todo el país subsidia a la CABA. Y ante todo la subsidia la más importante concentración de producción e industria de la Argentina, que es el “conurbano”.
Esto no es nuevo por lo demás. Después del 80, la Capital Federal en manos de los provincianos -según gruñían los porteñistas más acérrimos- fue especial objeto de los cuidados urbanísticos de los gobiernos federales. Todo lo que hay de bello y organizado en Buenos Aires data de ese tiempo en los que perdió su autonomía. A Buenos Aires la sanearon y convirtieron en ciudad global los intendentes de los provincianos mucho más que los porteños, como bien supo explicar en su momento en su “Mentalidades Argentinas” el historiador A. J. Pérez Amuchástegui.
Previamente, la petulante Buenos Aires no había pasado de ser una “gran aldea” con enormes deficiencias edilicias y de salud pública (las epidemias de cólera y fiebre amarilla del siglo XIX fueron devastadoras: no es la primera vez que un gobierno porteñista desata un desastre sanitario en la ciudad). Los grandes palacios de instrucción pública, los grandes hospitales, la red de aguas corrientes y sus elegantes depósitos de agua, el ordenamiento de vías de comunicación, todo fue obra de intendentes de gobiernos ajenos al estrecho porteñismo que hoy enfrentamos.
EL PARAÍSO ELECTORAL Y LA REBELIÓN DEL SUBSUELO
La década de 1930 se abrió con una decisión del Procurador General de la Nación Horacio Rodríguez Larreta (el tío abuelo del actual) que convalidó la “doctrina de la revolución” por la cual una Corte Suprema no mejor que la presente apoyó jurídicamente el derrocamiento de Hipólito Yrigoyen. En esos tiempos, la Ciudad de Buenos Aires disfrutó del privilegio infrecuente de ser el único distrito electoral donde no había fraude. De espaldas al país, no percibió que al calor de la crisis mundial y luego de la Segunda Guerra Mundial había ido creciendo en torno suyo una serie de nuevas barriadas, industriales, en las que se produjo la fusión de los antiguos trabajadores de origen inmigratorio europeo con los nuevos de origen argentino y latinoamericano.
Esas barriadas, todos los argentinos lo saben, se hicieron notar el 17 de octubre de 1945 cuando su potencia señaló al Coronel Juan Perón y le dijo “Vos, sos nosotros” en el acto de inicio del más profundo intento de industrialización autocentrada que conoció hasta hoy la República Argentina. En ese mismo momento, ni un minuto antes, y como reacción espontánea ante la invasión del “subsuelo de la patria sublevado”, surgió la tesis de la “macrocefalia” porteña que es la justificación teórica tanto de todo intento de separación entre la Ciudad de Buenos Aires y el gobierno federal como de separación rigurosa entre la “Ciudad” y su entorno inmediato, ese “conurbano” que produce la mayor parte de la riqueza que la “ciudad” administra -y disfruta- hoy.
De donde se deduce, inesperadamente, que esa urbe que se cree superior al resto no solamente vive en realidad, del resto, sino que además vive ante todo del despreciado entorno popular y trabajador que no solamente la mantiene sino que además la interpenetra humanamente día tras día.
LA RENTA Y LA MALDITA PERIFERIA
Si hay un hecho maldito en la gran urbe metropolitana es éste. Horacio Rodríguez Larreta ya lo señaló como un mal al inicio mismo de la gestión del Pro en la Capital, el día que inauguró la hoy Avenida Goyeneche. En ese momento de exaltación edilicia el actual Jefe de Gobierno declaró muy suelto de cuerpo que el objetivo del macrismo en el distrito iba a ser una ciudad en la que no pudiera vivir nadie que ganara menos de 9.000 dólares (de 2007) al mes. “Pobres, atrás, no den un paso más”, pareció decir.
Es que para Rodríguez Larreta el disfrute local de la renta que recauda la Ciudad y produce el resto del país es un derecho divino. Se entiende así porqué considera una injusticia el acto de justicia de recortarle al distrito la generosa alza en la coparticipación que le regaló Maurico Macri. Se comprende porqué privilegia la educación y la salud privadas. Se descubre el motivo de su privatización salvaje de terrenos públicos, su desinterés por las barriadas populares y su pasión por las macetas, la subtrenmetrocleta y las baldosas. Aún si no hubiera, como probablemente los haya, ingentes negociados en esas obras, las haría igual: dan sanción sobre el plano a la concepción de país de la élite antinacional.
Esa élite anida en el distrito federal de los argentinos y con su autonomía se potencia. Un país con una ciudadela enquistada en su seno, siempre dispuesta a darle la espalda ante cualquier decisión que le disguste. No lo olvidemos que la CABA estuvo a un tris de tener su propia Inspección General de Justicia para convertirlo en una guarida financiera rioplatense donde cualquier trapisonda podía esconderse tras una Sociedad Anónima Simplificada solamente porque en 2019 el Pro perdió las elecciones nacionales.
VÍAS DE ACCESO Y SALIDA
¿Hay soluciones? Las hay, por supuesto. La que en su momento impuso la generación del 80 marca el camino. Muy probablemente sería bueno asegurar otra vez por una ley constitucional que refuerce la “ley Cafiero” que el humor vecinal de un distrito de 3.000.000 de habitantes no vuelva a tener en vilo a un país de 45.000.000. Quizás ahora haya que encontrar otras formas, más sofisticadas, de reincorporación del distrito federal al conjunto del país.
Más allá de la autonomía formal, seguramente es urgente y necesario -nada lo demuestra mejor que la dinámica mortal de la pandemia- recrear, potenciar y darle facultades taxativas de ordenamiento urbano a instituciones de planficación conjunta del área metropolitana.
Para que todo esto suceda necesitamos, y como nunca antes, recortar las atribuciones mal obtenidas por la plutocracia porteña. Lo primero que tenemos que hacer, en ese sentido, es percibir hasta qué punto la autonomía del casco céntrico administrativo y privilegiado de una inmensa ciudad de casi 15.000.000 de habitantes atenta directamente contra el país en su conjunto.
Sí, casco céntrico: lo que pomposamente llamamos “Ciudad Autónoma” no es ni ciudad ni autónoma. Solamente lo es en el marco de un acuerdo que llevó al país a sus propios funerales, como dijo de Nevares. Ese casco céntrico se convierte en muñón urbano de la gran conurbación de Buenos Aires. Solamente la presión plutocrática pretende conferir status de estado federal. Solamente bajo estas condiciones puede la vieja burguesía comercial contrabandista y acipayada someter plenamente a su tiranía material e ideológica a las grandes masas de argentinas y argentinos de clases medias que constituyen la inmensa mayoría de la población del distrito federal.
Es momento de aprender de la pandemia y de la democracia de la muerte que ella nos trajo a todos. Repensemos la autonomía, que nos viene repensando y reprocesando desde hace ya demasiado tiempo. Las consecuencias están a la vista.
* Contraeditorial.com / Patria y Pueblo / La Señal Medios
