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Los lectores de La Señal Medios no pueden decir que no lo anticipamos. En sintonía con varias intervenciones previas, esta semana el Papa Francisco difundió un documento en el cual enfatiza la importancia de abordar a fondo los problemas económicos del ser humano y pone especial cuidado en condenar los paraísos fiscales. Esas “sedes offshore”, afirma el material, son “ocasión de operaciones financieras a menudo al límite de la legalidad, cuando no se ‘pasan de la raya’, tanto desde el punto de vista de su legalidad normativa, como desde el punto de vista ético, es decir, de una cultura económica sana y libre del mero propósito de elusión fiscal”.
Al plantear la cuestión precisa que su objetivo es realizar un aporte para “resolver gran parte del problema del hambre en el mundo”. Con el decurso presente de los acontecimientos, no habrá solución porque “en la actualidad, más de la mitad del comercio mundial es llevada a cabo por grandes sujetos, que reducen drásticamente su carga fiscal transfiriendo los ingresos de una lugar a otro”, enviando “los beneficios a los paraísos fiscales y los costos a los países con altos impuestos”, quitando recursos a las economías nacionales y contribuyendo a la creación de “sistemas económicos basados en la desigualdad”.
El documento vaticano no se guarda nada: pone de relieve que tales sedes offshore son lugares proclives al lavado de dinero “sucio” originado en ganancias ilícitas como el robo, el fraude, la corrupción, la asociación criminal, la guerra y las actividades de la mafia. El trabajo, titulado “Cuestiones económicas y financieras” (Oeconomicae et pecuniariae quaestiones, en latín) aunque lleva las firmas del arzobispo Luis F. Ladaria, Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, y del cardenal Peter Turkson, Prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, incluye la expresa mención de que Francisco aprobó el texto y ordenó su publicación. Es ostensible que el argentino quería brindar un mensaje nítido en esa dirección.
Jorge Bergoglio incita a que los letrados vaticanos desplieguen una batería de argumentos muy críticos del sistema capitalista y se adentren en el debate al calificar de “ingenua” la “confianza en la autosuficiencia distributiva de los mercados”, a su entender hay que meter mano política para intervenir con justeza. Es preciso, dice el texto, una “adecuada regulación” que atienda, de manera preferencial, la situación de “los más vulnerables”. Aboga por la “transparencia” porque “la concentración” de información y poder permite crear “hegemonías capaces de influenciar unilateralmente no solo los mercados sino incluso los mismos sistemas políticos y normativos”.
En su análisis, el organismo vaticano señala que las desigualdades se incrementaron entre los países y dentro de ellos, y denuncia que el sistema está generando cada vez más “excluidos y descartados” mientras “algunas minorías explotan y reservan en su propio beneficio vastos recursos y riquezas, permaneciendo indiferentes a la condición de la mayoría”.
La Iglesia afirma que su propósito es realizar aportes al diálogo a sabiendas que “no hay recetas económicas válidas universalmente y para siempre”. Ahora bien, evalúa que “todo progreso del sistema económico no puede considerarse tal si se mide solo con parámetros de cantidad y eficacia en la obtención de beneficios, sino que tiene que ser evaluado también en base a la calidad de vida que produce y la extensión social del bienestar que difunde, un bienestar que no puede limitarse a los aspectos materiales”. El criterio para evaluar el bienestar no puede ser solamente el PBI (producto interno bruto) sino que es necesario considerar otros parámetros como el trabajo, la seguridad, la salud y la calidad de vida social, entre otros.
Hay una crítica expresa a la libertad económica sin límites, al precisar que genera “formas de oligarquía”. Asimismo advierte que la supranacionalidad de los agentes económicos y la “volatilidad” del capital manejado generan perjuicios a los pueblos. Entre las secuelas, se ve dañada “la función social insustituible del crédito” y, en ese sentido, rescata como beneficiosas y dignas de ser alentadas “realidades como el crédito cooperativo, el microcrédito, así como el crédito público al servicio de las familias, las empresas, las comunidades locales y el crédito para la ayuda a los países en desarrollo”.
En el documento avalado por Francisco no faltan tampoco las consideraciones críticas a los “fondos de inversión” que “intentan obtener beneficios mediante una especulación encaminada a provocar disminuciones artificiales de los precios de los títulos de la deuda pública, sin preocuparse de afectar negativamente o agravar la situación económica de países enteros”. Frente a esto la Iglesia condena las “conductas inmorales” de los banqueros que operan “más allá de toda norma que sea la de un beneficio inmediato, chantajeando a menudo desde una posición de fuerza también al poder político de turno”.
En una postura que lo hilvana con vertientes populares de las zonas del planeta más humildes, denuncia “lo frágil y expuesto al fraude que es un sistema financiero que no esté suficientemente controlado por normas o se halle desprovisto de sanciones proporcionadas a las violaciones en las que incurren sus actores”, y sugiere la instalación de mecanismos y procedimientos de control para bancos, empresas y estados.
- Agencias / La Señal Medios.
