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Por GONZALO TORCHIO *
Argentina todavía se debate entre ser un país marítimo o mediterráneo. El Gobierno de Cambiemos vuelve a recordar esa vieja frase sarmientina que afirma que “el mal que aqueja a la Argentina es su extensión”. Entre noviembre y diciembre se han presentado una serie acontecimientos desafortunados para lo que alguna vez el vicealmirante Segundo Storni en esa obra magnífica de 1916 llamó los “intereses argentinos en el mar”: la pérdida del submarino ARA San Juan; el veto a dos artículos clave que desmantela la ley de fomento Industria Naval recientemente votada en el Parlamento; y la pérdida de la silla que el país ocupaba desde 1983 en el Consejo de la Organización Marítima Internacional de la ONU. Estos hechos lesionan nuestras aspiraciones de consolidarnos definitivamente como país marítimo y configuran retrocesos importantes en materia de Soberanía Nacional.
Pérdida de un submarino
Sobre la desaparición del buque mucho se ha escrito en el último tiempo. Agregaremos un breve comentario acerca de lo que implica para la Defensa Nacional. El ARA San Juan era de los pocos medios navales de combate con capacidad disuasiva que poseía la Armada Argentina. Su pérdida nos vuelve a alertar sobre el estado crítico de nuestras Fuerzas Armadas, que no cuentan con capacidades suficientes para cumplir con su misión principal, es decir, la defensa externa de la nación.
El año pasado la CONVEMAR aprobó el nuevo límite exterior de la plataforma continental argentina, una de las extensas del mundo y con riquezas naturales inconmensurables. El país tiene, también, una larga disputa territorial con una potencia extranjera sobre las islas del Atlántico Sur y sostiene reclamos de soberanía en la Antártida, cuyo futuro todavía es incierto pero sobre el que se ven venir importantes conflictos internacionales. De no consolidar una política soberana sobre nuestro mar, las pretensiones argentinas en todos estos espacios se volverán ampliamente debilitadas.
La capacidad militar de un país, entre otras funciones, contribuye a potenciar la postura del Estado en el plano internacional. En este sentido, la pérdida del submarino sin que se avizore en el corto tiempo un reemplazo, implica una reducción importante de capacidades militares no solo para custodiar lo que ya nos pertenece sino para hacer valer con firmeza nuestros derechos soberanos sobre territorios reclamados.
Revés para Industria Naval
La ley 27.418 que fue aprobada de forma unánime por el Senado de la Nación el pasado 29 de noviembre creó un Régimen de Incentivo, Promoción y Desarrollo de la Industria Naval Argentina. Sin embargo, el Gobierno terminó hiriéndola de muerte vetando los artículos 10 y 13, centrales para su implementación.
El artículo 10 establecía que “el Poder Ejecutivo Nacional otorgará una asignación específica denominada Fondo para el Desarrollo de la Industria Naval Nacional (FODINN)” cuyos recursos serían destinados a la “adquisición bienes de capital, equipamiento, infraestructura y tecnología para astilleros, talleres navales y estudios de ingeniería naval” y a la “construcción, transformación y reconstrucción de buques y artefactos navales”. El veto a este artículo significó el recorte de $1.500 millones anuales destinados al financiamiento necesario para lograr la esperada reactivación. Por su parte, el artículo 13 fijaba obligaciones para sostener un régimen de promoción sectorial por 10 años.
Llama la atención, porque la ley debatida en el Parlamento había sido consensuada entre todos los espacios políticos, incluso con intervención oficialista, y elaborada con participación de técnicos, profesionales, empresarios y sindicatos del sector. La decisión gubernamental terminó quitándole el corazón a la ley. Recordemos que la industria naval es un área estratégica para el desarrollo nacional ya que arrastra tras de sí la generación de cadenas productivas, de puestos de trabajo genuino, desarrollo científico-tecnológico y la consolidación de la presencia soberana sobre nuestros mares y ríos internos. Demás está decir que para potenciar las capacidades militares en el mar, la industria naval es esencial.
Afuera de la Organización Marítima Internacional
Entre el 27 de noviembre y el 6 de diciembre pasado tuvo lugar el trigésimo periodo de sesiones de la Asamblea de la Organización Marítima Internacional (OMI) en Londres, sede del organismo. Allí se eligió a los 40 países miembros que integrarán para el bienio 2018-2019 el Consejo de la organización. Argentina, por primera vez en 34 no tendrá un lugar en aquel, lo cual significa un retroceso histórico para el reconocimiento de nuestra nación como país marítimo ante la comunidad internacional.
La OMI, perteneciente a la ONU, es la autoridad mundial encargada de establecer normas para la seguridad, la protección y el comportamiento ambiental en el transporte marítimo internacional. Actualmente está compuesta por 172 Estados miembros y cuenta con la cooperación de una multiplicidad de organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales. En su página oficial de internet se puede leer: “Las disposiciones que se adoptan en el seno de la OMI comprenden todos los ámbitos del transporte marítimo –incluidos el proyecto, la construcción, el equipamiento, la dotación, el funcionamiento y el desguace de los buques- con el fin de garantizar que este importante sector continúe siendo seguro, ecológico, eficiente en términos energéticos y protegido”.
Si nos ponemos a pensar que el 80% intercambio mundial de mercancías se realiza a través del transporte marítimo, nos damos cuenta de la importancia que tiene estar presentes de forma activa en ámbitos claves donde se discuten aspectos estratégicos de los intereses marítimos de las naciones.
Mediterráneos sí, pero también marítimos
El vicealmirante Segundo Storni explicaba que Argentina tiene carácter insultar, máxime cuando se observa que el hemisferio sur, a diferencia del norte, es esencialmente marítimo. En el “hemisferio de las aguas”, como lo llamaba él, el Cono Sur argentino-chileno se encuentra “lanzado como cuña hacia el Polo Sur”. Una de las enseñanzas de Storni es que el poder naval de una nación no es solo una cuestión militar, sino que también se vincula con la industria naval, el desarrollo de la pesca, los transportes marítimos propios, la investigación científica, el fomento a las poblaciones marineras y la generación de una conciencia marítima en la sociedad. Todo ello con el respaldo del Estado como orientador de la actividad privada. “Así, señores, puede afirmarse que a la Argentina lo espera todo por vía marítima”. Hace ya más de 100 que Storni nos marcaba el camino pero pareciera que el actual Gobierno lo recorre en sentido inverso.
* Sociólogo – UNLP / La Señal Medios
