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Por GONZALO TORCHIO *
Desde hace unos días se viene anunciando desde algunos medios de comunicación una inminente reforma en el sector de la Defensa. Según ha trascendido, la idea es que las Fuerzas Armadas cumplan un rol más protagónico en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, para lo cual se especula con la derogación del Decreto 727 del 2006 mediante el cual se reglamentó la Ley de Defensa Nacional N° 23.554 aprobada en 1988. La intención de promover este nuevo rol en las Fuerzas Armadas hace tiempo que se baraja al interior del Gobierno Nacional. Varios han sido los amagues dados aunque nunca se dio un paso concreto en ese sentido. Sin embargo, el anuncio de los cambios parece inminente.
En efecto, el 29 de mayo pasado se celebró en el Colegio Militar de la Nación, en El Palomar, el acto por los 208 años de la creación del Ejército Argentino. En su corto discurso, el presidente Macri señaló que “estamos viviendo épocas de grandes transformaciones. El mundo está en constante movimiento y hoy somos testigos de desafíos cada vez más importantes. […] Necesitamos Fuerzas Armadas que se adapten a las amenazas del siglo XXI y que estén preparadas para enfrentar los problemas que hoy nos preocupan”. En el mismo sentido, se afirmó que “necesitamos Fuerzas Armadas que dediquen mayores esfuerzos en la colaboración con otras áreas del Estado, por ejemplo, brindando apoyo logístico a las fuerzas de seguridad para cuidar a los argentinos frente a las amenazas y desafíos actuales”.
Ante esta posibilidad, desde sectores opositores se ha señalado que la intención del Gobierno es “sacar los militares a la calle” con objetivos de represión a una protesta social que se prevé en aumento debido a los estragos que está causado el modelo económico-social vigente. El tema, sin embargo, es un poco más complejo y requiere un análisis más profundo.
Debates sobre Seguridad Interior y Defensa Nacional
Antes de ir al tema en sí, es conveniente hacer algunas aclaraciones conceptuales. La Seguridad Interior y la Defensa Nacional son dos ámbitos de naturaleza diferente. Una apunta a las cuestiones fronteras adentro, es decir, la conservación del orden y la protección del ciudadano, y cuyo instrumento son las Fuerzas de Seguridad (FFSS). La otra se orienta a la situación externa, en otras palabras, la disuasión de una amenaza y la aniquilación de un enemigo en el plano de las relaciones internacionales. Este es el ámbito de las Fuerzas Armadas (FFAA). Sin embargo, que sean diferente no significan que no estén relacionados. Ambas esferas son dos caras de una misma moneda. Refieren, cada uno en su ámbito de acción, al monopolio de la fuerza y de la violencia legítima por parte el Estado Nacional y contribuyen a su seguridad y supervivencia.
Sin embargo, a pesar de lo anterior, particulares escenarios conflictivos hacen que en ciertas ocasiones aquellas fronteras aparezcan como borrosas. Las llamadas “guerras híbridas”, como la que está viviendo hoy Venezuela, o lo que fueron las “revoluciones de colores” en Europa del Este o las “primaveras árabes” en el norte de África tornan difusas aquellas diferencias. En este sentido, la flexibilización de la distinción y la posibilidad de la intervención de las FFAA en asuntos considerados en primera instancia de seguridad interior podría considerarse, en estos casos particulares, una cuestión de índole práctica más que filosófica.
Emparentado a esto, suele interpretarse que aquellos países donde las FFAA intervienen en la lucha contra el narcotráfico o el terrorismo son países subordinados a EEUU. Ello no es tan así. Venezuela y Bolivia, por ejemplo, son países no alineados a EEUU y, sin embargo, sus FFAA son activos combatiente contra esos flagelos. Chile, en cambio, país siempre abierto a los alineamientos con las potencias hegemónicas, hace una clara distinción entre defensa externa y seguridad interior.
La cuestión legal
Nuestro país adoptó, luego de la Dictadura, aquella diferenciación como forma de subordinar a los militares al poder político constitucional. La distinción está contemplada en la Ley de Defensa Nacional N° 23.554 y en la Ley de Seguridad Interior N° 24.059. La primera dice en su artículo 2 que “la Defensa Nacional es la integración y la acción coordinada de todas las fuerzas de la Nación para la solución de aquellos conflictos que requieran el empleo de las Fuerzas Armadas, en forma disuasiva o efectiva, para enfrentar las agresiones de origen externo”. En su artículo 3 determina que “se deberá tener permanentemente en cuenta la diferencia fundamental que separa a la Defensa Nacional de la Seguridad Interior. La Seguridad Interior será regida por una Ley Especial”. En efecto, la Ley de Seguridad Interior sostiene en su Artículo 2 que “se define como seguridad interior a la situación de hecho basada en el derecho en la cual se encuentran resguardadas la libertad, la vida y el patrimonio de los habitantes, sus derechos y garantías y la plena vigencia de las instituciones del sistema representativo, republicano y federal que establece la Constitución Nacional”.
Sin embargo, teniendo en cuenta las conexiones entre seguridad y defensa aludidas, esta ley permite que las FFAA actúen en operaciones de Seguridad Interior en ciertos casos concretos. A saber, como apoyo logístico previo requerimiento de un Comité de Crisis (Artículo 27); para el restablecimiento del orden dentro de jurisdicción militar (Artículo 28 y 29); y en operaciones de combate, previa declaración del Estado de Sitio, para la restitución del orden interno en casos excepcionales que las FFSS se vean desbordadas (Artículo 31). Este empleo excepcional, especifica la ley, “no deberá incidir, de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia, en la doctrina, organización, equipamiento y capacitación de las Fuerzas Armadas” (Artículo 32).
Ahora bien, ¿qué dice Decreto 727/06 que se estima que será derogado y a partir del cual se justificaría el “nuevo rol” de las FFAA? Entre otras cosas, define con mayor especificidad aquellas “agresiones de origen externo” de las que habla la ley de Defensa Nacional. Afirma que “el sistema de defensa debe orientar estructural y organizativamente hacia la conjuración de situaciones de agresión externa perpetradas por fuerzas armadas de otro Estado”. Agrega, también, que “deben rechazarse enfáticamente todas aquellas concepciones que procuran extender y/o ampliar la utilización del instrumento militar hacia funciones totalmente ajenas a la defensa, usualmente conocidas bajo la denominación ‘nuevas amenazas’”. Estas hacen referencia a determinados fenómenos de carácter trasnacional y no estatal, como lo son el narcotráfico, el crimen organizado, la trata de personas, el terrorismo, etc.
De esta forma, la derogación del Decreto 727 no implica que las FFAA puedan intervenir directamente en asuntos de seguridad interior. Eso está prohibido por las leyes mencionadas (salvo las excepciones mencionadas), las cuales no formarían parte de las modificaciones anunciadas. Lo que sí implicaría, en todo caso, es que ahora las “nuevas amenazas” pueden ser incorporadas al ámbito de responsabilidad militares, pero siempre en el marco de la defensa externa. Esto significa, entre otras cosas, que ahora los militares podrían patrullar la frontera ya no limitándose al “apoyo logístico” a las FFSS como viene siendo hasta hoy, sino interviniendo operativamente. Por lo tanto, la posibilidad de una represión a la protesta social a partir de la derogación del Decreto 727, como se viene escuchando, no parecería correcta por lo menos en primera instancia.
Estado de las Fuerzas Armadas
Hace tiempo que desde el poder político se anuncia que Argentina no tiene hipótesis de conflicto. Como mencioné en una nota anterior, esto se ha transformado en una nueva zoncera al servicio de la colonización pedagógica. En efecto, la frase actualmente está asociada a que el país no reconoce amenazas a su soberanía que ameriten la activación de su Sistema de Defensa. De ser esto así, entonces ¿para qué gastamos en sostener FFAA? Por esta lógica de pensamiento es que hace décadas que el sector de la Defensa está relegado de las prioridades de la agenda pública, las FFAA están prácticamente desarticuladas, con armamento obsoleto y el personal militar mal pago y moralmente degradado.
El actual estado calamitoso de nuestro Sistema de Defensa hace que ni siquiera puedan cumplirse con las misiones principales que se le han asignado, que es prepararse para la guerra ante eventuales agresiones externas. La falta de una política clara para el sector, a pesar de los lineamientos nunca cumplidos trazados en las Directivas de Política de Defensa Nacional emitidas en 2009 y 2014, deriva en la sensación de que las FFAA, bajo esta situación, no tienen razón de ser. Si a ello le sumamos el abandono y la pérdida constante de capacidades, la sensación es de que, en el mediano plazo, están condenadas a desaparecer.
En este sentido, quien escribe tiene entendido que no hay un consenso mayoritario dentro de la fuerza para la intervención en la lucha contra el crimen organizado y que, en muchos casos, son conscientes que los están metiendo en un problema del cual, seguramente, ante el primer inconveniente, serán los primeros en ser responsabilizados. Sin embargo, también existe un pensamiento al que han sido arrastrados algunos sectores de las FFAA donde se cree que la intervención en el combate al narcotráfico es una posibilidad que tienen de sentirse útiles, de tener una misión que cumplir y de que las FFAA vuelvan a ser tenidas en cuenta. Es, probablemente, la única forma de no desaparecer, de recuperar la vocación y que la pertenencia a la fuerza no sea solo para cobrar un magro sueldo a fin de mes.
La cuestión política
Hechas las anteriores aclaraciones, hagamos algunas lecturas de carácter político sobre el inminente anuncio. En primer lugar, si queremos ser justos, antecedentes donde las FFAA colaboran con las FFSS en términos de “apoyo logístico” para combatir el narcotráfico ya hubo en nuestro Gobierno con los Operativos Escudo Norte, Fortín I y Fortín II. Podría argumentarse, no obstante, que el objetivo del Gobierno es legalizar la intervención operativa de los militares en las fronteras para liberar efectivos de Gendarmería que ahora estarían disponibles para ser trasladadas a las ciudades. La consecuencia de esto es la desnaturalización de las funciones de esta fuerza. Sin embargo, aquí también hay antecedentes con los Operativos Cinturón Sur y Centinela. La diferencia está, por supuesto, en quién gobierna. Es seguro que la política de pobreza que aplica la alianza Cambiemos profundice la protesta social, ante la cual necesite mayor disponibilidad de personal de las FFSS para su control. En este sentido, para quien escribe, la función represiva no la van a tener las FFAA como en la época de la Doctrina de Seguridad Nacional, sino que la misma recaerá sobre las propias FFSS.
En segundo lugar, la incorporación de las “nuevas amenazas” a la doctrina de Defensa, aunque sea nomás para el ámbito externo, es un importante avance en la subordinación de nuestra política a los dictados de EEUU. De esta manera, los norteamericanos tendrán el argumento más bajo el cual justificar su injerencia en el país.
Sin embargo, lo más importante de todo este asunto son las intenciones del Gobierno Nacional de concretarse este tipo de medidas. Esta no es sacar los militares a la calle. Mucho menos “cuidar a los argentinos frente a las amenazas y desafíos actuales», como indicó el presidente el 29 de mayo pasado. Si no que, muy por el contrario, el objetivo último es desnaturalizar las misiones de las FFSS y degradar definitivamente a las FFAA, profundizar la indefensión del país y así consolidar el modelo económico-social colonial que representan.
Derogar el Decreto 272 y, sin embargo, mantener las leyes de Defensa Nacional y Seguridad interior al mismo tiempo que asignar a las FFAA el rol de combatir a las “nuevas amenazas”, especificando su tarea como “apoyo logístico”, significa no solo desviar a los militares de su misión principal, es decir, la defensa de la independencia nacional, la soberanía del Estado y la integridad del territorio, sino degradarlos y transformarlos en meras guardias subsidiarias de las FFSS.
Ligado a lo anterior, esta nueva tarea que tendrían los militares, si bien por un lado les da una razón para estar activas, por el otro, es una perfecta excusa del Gobierno para profundizar el ajuste en el área de Defensa. Los requerimientos presupuestarios para las nuevas tareas asignadas son menores que los que deberían ser para repeler la “agresión externa perpetrada por fuerzas armadas de otro Estado”. A nivel armamento, con poco se puede hacer mucho ya que no se requiere equipamiento sofisticado, complejo y caro. Así se daría habilitación para eliminar sectores y áreas que no son necesarios para el nuevo rol y que para el Gobierno constituyen un gasto innecesario. Si bien una urgente reestructuración es necesaria en las FFAA, pareciera que el reordenamiento que quiere el Gobierno no es para volver la inversión más eficiente, sino que busca encuadrarlo dentro de la agenda del ajuste económico.
En conclusión, todo parece indicar que lo que busca este Gobierno nada tiene que ver con la defensa de la soberanía nacional ni con “cuidar a los argentinos”. El narcotráfico en la Argentina no llega a los niveles de México o Colombia, por lo que el foco debe estar puesto en la prevención y la educación más que en la represión. Por otro lado, el narcotráfico no existiría sin la complicidad de jueces, policías, políticos y, sobre todo, sin paraísos fiscales, pieza fundamental del negocio. Frente a esto, afirmamos que el gobierno de las cuentas “off shore”, que aplaude la impunidad policial, que desinvierte en salud y educación pública, no tiene ningún interés en combatir al narcotráfico.
Sus objetivos son otros. Un Gobierno que endeuda escandalosamente al país con el extranjero, que se amiga con aquellas potencias que apetecen nuestros recursos naturales o que tienen ocupados nuestros territorios, que le da la espalda a los países hermanos de Sudamérica, que desprotege la industria nacional, que transfiere ingresos desde los sectores populares hacia los más ricos, que genera desocupación y pobreza, que llena el gobierno de oligarcas, empresarios y financistas, un Gobierno así, no le interesa cuidar a los argentinos, no le interesa la Defensa Nacional y mucho menos precisa FFAA. En definitiva, de concretarse la propuesta del Gobierno, la alianza Cambiemos acelera el camino hacia la indefensión definitiva de nuestro país.
- Sociólogo – UNLP / La Señal Medios
