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viernes , diciembre 14 2018
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ASTILLERO RÍO SANTIAGO / Un plan perverso e ilegítimo para demonizar a los trabajadores, sus gremios y la industria naval argentina

Por OMAR ZANARINI *

Es vox populi que el gobierno de Cambiemos lleva adelante operaciones que tienen por objetivo perseguir y encarcelar a opositores, con la clara intención de aplicar políticas de Estado contrarias a los intereses del pueblo, los trabajadores y la Nación misma.

Los mecanismos , que definimos como operaciones desde el Estado, han alcanzado un nivel de sofisticación y articulación que incluyen no solo la utilización de los medios de comunicación hegemónicos, sino también la capacidad punitiva del Poder Judicial.

Esto se conoce como Lawfare: la utilización de la justicia y los medios para construir una imagen negativa de opositores al gobierno. Esto es, desde una perspectiva política, la utilización de todos los recursos disponibles a fin de lograr la construcción del enemigo político, no del gobierno, sino de la sociedad toda.

Un reciente documento filtrado a distintos medios de comunicación, entre ellos Radio Gráfica, pone en evidencia las mentiras de la gobernación de la provincia de Buenos Aires. El mismo apareció luego de la ocupación pacífica del ministerio de Economía de Provincia de Buenos Aires por parte de los trabajadores.

El documento habla explícitamente de operaciones para la “construcción del enemigo” y propone asociar a ese enemigo con la representación gremial de los trabajadores en ATE Rio Santiago. Según define, busca “mostrar el mal” y continuar operando para generar una “Acción Continua de pequeñas cosas” fin de lograr la reducción de la planta ARS y justificar su cierre.

El documento filtrado, titulado “Agenda Integral” es un plan detallado de operaciones de Estado, que desnuda la utilización de lo que se denomina Lawfare, que incluye maniobras en conjunción con los medios de comunicación y la justicia a fin de perseguir el “objetivo” de cerrar el ARS o bien llegar a despedir para el año 2018 más de 765 trabajadores.

Esta Agenda Integral se compone de tres niveles: Económica, Judicial y Pública. Las mismas funcionarán en simultáneo y se ejecutarán en etapas bien definidas, con la finalidad de generar condiciones subjetivas para justificar las acciones contra el ARS, los gremialistas, el sindicato de ATE y las cooperativas del Plata y Frate.

Así encontramos la primer “Agenda Económica”, que describe las acciones que la dirección realizará hacia dentro de la empresa, que va desde la “Primera Etapa”, la eliminación de horas extras, pasando por un control más estricto de los trabajadores, la intimación a quienes están en edad jubilatoria; la revisión y eliminación de premios; el traslado del pago de sueldos al gremio de  trabajadores que laboran para la entidad gremial; la reducción de turnos nocturnos, guardia, suspensiones y, finalmente, el despido de 765 trabajadores.

Esto último “si se descarta la opción de cierre”.

El segundo nivel es la “Agenda Judicial / Legal”: supone una “Denuncia Penal de Hechos Ilícitos”, que disparará las acciones planificadas en la Agenda Integral y justificará los pasos del Estado. Al mismo tiempo, el envío de informes armados para comenzar a difundirlos en los medios. En la descripción de la Agenda Pública, que a continuación detallaremos al describir la “Segunda Etapa”, explicita que ésta comienza “una vez que la Justicia lo habilite”.

Según se puede observar en el documento filtrado, la denuncia por “Hechos Ilícitos” no aparece dentro de ninguna etapa, pero enuncia las temáticas que se utilizarán: Incendio de Barco; Amenazas; Discursos que atenten contra el orden democrático. Y según detalla, con el amparo del clima generado comunicacionalmente,  se pondrá en marcha la denuncia.

Efectivamente, el presidente del Ente Administrador del Astillero Rio Santiago, Daniel Capdevila, presentó una denuncia judicial donde queda clara la maniobra para construir al enemigo y anclarlo en la figura del sindicato ATE – Seccional Ensenada. La denuncia presentada es por “administración fraudulenta”, donde se resalta que existieron “actos administrativos irregulares”, destinados a desviar importantes sumas de dinero “en favor de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y de contrataciones injustificadamente onerosas y gravosas”.

Instalada la primer denuncia por hechos ilícitos, el documento propone como acción de la “Primera Etapa”, una vez que tomen competencia los tribunales de Lomas de Zamora, dar curso a una investigación por presunto “Lavado de Dinero y Asociación ilícita”, donde operarán sobre el armado de “presuntas irregularidades que tienen que ver con el manejo de fondos de ATE girados por ARS”.

Será en la “Segunda Etapa” de la agenda judicial donde se desplegará a pleno la estrategia del gobierno para desprestigiar a ATE y “otros gremios marítimos”, al operar contra los mismos e intentar vincular las supuestas maniobras ilícitas con la administración anterior.

Señala el documento que buscarán ampliar la denuncia, y focalizarla “en el concepto de Asociación Ilícita”, a la vez que presentarán un “análisis de Contratos y Servicios de Reparaciones o construcciones” a fin de instalar la idea de un “grave perjuicio patrimonial al ARS”, donde se encontrarán “contratos/o estimaciones con cláusulas o condiciones comerciales perjudiciales para con el ARS” y se presumirá “connivencia con ATE y otros gremios marítimos”.

Pero todo el potencial está puesto en el tercer nivel de la agenda integral, definida como “Agenda Pública”, y que claramente refiere a las acciones mediáticas. Estas operaciones funcionarán bajo la premisa de “mostrar el mal” a través de una “acción continua de pequeñas cosas”, definidas en la primera etapa como medidas “proactivas en off”. Son dos. Consisten en informes enviados a la prensa, previamente tematizados sobre los elementos de la Agenda Económica , armados a modo de “pruebas para que se evidencie el mal y podamos actuar”.

El objetivo principal de éste nivel es el de la “construcción del enemigo”, sobre la base de supuestas “amenazas” y “discursos que atentan contra el orden democrático”, los que permitiría al gobierno “seguir consolidando el perfil del enemigo”.

La segunda etapa de la agenda pública consiste en medidas “reactivas”, sobre la base de las acciones contempladas en la Agenda Judicial; allí se busca que los medios consoliden la idea de “la lucha contra las mafias y los privilegios gremiales” y muestren la gestión de gobierno como paladín de la justicia: “mostrar nuestra transparencia, no somos cómplices, no somos parte, damos la pelea contra ‘otro gremio corrupto’”. Esta segunda etapa que se inicia “una vez que la Justicia habilite (sic)”. Asimismo deja en claro que “no habrá comunicaciones para no perjudicar ni interferir en el desarrollo”.

La tercera fase de la agenda pública se iniciará “una vez ejecutadas las medidas de la agenda económica y está destinada a tematizar la necesidad de “reducción de personal; Categorías y vacantes; Eficiencia y control de la Administración”. El objetivo en esta tercera fase es doble, por un lado “mostrar la resolución del problema” y por otro los logros en “la lucha contra las mafias y los privilegios gremiales”.

A tal fin el argumento –a todas luces irregular institucionalmente y asentado en falacias armadas contra obreros y sindicatos- se construye al plantear como efectivas las operaciones: “habiendo dejado en evidencia el mal, resulta más sencillo explicar y justificar en el frente comunicacional las decisiones de gestión”.

OZ / GF / RG

 

Publicado originalmente en Radio Gráfica www.radiografica.org.ar

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