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martes , abril 23 2024
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MEDIOS / Servini canalizó denuncia de Clarín contra funcionarios del gobierno nacional popular

Por LA SEÑAL MEDIOS

 

La Jueza María Romilda Servini de Cubría siguió con precisión el pedido del abogado Andrés Torres, apoderado de Arte Radiotelevisivo Argentino SA (Artear), del Grupo Clarín y dispuso el procesamiento sin prisión preventiva del ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina, al ex secretario de Comunicación Alfredo Scoccimarro, y a los ex titulares de Telam, Santiago Alvarez y Martín García.

Se trata de la causa 5888/13 por «abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público» contra los ex funcionarios del gobierno nacional y popular. La titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n°1 dispuso un embargo de $ 100 mil a cada uno de los procesados. En la resolución, de fecha 11 de abril, la se considera a los procesados «prima facie coautor del delito de abuso de autoridad previsto y reprimido en el artículo 248 del Código Penal al que deberá llevarse adelante sin prisión preventiva».

Pese a que las empresas del Grupo Clarín cobraron las pautas en tiempo y forma durante la administración mencionada, la denuncia de Torres argumentó que la adjudicación de la pauta oficial «debía respetar la regularidad, antigüedad de publicación y tirada o capacidad de difusión del medio de comunicación respectivo, por lo que la distribución de pauta oficial debía responder a criterios objetivos y no podía quedar sujeta a un criterio subjetivo, arbitrario y antojadizo del Estado nacional».

Sin fundamento, Torres denunció que «de modo ilegítimo, malicioso, arbitrario y discriminatorio los funcionarios denunciados han excluido la firma que represento de la distribución de pauta oficial«. Por lo expuesto, la denuncia considera que «surge así a las claras la arbitrariedad de la conducta denunciada», ya que «las normas mencionadas fijan parámetros objetivos a la hora de distribuir la publicidad oficial. No se trata de una cuestión que esté librada a la discrecionalidad del Jefe de Gabinete de ministros y/o el Secretario de Comunicación».

En el colmo de la hipocresía, el abogado de Artear indicó que «Más allá de la neutralidad que debe guardar el Estado frente al punto de vista editorial del medio, la distribución de pauta oficial no puede ser utilizada como instrumento sancionatorio explícito o implícito«. Es decir, el Grupo que se enriqueció a través de la adquisición delictiva de Papel Prensa y ha sido beneficiado con grandes pautas publicitarias en las décadas recientes y muy especialmente en la actualidad, define al Poder Judicial el tipo de persecución que debe llevar adelante contra quienes ejercieron sus funciones durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

En tanto, cabe añadir que en el presente, el manejo de la pauta publicitaria está enfocado explícita y únicamente sobre los medios afines al gobierno nacional, muy en especial a los que conforman el Grupo Clarín. Así, las voces críticas que desarrollan un periodismo desligado del poder macrista y las empresas vinculadas, tienen serias dificultades para continuar con sus tareas informativas habituales.

En concreto, el grupo de telefonía, internet y multi-medios comandado por Héctor Magnetto se llevó el año pasado unos 600 millones de pesos. Por sólo mencionar las pautas directas y declaradas. Clarín encabeza, de ese modo, la nómina de medios nacionales beneficiados.

Cabe recordar, además, que hace dos semanas, sin que mediara situación específica alguna, la jueza María Servini de Cubría decidió la intervención del PJ Nacional y nombró como interventor al titular del gremio gastronómico Luis Barrionuevo.

* GF / LSM

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