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El ex ministro de Planificación Federal y diputado nacional en el presente, Julio De Vido, cruzó al gobierno nacional y a su vocero, el diario La Nación, por un artículo donde afirma que una gran cantidad de obras públicas se encuentran frenadas por la decisión del Poder Ejecutivo de realizar auditorías sobre los contratos firmados durante la administración kirchnerista, ya que en algunos podría haber habido «extraños movimientos financieros», entre otras presuntas irregularidades.
En un comunicado, De Vido calificó como «peligroso el contenido de la nota» y remarcó que «el Estado tiene continuidad y paralizar las obras siempre tiene consecuencias». «Están en la Ley. Las consecuencias son siempre perjuicio al erario público (a la plata de todos los argentinos) y debería ser responsabilidad personal de los que toman las decisiones de estas consultoras privadas contratadas directamente que están ‘auditando'», agregó.
Según el ex ministro, «no se necesita mucha auditoría» ya que «todas las obras licitadas y adjudicadas» durante su gestión la tienen «desde que se inicia el expediente». «Está todo informado en la documentación de traspaso que les dejé sobre el escritorio y entregué a cada organismo de control y garantía. Parece que los funcionarios actuales no lo han leído», sostuvo, e ironizó: «Me quedaron ejemplares, si me avisan se las mando. Eso sí son muchas hojas: ¡12 años!».
En ese sentido, advirtió: «A menos que vayan a echar también a los funcionarios y empleados que intervinieron por la secretaría de Obras Públicas, la Dirección Nacional de Arquitectura, la Contaduría General, SIGEN, AGN y todos los que tienen intervención necesaria en los procesos licitatorios, evaluaciones, contrataciones, imputaciones presupuestarias y pagos». «Y no se olviden de todos los legisladores que año a año aprobaron los presupuestos y los fondos para hacer las obras. Todas las personas, funcionarios y empleados, que intervinieron en la gestión de todos los expedientes públicos donde tramitan las obras», añadió.
«Bajo la lupa debería quedar está nota y todos los irresponsables que desconocen que el Estado tiene continuidad y que no depende de la voluntad de una persona. No hay ‘extraños movimientos financieros’, hay leyes y normativa que cumplir en cada trámite, que no inventé yo», subrayó, y llamó a los periodistas a leer la Ley de Procedimientos Administrativos «para informar a ciudadanos con la verdad». «No le tengan miedo a la verdad», sentenció.
«Los funcionarios de este Gobierno que se sorprenden, se lamentan, se indignan o se ríen demuestran qué poco les importan las obras porque seguramente no saben para qué sirven. Desde el mercado es difícil entender qué es el bienestar general. No figura en las reglas de mercado», consideró.
Por eso, agregó, «piden a gritos que se declare la emergencia en todos los temas» ya que esa «es la forma de contratar directamente a quienes ellos quieran». «Sorpréndanse todo lo que quieran pero ojo, que los expedientes no desaparezcan porque pueden reconstruirse. Esto también lo dice la Ley. No tenga miedo de gestionar, sólo hay que comprometerse con la realidad y tomar decisiones para cambiarla. ¿No vinieron a eso? El alto impacto de echarle la culpa al que se fue tiene patas cortas», concluyó.
Distintos referentes gremiales de la provincia de Buenos Aires indicaron hoy a La Señal Medios que la paralización de obras configura un problema de urgente resolución. “Imaginen, miles de obreros de la construcción sin trabajo, de una semana para la otra, y sus consecuencias sociales”, aseveraron. Asimismo, fuentes del municipio de La Matanza, el más importante del distrito, señalan que sin fundamento y en breve lapso, el gobierno nacional generó una crisis laboral carente de sentido.
Agencias / La Señal Medios
