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Por LA SEÑAL MEDIOS
Podríamos decir,con el fiscal Germán Moldes, que los miembros del Poder Judicial argentino son “una turba de canallas y fascinerosos”. Aquél inocente juego infantil –con rasgos psicológicos inquietantes- que bloqueaba insultos anticipando “el que lo dice, lo es” resulta bien atinado a la hora de considerar las iniciativas de un espacio institucional que debería contribuir a la aplicación precisa de las leyes vigentes.
Mientras se propone que marchar en protesta contra el plan económico resulte un delito no excarcelable, resulta justo recordar que en nuestro país personas que no han cometido más falta que levantar banderas nacionales y populares en sus distintos ámbitos, están detenidas. Entre otros, Milagro Sala, Carlos Zannini, Héctor Timerman, Luis D’Elía, Julio De Vido, Amado Boudou, Fernando Esteche y Jorge Khalil.
Puede analizarse caso por caso y no se hallarán más razones de fondo para cada apresamiento que el contraste político entre los mencionados y el gobierno oligárquico. Toda esta gente, y los que se van sumando merced a la liviandad del accionar judicial –encarnado públicamente en el juez Claudio Bonadío pero que supera holgadamente su responsabilidad particular- se encuentra privada de su libertad sin más culpa que el haber actuado en beneficio de los intereses del Pueblo y de la Patria.
La continuidad de sus secuestros “legales” e ilegítimos en manos de los alcahuetes judiciales del poder concentrado constituye a la vez una gravísima distorsión institucional y un ataque directo con intención ejemplificadora a la acción política nacional popular. De allí que todos los sectores deban tomar debida nota y pronunciarse abierta y contundentemente al respecto. Resulta preciso, además de exigir la libertad de todos y cada uno de los detenidos, empezar a plantear el enjuiciamiento de una enorme franja del Poder Judicial, honda y definitivamente corrompida.
