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Por JUAN GABRIEL LABAKÉ *
Al cumplirse un cuarto de siglo del atentado a la Embajada de Israel, el dato políticamente más significativo es el descomunal operativo de prensa pro Israel que presenciamos, y cuyo objetivo real no puede ser otro que ocultar la verdadera autoría intelectual y material de ese crimen y, de paso, encubrir a sus verdaderos autores.
A la cabeza de esa feroz campaña de ocultamiento y encubrimiento está la propia Embajada de Israel que, muy sugestivamente, y a pesar de ser la directamente perjudicada por el atentado, nunca quiso constituirse en querellante, y ni siquiera responde los varios pedidos de colaboración que se le han efectuado judicialmente para esclarecer la causa.
Todo se reduce a unas cuantas lágrimas de cocodrilo derramadas por Israel y sus adictos o agentes locales.
Muchas protestas y no menos actos de hipocresía. Ninguna colaboración.
Pero lo más grave de esta tragicomedia es que el principal responsable de tal maniobra de ocultamiento y encubrimiento no es Israel, que la origina, sino nada menos que nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación que la obedece.
En Medio Oriente corre un refrán que describe nuestra infeliz situación al respecto:
Si la carne corre peligro de podrirse, tenemos la sal. Pero si se pudre la sal, ¿qué nos espera?
La Corte es la sal que garantiza y cuida nuestros derechos. Si se corrompe la Corte, “estamos en el horno”, para decirlo con toda franqueza y claridad.
Y, desgraciadamente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha corrompido en la causa de la Embajada, y ha claudicado ante la desembozada presión israelí que trata de ocultar a los verdaderos autores de aquel horrible atentado. Un atentado que abrió las puertas del infierno para nuestro país.
En efecto, apenas producido el bombazo, todo indicaba que los explosivos fueron colocados dentro del edificio de la Embajada, y no había signo alguno de un coche bomba. Incluso el entonces presidente Carlos Menem, igual que el ministro del Interior José Luis Manzano y el perito de Gendarmería Osvaldo Laborda, dijeron enfáticamente que la explosión había sido interna.
Pero Israel actuó rápidamente para encubrir el crimen.
Fue el Dr. Alfredo Bisordi, secretario penal de la Corte Suprema que, a la sazón, presidía el Dr. Julio Nazareno, y que estaba a cargo de la investigación de ese atentado, quien puso las cosas en su lugar. El 5-3-2002 declaró bajo juramento ante el Congreso de la Nación (en el juicio político a aquella Corte Suprema menemista) y dijo que:
A las 21,30 horas del día del atentado, “pescó” al jefe de Seguridad de la Embajada israelí, señor Ronie Gornie, “convenciendo” al comisario de la seccional 15 de la Policía Federal (la que intervino en esa causa) de que la explosión la había producido un coche bomba…
Israel presionó a Menem (no hacía falta mucha presión para que el “lobby” anglosajón-sajón le torciera el brazo) y el entonces presidente, de ahí en más, juró que el atentado fue producido por esa fantasmagórica Ford F-100 que nunca nadie vio.
Pero, en 1996, cuatro años después del atentado, las dudas eran muy fuertes sobre la existencia de tal coche bomba. Para descomprimir el ambiente, la misma Corte Suprema menemista encargó una pericia a la Academia Nacional de Ingeniería, cuyos expertos determinaron, sin lugar a dudas, que la explosión había sido interna, y que no hubo un coche bomba. El debate posterior, hecho en sede judicial entre esos peritos y los de la Policía Federal y los de Gendarmería, determinó que los académicos tenían razón.
Por ello, la Corte anunció que abriría un nuevo cauce de investigación que partiera de la base de una explosión interna.
Entonces sucedió lo insólito y bochornoso: el embajador de Israel, señor Itzhak Avirán, con todo desparpajo y prepotencia, declaró públicamente que pediría el juicio político de los miembros de la Corte si concretaban la apertura de ese nuevo cauce de investigación, porque eso sería un acto de ¡antisemitismo! (un cómodo taparrabos que Israel y sus adictos usan contra quienes denuncian sus atropellos).
El presidente Menem nada hizo para poner en vereda a un embajador extranjero que intervenía tan ilegal como groseramente en nuestros asuntos internos. Y la Corte menemista arrugó para cumplir con “su deber”: nunca se animó a abrir ese cauce de investigación.
Hoy, a 25 años de aquel atentado, la Corte Suprema actual vuelve a arrugar y miente desembozadamente al afirmar que:
1.- “El atentado fue cometido por el Hezbollah…”
2.- “… mediante una camioneta bomba…”
3.- “… conducida por un suicida…”
4.- “… con intervención de ex diplomáticos iraníes en la planificación…”
Todo, según el diario porteño LA NACIÓN (volcado íntegra e incondicionalmente a favor de los intereses israelíes) del 18-3-17, página 16, nota de Hernán Capiello.
Vale la pena consignar que Hernán Capiello y LA NACIÓN saben perfectamente que eso es falso, una vulgar mentira. Y lo afirmo tan categóricamente porque fui yo en persona quien les demostró a ambos, hace ya unos cuatro años, que Israel mentía y que la explosión fue interna. Capiello me prometió por escrito que, “un poco más adelante, cuando se presentara la ocasión”, publicaría mis estudios sobre el particular. Al parecer, nunca se presentó esa ocasión, porque nunca publicó una línea de lo mío, ni nada que “ofendiera” a Israel…
A eso le llaman libertad de prensa. ¡Otra hipocresía!
A su vez, quien dude del verdadero servilismo con que actúa el presidente de la Corte Suprema Dr. Ricardo Lorenzetti, frente a los poderes extranjeros de dominación, puede consultar los libros “ArgenLeaks” y “PolitiLeaks”, de Guillermo O’Donnell (Ed. Sudamericana, Buenos Aires, 2015). En ellos podrá leer que el Dr. Lorenzetti acudió tres veces a la Embajada de EE. UU., para pedir al “virrey-embajador” que su país financiara sendas actividades de la Corte Suprema. En dos de ellas, el virrey accedió a dar al Dr. Lorenzetti la coima –delito de cohecho- que pedía. En la tercera, parece que el virrey se cansó del pedigüeño, y mandó al Dr. Lorenzetti a mendigar esa coma-limosna a las empresas privadas. Algo así como una coima liberal, es decir “de mercado libre”.
Cuando la Corte Suprema se corrompe, y miente y obedece al extranjero, significa que nuestra sal está podrida. En este caso, lo ha hecho para obedecer a Israel en su afán de encubrir a los autores del atentado a su propia Embajada.
Otro tanto hace Israel con los criminales que asesinaron a 85 argentinos en el atentado a la AMIA: los encubre. Y los fiscales y jueces que intervienen en ese caso también obedecen.
Reconozcámoslo: Nuestra sal está podrida.
Buenos Aires, 19 de marzo de 2017.
Juan Gabriel Labaké
