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Por GABRIEL FERNÁNDEZ *
La humedad insoportable que caracteriza a los centros de detención no alcanzó para evitar el incendio. La comisaría 3ra de Esteban Echeverría no parece un buen lugar para lograr la recuperación de los detenidos y reinsertarlos en la comunidad. ¿La quemazón de los cuerpos oculta las torturas? Difícil, si las autopsias resultaran genuinas; pero si las llevan adelante cuerpos médicos ligados a la institución, el hallazgo de la verdad, se complica.
Lo cierto es que hace pocas horas murió Fernando Arguello. Décima víctima fatal de la masacre acaecida en ese centro policial el 15 de noviembre. En tanto, otros dos sobrevivientes continúan con tratamientos ambulatorios para afrontar las lesiones generadas por el incendio. La Comisión Provincial por la Memoria indicó que Arguello tenía 33 años y estaba detenido desde el 25 de octubre a cargo de la comisaría 1ra de Monte Grande pero alojado en la 3ra de Esteban Echeverría.
El joven había sido recluído por tenencia ilegal de estupefacientes. Un delito de baja intensidad. Desde la madrugada de la masacre, Arguello estuvo internado en estado crítico en el Hospital Eva Perón; murió este martes.
Es interesante puntualizar que a la decena de víctimas resulta preciso sumar los siete muchachos asesinados en la comisaría 1ra de Pergamino: esto indica que ya se registran 17 muertos por incendio en centros policiales bonaerenses durante la gestión del ministro Cristian Ritondo. Sin embargo, no se conoció pronunciamiento alguno de la gobernadora María Eugenia Vidal, quien sólo alzó la voz para referirse a la “violencia machista”.
La Señal Medios consultó a los familiares de los asesinados: «Cuando ocurrió la masacre de Pergamino, la Comisión Provincial por la Memoria dijo que si no había cambios de fondo en las políticas de seguridad y encierro las masacres seguirían ocurriendo. La respuesta del Estado provincial fue profundizar la política de encierro y hacinamiento en comisarías. Muchas de esas comisarías, como la 3ra de Esteban Echeverría, están inhabilitadas para alojar personas», señalaron.
El concepto de inhabilitación no es antojadizo. Se asienta en los propios diagnósticos oficiales. Por eso los familiares añadieron que desde 2011 la comisaría 3ra estaba inhabilitada para alojar personas detenidas. Al momento de la masacre, tenía siete clausuras, seis por orden judicial y una por resolución del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, el propio Ministerio desobedeció cada una de estas clausuras.
En las redes, mientras se priorizaban otros asuntos, los operadores del oficialismo hicieron circular consideraciones que apelaban al sentido común: lo difícil que es lidiar con los detenidos, la tendencia de los mismos a alborotar y a plantear protestas. Su violencia. Pero nada de eso se registró en realidad. De allí que los familiares indicaran, sin margen de error que “no fue un motín, no fue un accidente”.
Fueron más allá: «Esta masacre también es producto del hacinamiento, las condiciones inhumanas de detención y la falta elementos de seguridad: la comisaría no contaba con colchones ignífugos, sistema de prevención de incendios, plan de contingencia ni matafuegos adecuados para apagar el fuego. Los dos matafuegos existentes se encontraban vencidos y tenían colchones de gomaespuma, prohibidos por ser altamente inflamables y tóxicos», denunciaron.
También se pronunció la CPM. La entidad afirmó que «el intendente de Esteban Echeverría reconoció la responsabilidad del Estado y la grave situación de las comisarías bonaerenses, y se comprometió a acompañar a las familias en el reclamo de justicia».
Con claridad, el Centro de Estudios Legales y Sociales recordó que “En la provincia de Buenos Aires es ilegal alojar personas en comisarías. Sin embargo hay más de 4000 personas detenidas en alcaldías y comisarías”. En la investigación sobre el incendio, puso de relieve que “La Suprema Corte provincial no da respuesta a los reclamos. El gobierno no cumple decisiones judiciales y el Estado argentino incumple las decisiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que le exige respuestas en el marco de medidas cautelares que el Estado menosprecia”.
Con menos detalle legal pero mucho afecto, Melany, pareja de uno de los reclusos muertos, testimonió ante medios de la zona que “En la celda 1, donde estaba mi novio, eran 15 más o menos. En la otra, eran siete u ocho, y, en el Buzón eran cuatro. Sinceramente, adentro era horrible: no tenían cómo dormir, dormían en el piso”.
Vale recordar que a las pocas horas de registrado el incendio, los familiares denunciaron que los uniformados que custodiaban a los presos «cerraron la llave de paso de agua de las celdas impidiendo que los detenidos apaguen el fuego». La única respuesta a semejante acción fue la desafectación de cinco policías involucrados en los sucesos.
La crítica e irregular situación no se descubrió a partir del incendio. Quince días antes del mismo, la Iglesia, a través de los obispos Eduardo García (San Justo) y Jorge Lugones (Lomas de Zamora), había advertido el hacinamiento y las malas condiciones de la Comisaría 3ra y sugerido a la provincia la adopción de «medidas necesarias en el ámbito de sus atribuciones constitucionales».
El próximo sábado 15 de diciembre, al cumplirse el primer mes de la masacre, se realizará una marcha por las calles de Monte Grande. La movilización comenzará en la plaza Mitre de Monte Grande a las 18 horas y culminará en el Espacio de la memoria de dicha ciudad.
Junto a Fernando, los otros detenidos asesinados en Esteban Echeverría son Jeremías Rodríguez (de 19 años), Jorge Ramírez (30), Eduardo Ocampo (60) y Juan Lavarda (59), Juan Carlos Fernández (31), Walter Barrios (21), Elías Soto (20), Miguel Ángel Sánchez (31) y Carlos Ariel Corvera (25).
- Director La Señal Medios / Sindical Federal / Area Periodística Radio Gráfica
