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Por GABRIEL FERNÁNDEZ *
La existencia de paraísos fiscales es un dato de la realidad económica internacional: numerosos empresarios y personas acaudaladas en general blanquean sus dineros de origen irregular y evaden cargas impositivas mediante depósitos en instituciones que operan por fuera de la reglamentación financiera que rige al interior de cada nación.
La acción, delictiva en sí misma, evidencia la cumbre de un esquema rentístico en el cual lo único importante es la ganancia rápida y deja de lado cualquier intento de utilización material de esos recursos para mejorar la actividad económica productiva de una región. Si los privados deben dar respuesta por esa deshonestidad, los funcionarios públicos se merecen una punición especial, más intensa.
Esto se debe a que los mismos manejan fondos públicos, por un lado, y a que se encuentran al frente de organizaciones estatales que se encargan de garantizar el funcionamiento legal de sus sociedades y recaudar los impuestos de las mismas. Si los responsables evaden, fugan y blanquean, ¿qué pueden exigir a sus pueblos? De allí la trascendencia internacional del problema.
Ahora bien, se ha denominado Panama Papers a la difusión pública de documentos de la firma de abogados Mossack Fonseca, con sede en Panamá. Una fuente anónima entregó la voluminosa información al diario alemán Süddeutsche Zeitung, que lo hizo llegar al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).
Estos materiales dan cuenta de una gran lista de dirigentes, empresarios y personalidades que vienen ocultando propiedades de empresas, activos, ganancias y tributos. Lo hacen por los únicos motivos que fundamentan la creación de entidades off shore: la evasión impositiva y el blanqueo de capitales de origen ilegal.
Los involucrados contratan a la empresa de abogados consultores Mossack Fonseca –y a otras- para crear compañías que les faciliten –fuga mediante- conservar y “legalizar” sus ingresos sin hacer frente al pago de los gravámenes correspondientes ni dar explicaciones ante los poderes judiciales locales sobre el modo de adquisición de los mismos.
Los primeros resultados fueron presentados el 3 de abril de 2016 por 109 medios de comunicación (periódicos, canales de televisión y plataformas digitales) en 76 países. El 9 de mayo de 2016 el ICIJ publicó la base de datos completa, que funciona bajo licencia Open Database License (ODbL, v1.0) y sus contenidos fueron liberados.
Ese mismo 3 de abril la información fue publicada por nuestro medio, La Señal Medios, en este artículo: http://laseñalmedios.com.ar/2016/04/03/lavado-y-evasion-macri-en-los-panama-papers/
Desde ese momento hemos realizado 24 notas, sin contar la presente, con datos certeros y claros al respecto, que pueden hallarse recorriendo estas páginas o colocando en google la simple fórmula Panamá Papers + La Señal Medios.
Mientras la mayor parte de los espacios periodísticos, incluyendo algunos involucrados en el ICIJ, difuminaron el vector informativo aprovechando el volumen mundial de las revelaciones y remitiendo a páginas interiores, desde aquí señalamos que para nuestro país el problema se asienta en la presencia directa del presidente Mauricio Macri entre los autores del delito.
Efectivamente, Macri y varios de los miembros de su familia y del gabinete de ministros –algunos ahora, secretarios de Estado- no se encuentran “sospechados” sino que son parte del directorio de firmas instaladas en paraísos fiscales con el objetivo de fugar, evadir y blanquear. Sus nombres y sus firmas, sin adulteración alguna, son los que lideran esas corporaciones destinadas al crimen económico.
Junto al actual presidente argentino están involucrados, en situaciones equivalentes: Héctor Magnetto (CEO del Grupo Clarín), Amalia Lacroze de Fortabat (1921-2012), dueña de la empresa de cemento Loma Negra, Carlos Blaquier, Alejandro Blaquier, Carlos Herminio Blaquier, Agustina Blaquier, María Blaquier, Carlos Alberto Blaquier, Milagro Blaquier y María Marta Taquini (empresa Blaquier), Francisco de Narváez (político y empresario colombiano, ex diputado nacional), Luis, Mario y Lilia Pagani (dueños de Arcor), Alfredo Coto (dueño de la cadena de supermercados), Alejandro Roemmers (empresario farmacéutico). Daniel Carlos Garbarino (empresario), Néstor Grindetti, actual intendente de Lanús, y ex ministro de Hacienda de la ciudad de Buenos Aires durante el Gobierno de Mauricio Macri (entre 2007 y 2015), Alejandro Burzaco, (imputado en 2015 por la justicia de los Estados Unidos en el caso de corrupción de la FIFA), Alejandro Daniel Muñoz, fallecido en 2016, Claudio Belocopitt (empresario, presidente del Swiss Medical Group, dueño de América TV y La Red) y Daniel Angelici presidente del Club Boca Juniors.
Entre otros, como hemos evidenciado texto tras texto.
Macri confesó ante la justicia argentina y brindó “atenuantes” basados en la narración de sus intenciones íntimas, no en datos concretos. Confirmó su participación como director en la sociedad offshore Fleg Trading con sede en Bahamas, pero alegó que se trata de una empresa familiar, creada por su padre, el empresario Franco Macri, que ocasionalmente habría dirigido y que «nunca tuvo ni tiene una participación en el capital de esa sociedad». El 4 de abril se conoció una nueva sociedad de Mauricio Macri en Panamá, Kagemusha S. A, aún activa según el Registro Público de Panamá.
Para envidia de delincuentes mayores y menores, el Poder Judicial argentino señaló que el presidente de nuestro país no participó en las decisiones empresariales de esas firmas y que, pese a estar en el directorio y haberlas presidido, no percibió dividendos de las mismas. Es decir, se lo pidió su papá -¿no armó Franco las empresas offshore con intenciones delictivas?- y él obedeció como buen hijo, sin que ello le brindara beneficio alguno.
La interpretación psicológica asentada en los vínculos familiares para cerrar la investigación sobre Mauricio Macri podría narrarse de este modo: un padre ladrón, al frente de una banda, organiza un hurto y le solicita a su hijo que participe; el mismo lo hace, sustrae lo planificado y se lo entrega a la asociación criminal. Por algún motivo, la Justicia estima que el hijo no es responsable de lo que ha hecho… pero el padre y la banda, tampoco.
Esta es la verdad, en territorio muy sintético, del honestismo del PRO Cambiemos UCR al frente de nuestro Estado. También, de la prédica en la misma dirección llevada adelante por los medios de comunicación que operan como protectores de la imagen oficial, al tiempo que se presentan como fiscales de la “corrupción” gestada por políticos nacional populares y sindicalistas variados.
Pero eso no es todo. Más allá de los Panamá Papers están IECSA – SACDE, el Correo Argentino, Odebrecht, el financiamiento de campaña, Laura Alonso, Juan José Aranguren, Luis Caputo, GHELLA, LATIFER, ODS, EMES Energía, Gas del Centro, Gas Cuyana. Y otros títulos del gran desfalco al país generado, nuevamente, por la oligarquía liberal en el gobierno.
Durante algunos meses, debido a la formidable campaña cívica a favor de la honradez desplegada por los grandes medios, bajamos el tono informativo –aunque persistimos en no ocultar nada- para no contribuir a un contraste con derivación antipolítica (“a ver quién es más ladrón”). Pero aquí estamos nuevamente, refrescando el presente.
Los más grandes delincuentes de nuestra historia han vuelto a hacerlo. A modo de recurso vulgar pero efectivo, llamado salidera, lo han concretado gritando a viva voz: “Al ladrón, al ladrón”.
Es preciso extremar los esfuerzos para que una parte importante de la sociedad recobre el razonamiento y evalúe con datos efectivos qué sucede. El panorama es atractivo para quienes interesa la investigación y el debate sobre comportamientos públicos, pues la información del latrocinio macrista está a la vista. Ya no es preciso ingresar por las noches a las oficinas de Mossack Fonseca y cargar en un pen drive documentos clasificados. Si bien están distorsionados en la web, lo cierto es que están.
- Director La Señal Medios / Sindical Federal / Area Periodística Radio Gráfica
