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Por GABRIEL FERNÁNDEZ *
Lo había deslizado Alberto Fernández antes de la asunción. Ahora, lo aplicó. El gobierno del Frente de Todos dispuso un cambio en el régimen de retenciones a las exportaciones agropecuarias. En lugar de 4 pesos por dólar exportado, a partir de ahora se pagará una tasa fija de 9%. Se trata de una acción económica equilibrada: beneficia las cuentas públicas, sin ahogar a los productores.
La medida se concretó a través de un decreto. El mismo fue publicado hoy en el Boletín Oficial. El gobierno informó sobre la resolución del Ministerio de Agricultura que enlaza con el incremento indicado: el cierre del registro en el que se declaran las exportaciones de granos y subproductos.
Lo habíamos señalado en estas páginas días atrás. El gran desafío oficial es conseguir los recursos inmediatos para salir del pantano. Una vez que la economía argentina se pone en movimiento, su potente dinámica silvestre permite al Estado un nivel de recaudación que facilita el impulso al consumo y la producción. Pero el arranque, es complicado.
Lo es porque el apagón económico macrista dejó nuestro esquema industrial (asentado en el consumo), inactivo, y simultáneamente desdibujó los recursos nacionales acumulados en el Banco Central y el Banco Nación. En el primer caso, con divisas dilapidadas en una infructuosa carrera sobre el dólar que a su vez el mismo gobierno potenciaba al fomentar la especulación, y en el segundo mediante el empleo de los ahorros para hacer frente a compromisos externos.
La modificación al esquema de retenciones es uno de los primeros actos de la nueva administración para poner en marcha la rueda económica y atender a las franjas sociales damnificadas. Como se informa en estas páginas, a última hora del viernes, Fernández también dictó un decreto de necesidad y urgencia en el que fijó por 180 días la doble indemnización para los despidos sin causa.
Ahora, el presidente y su equipo económico analizan el proyecto de Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva. Si concluyen rápido, empezará a tratarse en el marco de las sesiones extraordinarias del Congreso que convocó el Ejecutivo. Dentro de los anticipos de la Gráfica y en la misma línea de las retenciones, alzará el impuesto a las compras en el exterior y a Bienes Personales.
Las fuentes consultadas por nuestro medio indicaron que los avances impositivos anti regresivos son razonables y que resultan indispensables para mejorar la situación económica nacional. “Macri impuso los 4 pesos por dólar en septiembre de 2018. Por esa fecha el dólar cotizaba 38 pesos. Ahora con el dólar al doble de aquél precio, representan la mitad”. El decreto está suscripto por Alberto Fernández, el jefe de Gabinete Santiago Cafiero; el ministro de Economía Martín Guzmán, y el ministro de Agricultura Luis Basterra.
Los buitres que se beneficiaron con la ruinosa política previa empezaron a vertir cuestionamientos. “Esto no va a caer bien en el sector, no va a gustar”, dijo Matías De Velazco, presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap). Carlos Iannizzotto, titular de Coninagro, señaló que el presidente “comienza a faltar a su palabra” porque “dijo que no iba hacer cosas sin consultas”.
“Cuando era candidato dijo que nos iba a consultar, y eso no ha sucedido. Con el ministro Basterra nos juntamos el jueves y no nos comentó nada”, señaló en la misma línea, Daniel Pelegrina, presidente de la Sociedad Rural Argentina. Jorge Chemes, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), indicó que la Mesa de Enlace tendrá una reunión “urgente”. “El diálogo es la principal herramienta y es fundamental que nos escuchen. Creo que ya lo tenían decidido para salir con un efecto sorpresa. El impacto en la rentabilidad va a ser fuerte”, señaló.
La Federación Agraria Argentina (FAA), definitivamente alejada de quienes dice representar, volvió a ponerse a la cola de la oligarquía. Carlos Achetoni, su presidente, manifestó que “Hay un estado de alerta que no había. Nuestras bases están llamando, nos están consultando, hay obviamente malestar en el pequeño productor. Aquel que ya venía mal y que ahora ve que va a estar un poco peor. Estaremos en contacto con el resto de las entidades para ver cómo se da la secuencia en estos días y cuáles son las mejores maneras de salir de toda esta situación”.
La situación planteada es de interés y resulta esencial la labor explicativa gubernamental y comunicacional. A diferencia de la prédica liberal tradicional, el Estado no sólo tiene el derecho sino también la obligación de volcar los impuestos generados por la actividad económica sobre la misma sociedad para fomentar el despliegue de un reimpulso a la producción. Cuando se agita el concepto de ahorro para cuidar las cuentas fiscales, se informa en realidad que la economía no crecerá.
La producción agropecuaria argentina está primarizada y destinada a la exportación por decisión de grupos empresariales concentrados que hacen uso de recursos naturales de la Nación en beneficio particular. No necesitan mercado interno ni desarrollo industrial porque el eje de su enriquecimiento radica en esas ventas y en la utilización sectorial de las divisas obtenidas. La determinación gubernamental de aprovechar algunos de esos beneficios en sintonía colectiva, es inobjetable.
Sólo la objetan quienes exigen la persistencia del hundimiento y dan la espalda al desarrollo conjunto de la vida nacional.
- Area Periodística Radio Gráfica / Director La Señal Medios / Sindical Federa
