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Por GABRIEL FERNÁNDEZ *
El llamado megaproyecto para una Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva es un conjunto de medidas puntuales y específicas destinadas a poner un piso a la recesión y buscar el rebote, dinamizando el consumo social, e iniciar la reactivación del mercado interno. Por el momento, no define en sí mismo un proyecto estratégico sino una razonable secuencia de acciones destinadas a frenar el hundimiento en el cual sumió Cambiemos PRO UCR a la economía argentina.
La decisión oficial de eliminar el artículo 85 de la propuesta, encaminado a brindar al Poder Ejecutivo la posibilidad de realizar reformas en la administración pública –una concesión a la cháchara republicana macrista, enfatizada por los radicales durante el día de ayer- no la afecta esencialmente por ese rasgo coyuntural que describimos. Pero todos sabemos que esas transformaciones deberán efectuarse con posterioridad, cuando los primeros brotes verdes de verdad impulsen un diseño trascendente.
El respaldo de gobernadores, referentes sociales y sindicalistas a una iniciativa forjada por la principal fuerza política del país, el Frente de Todos, debería ser un dato suficiente para respaldar el megaproyecto; y si no, al menos para brindar quórum y debatir en tiempo y forma las urgencias que se palpan en el país. Las determinaciones planteadas sobre los problemas económicos, financieros, educativos, sanitarios y de alimentación, entre otros, configuran el sentido mismo del reciente voto de Octubre. Integran la agenda por la cual el pueblo respaldó un neto perfil productivista.
El estudio de cada propuesta ofrece además una referencia singular: el gobierno que lidera Alberto Fernández ha forzado el lápiz para que las decisiones destinadas a quebrar la tendencia en baja generen la menor transferencia de recursos progresiva posible. Dada la catástrofe inducida y el saqueo salvaje en beneficio de las corporaciones impulsoras y beneficiarias del gobierno oligárquico, es posible afirmar que por ahora, la están sacando barata. El repudio de los legisladores al servicio de los intereses antinacionales no se asienta, siquiera, en difusas ideas sobre la propiedad, sino en preceptos conceptuales destinados a evitar el crecimiento como programa opositor.
Sucede que temen, como sus orientadores, la secuencia posterior del rebote. Una vez puesta en marcha, la economía interna argentina tiene una enorme capacidad silvestre para generar recursos que derivarán en una mayor recaudación tributaria y, así, en el despliegue de hecho de un modelo de país relacionado con la industria y el trabajo. Si para quienes necesitan la actividad económica concreta como necesidad vital esto resulta lógico y por tanto respaldable, para los que exigen el deterioro de la misma en beneficio de la renta y la exportación primaria, encarna el inicio de la caída de su “nación”. Por tanto, una serie de medidas limitadas temporal y sectorialmente, está pasando a ser una disputa de mediano plazo.
Sin obturar la caracterización inicial, es posible señalar que todo implica un perfil estratégico. Hasta los planes de emergencia, como los que se están delineando. Pues una cosa es intentar salir del maremoto con una nave ordenada y con rumbo elaborado, que pretender una embarcación para pocos mientras el resto debe remar aisladamente desde precarios chinchorros. Es que el tema del perfil que se defina es central para elaborar el desarrollo en el marco del Proyecto Nacional.
Es preciso que la comunicación nacional y popular enfatice el criterio porque de otro modo las zonceras con altavoz aturden. Y todo termina en un semi debate sobre la funcionalidad de tal o cual medida. Hay algunos puntos que vienen quedando claros y hay que indicarlo:
- La baja salarial general no beneficia la inversión ni la producción; las empresas de servicios en manos privadas perjudican al usuario y debilitan estructuralmente al país; la exportación de alimentos no debe priorizarse sobre el consumo interior; el control del comercio exterior implica soberanía y recursos para el desarrollo; los impuestos tienen que ser proporcionales a las ganancias; el Estado tiene el derecho y la obligación de volcar la recaudación sobre la sociedad que la genera.
- Es más: la emisión, el cambio, las tasas y los intereses son herramientas que se pueden emplear para beneficiar la producción local, o hundirla, no son valores ni principios; el dinero inyectado en la masa trabajadora queda en el país y promueve la rueda comercial e industrial; el dinero que subsidia a los exportadores, potencia fortunas privadas para la fuga; las empresas medianas y las cooperativas generan mejor producción y más trabajo que las grandes concentradas; el Estado tiene el derecho y la obligación de controlar todas estas variables y más, lo cual hace preciso asumir que la propaganda anti intervencionista es sólo un subterfugio para dañar la Nación.
Ahora que los puntos planteados inicialmente están siendo analizados en el Congreso, es pertinente envolverlos con las consideraciones finales. Ya que nada nace de un repollo y, sobre todo, porque nuestro Norte, debería ser el Sur.
- Director La Señal Medios / Sindical Federal / Area Periodística Radio Gráfica
