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Por CAMILO ROJAS *
Antes de la puesta en marcha del Plan Energético Nacional, la Argentina tenia más de 15 millones de compatriotas sin gas natural. Provincias enteras como Formosa no tenían conexión al Servicio de Gas por redes. El Plan Energético «mitrista» u oligárquico fue, hasta entonces, la construcción de miles de Km de gasoductos para exportar el gas hacia afuera, y no hacia el país profundo. Al proyecto energético oligárquico no le interesaba que el gas llegara a las familias de Santa Cruz, Formosa, Chubút, sino mas bien, extraer (al igual que con el ganado vacuno y el agro) una renta de un bien que es patrimonio de todas y todos los argentinos.
Con el PLAN ENERGÉTICO NACIONAL ejecutado por Néstor Kirchner y dirigido por Julio De Vido, se construyeron más de 3 mil kilómetros de gasoducto para abastecer al conjunto de los 40 millones de compatriotas. Comprendiendo que la energía es un elemento fundamental para el desarrollo humano, por primera vez desde los planes quinquenales del 45′-55′, EL GAS argentino fue para las y los argentinos.
De haberse prohibido la exportación de gas natural hacia el exterior en tiempos neoliberales, la Nación se habría ahorrado, entre 2010 y 2013, 14 mil millones de dólares en materia de importación de gas boliviano y GNL. Tales son las consecuencias de la desorganización, el desgobierno y los infames caprichos de la adinerada oligarquía portuaria durante la década del 90′.
Entonces, ¿QUIÉNES SON LOS CULPABLES de esto? Los ex secretarios de Energía (Daniel Montamat, Jorge Lapeña, entre otros), verdaderos instrumentos de la sinarquía internacional.
¿Quién paga por esta irresponsabilidad antipatriótica? El ex ministro de Planificación Julio De Vido, quien hoy está por ser trasladado al penal de Ezeiza.
¿De qué se le acusa al ex minisrto? De haber comprado GAS GNL a un valor más caro que el de mercado, generando una presunta perdida al Estado por U$S 6.900 millones.
¿Quién lo acusa? El Juez Federal Claudio Bonadío, otrora asalariado de Carlos Corach, amigo del gobierno de Carlos Menem y actual «caballito de batalla» del Gobierno de Cambiemos. Bonadío acumula, por un lado, una desmesurada cantidad de denuncias en el Consejo de la Magistratura y, por el otro, acusaciones en la justicia penal por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Fue apartado de la causa AMIA por irregularidades en su gestión. Fue aliado de Jaime Stiuso y otros oscuros personajes de la ex SIDE.
Lo cierto es que las denuncias contra Julio De Vido son absolutamente disparatadas. Aún suponiendo la inocencia de quienes las llevan adelante, caeríamos en el hecho de una descomunal ignorancia en materia de los procesos burocrático-administrativos por parte de los acusadores.
La importación de gas GNC no recae únicamente en la voluntad de un ministro de la Nación. El control de las compras de GNC se realizan a través de un proceso extremadamente controlado, en el que intervienen en los concursos y licitaciones internacionales organismos tales como ENARSA, YPF, la SIGEN, la AGN, la PwC (Price Waterhouse Cooper – Inglaterra / Estados Unidos) y técnicos especializados y calificados de la Universidad de Buenos Aires.
De existir «sobreprecio», toda la estructura orgánica nacional e internacional interviniente en los controles serían, o cómplices, o bien incompetentes en su tarea. La hipótesis de Bonadío es tan absurda como incoherente, y demuestra la fenomenal ignorancia del juez en la materia: se toma como «precio internacional» el valor del gas de EEUU, cuando esta nación tiene precios autónomos al mercado mundial. El valor a tomar para la región es el japones, el cual se elevó en la última década por las catástrofes naturales sufridas por el país oriental, información bien conocida por los peritos actuantes en la causa quienes informaron a Bonadío sobre el error, sin que él los tome en consideración.
LA CAUSA ES POLÍTICA y el delito, el verdadero delito del ex ministro De Vido, es otro: son los más de 12 mil doscientos MW incorporados, son los 3.500 Km de gasoducto construidos, son los 5.800 Km de lineas de Alta y Extra Alta Tensión que permitieron la inclusión de 10 provincias que estaban desconectadas del sistema argentino de interconexión, pero fundamentalmente a los más de 8 millones de hogares de compatriotas que se conectaron al servicio de gas por redes y electricidad.
La gran causa, el gran delito es haber promovido el desarrollo energético soberano más alto de la región suramericana y haber volcado la energía al servicio del Pueblo.
Nuestra más profunda solidaridad con Julio De Vido, posible preso político del régimen macrista.
* Asociación Trabajadores del Estado (ATE)
