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Por HERNÁN JAUREGUIBER *
Las empresas están logrando acuerdos lesivos con los trabajadores, vulnerando doblemente la defensa de estos. Por un lado acuerdan con el trabajador, fundamentalmente suspensiones (art. 223 bis LCT) que en la emergencia aceptan situaciones abusivas y/o ilegales. Para concretar la validez de tan ruinosos convenios individuales, aconsejan no buscar asesoramiento en abogados laboralistas o sindicatos, que por otro lado siguen en estado de cuarentena, sino que orientan que concurran al Ministerio de Trabajo, quien a través del Programa Asistir presta patrocinio gratuito. Solicitan audiencias espontáneas ante el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (SECLO) que, encima, trabaja en forma remota sin manera de controlar mínimamente si es libre la voluntad del trabajador y/o si se están violando normas de orden público. Así, la autoridad de control del orden público laboral, opera como una vulgar escribanía, permitiendo la violación de todos los principios protectorios.
Hasta el momento, La Señal no pudo obtener información del Ministerio de Trabajo o el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria sobre la cantidad de acuerdos individuales presentados, las empresas que fueron parte y los abogados que patrocinaron a los trabajadores y cómo fue en cada caso el asesoramiento recibido por estos, dada la imposibilidad de presencia física y entrevistas. Sin embargo, trascendió que independientemente de la asistencia del Programa Asistir, estudios jurídicos de la patronal, estarían contratando el patrocinio letrado del trabajador con el cual ya acordaron, para fraguar una falsa defensa de este. En todo caso, el MTSS de la Nación no estaría en condiciones (y voluntad) de controlar el fraude. De comprobarse la situación podría ameritar la investigación penal por el concurso de diferentes delitos.
Por otro lado, el SECLO dictó una borrosa reglamentación, el día 11-5-2020, que simula la reanudación del sistema. Recordemos que este sistema establecido en la década del 90 limita el acceso de los trabajadores a los jueces naturales obligándolos a concurrir a un sistema semiprivado donde bajo confidencialidad reciben propuestas para evitar el juicio. En su momento fue presentado como un sistema riguroso donde debía garantizarse el asesoramiento letrado a trabajadores, y velar porque una conciliación no vulnere sus derechos irrenunciables.
En los hechos tal consigna resulta imposible, puesto que la confidencialidad del procedimiento priva de tener certeza sobre los extremos reales del vínculo y por lo tanto la autoridad, aun la que tiene voluntad tuitiva del orden publico laboral, no cuenta con elementos para cerciorarse de que no concurran tales transgresiones y los convenios suelen aprobarse, salvo en casos escandalosamente visibles.
El rol del conciliador y del abogado laboralista elegido libremente por el trabajador y de su confianza, es vital para asegurar el mejor resultado de un proceso de por si, dudoso.
Por lo tanto no se advierte como podrá desempeñarse en forma remota.
Por otro lado, la reglamentación solo contribuye a mayor oscuridad, cuando no establece que plataforma se usará para desarrollar el procedimiento. Queda librado a la determinación del conciliador. Cualquiera puede imaginarse que los trabajadores no cuentan con tecnologías en sus hogares, por lo que se reducirá a un contacto entre abogados (de la patronal y laboralistas) que solamente el trabajador refrendará aparte.
De resultar así, el cuestionado sistema puesto en marcha en los 90, se presenta en la etapa como una barrera para que el trabajador pueda reclamar sus derechos, y una invitación a que capitule sus créditos, mucho mas si se tiene en cuenta que la Justicia Laboral se encuentra razonablemente paralizada por la cuarentena y la emergencia alimentaria.
Como se advierte, no queda claro el lugar que cada cual ocupa en el mostrador. Aguardamos que no se cante el Tomo y Obligo.
*Abogado laboralista / La Señal Medios
Ministro de Trabajo Claudio Moroni
