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lunes , octubre 22 2018
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LA CORPORACIÓN MEDIÁTICO JUDICIAL / Los cuadernos de Macri

Por HERNÁN VACA NARVAJA *

 

Detrás de la brutal ofensiva contra la ex presidenta está la decisión política de la corporación político-mediático-judicial de impedir que Cristina Fernández de Kirchner vuelva al poder.

 “Los focos de corrupción aparecieron por todos lados, por supuesto, pero la marea de denuncias fue tan caudalosa que los episodios pequeños acabaron por hacer olvidar los grandes y el sol quedó literalmente tapado por la sombra de un dedo. Disimulados entre los ladrones de diez dólares, los grandes corruptos se escaparon con facilidad por los agujeros que había abierto el ejército de improvisados fiscales”.

Tomás Eloy Martínez.

 

Todo estaba en los cuadernos. Y en los bolsos. Y en las bóvedas. El relato de los medios hegemónicos, embarcados como nunca en un “periodismo de guerra” (Julio Blanck dixit) contra la senadora Cristina Fernández de Kirchner, no presenta fisuras: es un discurso compacto, monolítico, a caballo de una prédica de post verdad que apunta a reconvertir al modelo político más inclusivo de las últimas décadas en una virtual asociación ilícita dedicada a vaciar las arcas del Estado en beneficio propio.

A fuerza de repetición, el discurso de los medios hegemónicos –con el grupo Clarín a la cabeza- terminó haciendo mella en una sociedad permeable a ese influyo mediático abrumador. Y así llegamos a fines del año 2015, con un pueblo polarizado entre quienes defendían los derechos adquiridos en la década ganada y los que aseguraron que esos derechos no serían vulnerados sino ampliados con un manto de transparencia republicana y una lluvia de inversiones. Y así llegó, por una módica diferencia en el balotaje, el histórico triunfo del que hoy es el peor gobierno de la historia contemporánea argentina.

La pelea del kirchnerismo con el grupo Clarín vive en estos días uno de sus capítulos más intensos. A menos de tres años de asumir, el presidente Maurizio Macri superó con creces los augurios más oscuros de la “campaña del miedo” que atribuyeron al kirchnerismo: desocupación, devaluación, inflación, despidos masivos, cierre de medios de comunicación críticos, caza de brujas, represión, destrucción de las pymes, desaparición de personas, redistribución regresiva de la riqueza, fuga de divisas, timba financiera, endeudamiento récord y -como triste y previsible corolario- la vuelta al Fondo Monetario Internacional. Revisar hoy el debate presidencial entre Macri y Daniel Scioli produce escozor. Visto a la distancia, parece una obra maestra de cinismo y humor negro.

 

A pesar del rotundo fracaso de su política económica –o el éxito de unos pocos, que tienen sus capitales afuera y en dólares-, el gobierno de Cambiemos logró legitimarse en su primer test electoral. Fue hace escasos nueve meses, en octubre del año pasado, aunque parece que hubiera pasado un siglo. En base al blindaje mediático, una campaña proselitista tramposa y millonaria –desnudada por la impecable investigación periodística del joven Juan Amorín en El Destape–  y la fractura de la oposición, el oficialismo se llevó una impensada victoria. Envalentonado por el veredicto de las urnas, decidió profundizar el “modelo”, con los resultados a la vista.

Durante su primer tramo de gobierno, Macri contó con el invalorable aporte del Frente Renovador de Sergio Massa y José Manuel De la Sota y del “peronismo racional” (sic) del senador Miguel Pichetto y el gobernador Juan Schiaretti, entre otros.  Esa alianza parlamentaria le dio luz verde para pagarle fortunas a los fondos buitre, destruir la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, avalar la inclusión en la Corte Suprema de Justicia de dos abogados que estaban dispuestos a asumir por decreto y tomar crédito en el exterior en forma compulsiva, ubicando al país al tope del ranking de naciones más endeudadas del mundo.

En estos dos años y media, Argentina pasó de ser ejemplo mundial en materia de derechos humanos a ser sancionada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por mantener la ilegal prisión de Milagro Sala; del ejemplar juzgamiento de crímenes de lesa humanidad con todas las garantías a la liberación y/o prisión domiciliaria de los genocidas; de encausar la protesta social a la provocación y represión de los  manifestantes, incluidos los brutales operativos que cegaron las vidas de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel; de reclamar la soberanía en Malvinas en los foros internacionales a rendir pleitesía al gobierno británico y abandonar a su suerte a los familiares de las 44 víctimas del submarino Ara-San Juan.

No conforme con ese luctuoso saldo y a contrapelo del consenso democrático refrendado por tres gobiernos diferentes –Alfonsín, Menem y De la Rúa-, el gobierno de Cambiemos impulsa irresponsablemente que las Fuerzas Armadas intervengan en conflictos internos.

La única verdad

A pesar del monolítico discurso mediático, cada vez más concentrado –el grupo Clarín concentra el 42% de la telefonía fija, el 34% de la telefonía móvil, el 56% de las conexiones a Internet por banda ancha, el 35% de conectividad móvil y el 40% en TV paga, además de sus medios gráficos, radiales y televisivos, según consignan Martín Becerra y Guillermo Mastrini en su última actualización del Mapa de medios de Argentina-, la realidad golpea cotidianamente el bolsillo de los argentinos: tarifazos, inflación, liberación de las naftas, poda a jubilaciones, cepo salarial, desfinanciamiento de las universidades y empresas del Estado potencian el mal humor social y el creciente rechazo al gobierno, reflejado inequívocamente en encuestas propias y ajenas.

Más allá del pandemónium mediático, la gente extraña las condiciones de vida que tenía durante el demonizado “gobierno K”, cuando la preocupación central de la CGT era el pago del impuesto a las ganancias (que Macri prometió eliminar y terminó ampliando). A la catástrofe económica y social devenida de la aplicación de un neoliberalismo tardío y a contrapelo del mundo, el oficialismo suma la virtual destrucción de las instituciones democráticas y especialmente del Poder Judicial.

En menos de tres años, el gobierno forzó la renuncia de la procuradora Alejandra Gils Carbó –dejando al Ministerio Público Fiscal en manos del obediente Eduardo Casal-, destituyó y/o trasladó a los magistrados que no acompañan el “cambio” y premió a los adictos con ascensos y traslados sin que mediara concurso alguno. Ayer, el mismo día que se conoció la bochornosa condena a Amado Boudou, Clarín anunció que el presidente del tribunal que ordenó su detención -pese a que la sentencia no está firme- será ascendido a la estratégica Cámara Federal.

 

Clarín y La Nazión, previsiblemente, titularon en tapa con la “histórica” condena al ex vicepresidente. Y no se equivocaron: la sentencia es “histórica” por arbitraria. A contrapelo de lo resuelto por el tribunal, en las audiencias se probó que Boudou no conocía a su supuesto testaferro Alejandro Vanderbroele ni era propietario de The Old Fund, la empresa que adquirió Ciccione Calcográfica. Los verdaderos aportantes – el banquero Jorge Brito y el empresario de medios Raúl Moneta- ni siquiera estuvieron en el banquillo de los acusados. El corolario de tamaño desatino judicial fue la decisión de enviar a Boudou a la cárcel, pese a que la condena no está firme y debe ser revisada en instancias superiores. Pero había que aleccionar. Y los jueces, en votación dividida, aleccionaron. Como aleccionaron otra vez a Milagro Sala: aprovechando la aparición de los “cuadernos de la corrupción” versión jujeña, la trasladaron a una cárcel de Salta.

El resultado de la destrucción institucional del gobierno de Cambiemos está a la vista: el edificio de Comodoro Py es un comité político –para rendir homenaje a los socios menores de la nueva Alianza- y hay decenas de presos políticos sin condena.

Los cuadernos

La última puesta en escena de la corporación político-mediática-judicial es la estrafalaria historia de los “cuadernos de la corrupción” –de la corrupción K, por supuesto-, cuyos actores parecen tomados de una novela del genial Osvaldo Soriano: un connotado periodista de La Nazión que viaja a dar conferencias de Cambiemos con pasajes de avión pagados por la Jefatura de Gabinete, un ex militar desafectado de la fuerza que ofició de chofer del número dos del otrora todopoderoso Julio De Vido, un policía federal retirado que reivindica la dictadura de Videla y Cia, y un grupo de empresarios “arrepentidos” de inocultable afinidad con el oficialismo, incluido el mismísimo primo y presunto testaferro del presidente, Ángelo Calcaterra.

Solo dos funcionarios cuestionados como el fiscal Carlos Stornelli –ex jefe de seguridad de Boca Juniors durante la presidencia de Macri- y Claudio Bonadío –que suma más de medio centenar de pedidos de juicio político por mala praxis- podían dar luz verde a tamaña operación de vendetta judicial. Sin competencia, inhibidos para actuar –Stornelli, que le pidió al periodista que denunciara en su fiscalía, fue recusado por Baratta en otra causa-, sin sorteo y con una indisimulada animosidad contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, pusieron en marcha el mayor show mediático judicial desde la exitosa operación mediática de Jorge Lanata contra Aníbal Fernández, allá por la lejana campaña electoral de 2015, que naufragó en la Justicia por falta de pruebas.

A priori, pareciera que la causa de los “cuadernos de la corrupción” tiene más prensa que sustancia, porque los cuadernos no están –aparentemente ardieron en las llamas de la parrilla del chofer que “habla como Monzón y escribe como García Márquez” (Aníbal Fernández dixit)-, las fotocopias no tienen validez legal y los empresarios macristas “arrepentidos” solo admitieron haber realizado aportes de campaña para el kirchnerismo por montos sustancialmente menores a los denunciados por el meticuloso chofer de la década ganada.

Hasta que decante la hojarasca, el show mediático-judicial promete continuar, aunque probablemente termine diluyéndose por su inconsistencia en la burocracia judicial. Todavía falta una eternidad para las elecciones y la economía no trae buenos augurios para el oficialismo que, en su desesperación, parece decidido a llevar al país al precipicio institucional de la vulneración de derechos tan elementales como el debido proceso y el principio de inocencia.

Sería saludable que los colegas que están rifando su prestigio en el maremágnum de la ofensiva de sus patrones contra el kirchnerismo recuerden al maestro Tomás Eloy Martínez, que advertía sobre “el valor y la importancia que tiene la defensa del nombre propio”.

“Por lo general –sostenía  el autor de Santa Evita-, un periodista no dispone de otro patrimonio que su nombre, y si lo malversa, lo malvende o lo pone al servicio de cualquier poder circunstancial, no sólo se cava su fosa sino que también arroja un puñado de lodo sobre el oficio”.

Defender nuestro oficio es también un imperativo de estos tiempos.

 

  • Reflexiones / El Sur / La Señal Medios

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