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La persecución a Víctor Hugo demuestra la diferencia entre Cablevisión y Fútbol para Todos

A fines del 2000 Boca Juniors enfrentó en Japón al Real Madrid por la final de la Copa Intercontinental y venció por 2 a 1 con dos goles de Martín Palermo. En aquellos años, las transmisiones del fútbol eran propiedad de empresas privadas y para ver un evento de esas características era necesario pagar un plus por la señal.

En ese contexto, el relator Víctor Hugo Morales conducía Desayuno, un programa que se transmitía por la televisión pública, y la producción del canal decidió mostrar por un monitor que se encontraba a espaldas del conductor fragmentos del encuentro.
Por esa razón, Cablevisión, la compañía dueña de los derechos de la transmisión del evento deportivo, decidió iniciar una demanda legal que no salió como espera. En el fallo de primera instancia, sólo el productor de Desayuno, Eduardo Metzger, y ATC (Canal 7) habían sido condenados.

Pero, a través de una apelación, la empresa consiguió una nueva medida. El pasado viernes, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal corrigió el fallo de primera instancia del juez Fernando Saravia que exculpaba al relator por la exhibición de las imágenes y condenó a Víctor Hugo, su productor y a ATC a pagar casi $ 3,5 millones.

La defensa de Víctor Hugo había planteado como estrategia aducir que el periodista no tenía ningún poder de decisión sobre los temas de producción y que sólo seguía órdenes. Pero, en segunda instancia el tribunal entendió que «la obediencia debida como causa de eximición de responsabilidad no puede ser invocada».

«El deber de obediencia en una democracia no es ilimitado ni ciego», señala el texto judicial y profundiza: «Una orden del patrón, empleador o comitente no justifica en modo alguno la comisión de un acto ilícito por parte del empleado o dependiente».

En el marco de esta causa, la Justicia ordenó el allanamiento y un embargo preventivo en el departamento de Libertador del conductor.

Lo que cuestiona el abogado de Víctor Hugo, Miguel Pierri, es que la medida no hacía falta de ninguna manera debido a que el conductor puede responder a la suma que se le ordenó pagar.

«Nadie puede pensar que Víctor Hugo es una persona que no pueda responder con su patrimonio a la pretensión económica del Grupo Clarín, que le reclama 800 mil pesos», sostuvo. El fallo original señala un pago de 800 mil pesos, pero debido a los intereses suman en la actualidad 3,5 millones.

En tanto, el periodista expresó que esta maniobra mediática judicial está directamente vinculada a su militancia en contra del multimedio: «Son una verdadera mafia a la que enfrento desde hace 20 años, y las facturas llegan».

Infonews / Prensa Activa / La Señal Medios

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