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sábado , octubre 20 2018
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NUESTROS RECURSOS / El tarifazo y la soberanía nacional

Por HÉCTOR AMICHETTI *

Un brutal tarifazo genera la bronca del pueblo y provoca reacciones de la ciudadanía en general.

Vecinos de distintas barriadas, trabajadores y trabajadoras, comerciantes, cooperativistas, pequeños y medianos productores alzan su voz, golpean sus cacerolas y marchan enarbolando velas en una demostración de protesta con fuerte contenido simbólico.

Tal vez el gobierno – en acuerdo con sus aliados- busque en las próximas semanas atenuar las protestas. El objetivo central será en todo caso, calmar engañosamente los ánimos para preservar la política de negocios de las transnacionales.

Hace 72 años, cuando un auténtico patriota llegó a la Presidencia de la Nación Argentina precedido por una histórico insurrección popular, la situación energética del país era verdaderamente grave.

Ese hombre decidió encarar el problema de manera integral elaborando un Plan de Energía sobre la base de que los servicios constituyen un derecho social que solo puede ser garantizado por la independencia energética.

De ese Plan nacieron Agua y Energía Eléctrica y Gas del Estado, entre otras empresas públicas relacionadas con la explotación de recursos y prestación de servicios.

La furiosa ofensiva oligárquica antiperonista barrió años más tarde con el instrumento legal que sostenía esa concepción soberana y profundamente social.

“Las fuentes naturales de energía… son propiedades imprescriptibles e inalienables de la Nación”.

“Los servicios públicos pertenecen originariamente al Estado, y bajo ningún concepto podrán ser enajenados o concedidos para su explotación”.

Hace 60 años, y tras el golpe militar que derrocó a Juan Perón, el sistema dominante instaurado por las minorías del privilegio durante la mayor parte de nuestra historia, convirtió en letra muerta el contenido sustancial de la Constitución de 1949.

¡HA LLEGADO LA HORA DE RESUCITARLO!

La restauración del proyecto oligárquico enmascarado ahora como democrático, cuenta con la ventaja de arrancar con un esquema de energía ya privatizado. Con la excusa de eliminar subsidios consolida al sector transnacional saqueando los bolsillos del pueblo.

Y aleja aún más el objetivo del Estado controlando la energía para ponerla al servicio de un desarrollo productivo nacional independiente.

Además de atentar contra el principio de que los servicios públicos constituyen un derecho humano.

Creo que algunos datos actuales pueden contribuir a entender la política del gobierno que – bajo la indiscutible lógica globalizadora- convierte a la energía en un fabuloso negocio para las siempre insastifechas transnacionales.

Gracias al tarifazo, Gas del Centro (Ecogas), licenciataria del servicio público de distribución de gas natural por redes en Córdoba, Catamarca y La Rioja, obtuvo durante el año 2017 ganancias por $770.500.000.-, lo que representa un 444% más que en el año 2016.

Ecogas accedió al negocio energético en 1992, con la privatización de Gas del Estado cuando las políticas neoliberales del presidente Menem entregaron las banderas peronistas.

Los capitales de la empresa que originariamente pertenecían a Corporaciones de Italia y Alemania, pasaron con el tiempo a manos de capitales financieros del Grupo Puente y el Fondo Magna.

En este caso, si son fondos de inversión los que manejan parte del servicio energético argentino, que otro objetivo pueden perseguir que revalorizar sus activos merced a los tarifazos y oportunamente vender la empresa obteniendo una extraordinaria ganancia.

Transportadora de Gas del Norte (TGN) fue creada en noviembre de 1992 para hacerse cargo de una de las licencias que la habilitaba para operar el servicio en la región norte de nuestro país.

Gasinvest S.A controla el 56% de las acciones y Southern Cone Energy Holding Co. un 24%. Los dueños principales de Gasinvest son Tecpetrol (del grupo Techint) la Compañía de Combustibles S:A y RPM Gas SA.

El año pasado y beneficiada por el aumento de tarifas, TGN obtuvo ganancias por $841.800.000.-, distribuyendo entre sus accionistas $367.600.000.-, girados al exterior bajo el amparo legal del gobierno de Macri que ha eliminado todo condicionamiento a que las empresas transnacionales remitan automáticamente a sus casas matrices el dinero que obtienen por el saqueo de nuestras riquezas.

Estos ejemplos se repiten en petroleras y empresas de electricidad.

Esto es lo que debemos denunciar junto a la protesta por el tarifazo.

Reclamar para que se establezcan tarifas razonables en hogares, cooperativas, comercios y empresas nacionales es una necesidad.

Luchar para que el sistema energético vuelva a manos del Estado Nacional en Argentina es un deber histórico.

Una Nación que no maneja su energía no es Nación, puede ser apenas un lamentable Protectorado de las Corporaciones Multinacionales.

¡Viva Perón! ¡Viva la Patria Justa, Libre y Soberana!

  • Secretario General Federación Gráfica Bonaerense / Corriente Federal de Trabajadores / CGT

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