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jueves , marzo 28 2024
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MEDIOS / Crisis de financiamiento del sistema audiovisual

Por GONZALO CARBAJAL *

 

Una tarde de sábado cualquiera en Telefé nos transporta por más de 7 horas al fantástico mundo de los Simpsons. Luego de semejante maratón aterrizamos directamente en el sillón de los Argento, para terminar con casi 12 horas de latas en uno de los canales de TV líder en audiencia en el país.

¿El presente de la TV Abierta se explica fácilmente? Algo está pasando en el mundo de las pantallas audiovisuales, y la simplificación de reducirlo al fetiche de la “convergencia” que se viene, no parece ser más que una forma más de tirar la pelota afuera por parte del gobierno nacional.

Los problemas del sector no son nuevos, la tensión entre negocio y servicio recorrió la historia de la televisión desde aquel 17 de octubre de 1951 hasta hoy. Ya desde la discusión previa a la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) el kirchnerismo disparó una serie de políticas que la encaminaban hacia un soporte con el cual garantizar la libertad de expresión y el acceso a la información: el despliegue de la TV Digital Abierta (TDA) en todo el país, la creación de canales estatales como Encuentro, Paka Paka, TecTV, Incaa TV, ACUA y DxTV, y el hoy moribundo Fútbol para Todos (FPT).

La creación en 2008 de la Sociedad Argentina de Gestión de los Actores e Intérpretes (Sagai) al reglamentarse el artículo 56 de la Ley Propiedad Intelectual -con 73 años de demora-, permitió reconocer los derechos de imagen de los actores, canon que deben pagar las televisoras como porcentaje de su facturación. En paralelo, políticas de fomento para producciones de ficción y documentales con despliegue territorial y federal dieron impulso a miles de horas de producciones en las que intérpretes, profesionales y técnicos de todo el país que encontraron en los viejos canales abiertos -y en los pocos nuevos- su lugar de exhibición.

Todo esto también forma parte de la “pesada herencia” que recibió el gobierno de Mauricio Macri.

Estamos en el aire

Que en el prime time de la TV Abierta la mayor parte de las horas esté ocupada por telenovelas turcas, coreanas o brasileñas es un síntoma, pero toda la cadena de valor de la actividad televisiva y cinematográfica se encuentra en tensión. El sector necesita consolidar en los hechos su capacidad para ser una industria de carácter estratégico, algo con lo que todos gustan de llenarse la boca, por su aporte al acervo cultural e identitario, y la posibilidad de exportar “argentinidad”.

Años de trabajo construyeron una plataforma de reconocida calidad y cantidad profesional y técnica, que en combinación con normas y políticas construidas de manera aluvional, prometían un mejor horizonte. El macrismo por ahora no muestra mucho más que la voluntad de emprenderla contra todo lo que huela a Kirchner. En ese camino, todos los avances logrados en materia de producción de contenidos y legislación quedan en la mira y les cuesta observar más allá de lo hecho en la década anterior. Aunque no todo es culpa de los gobiernos, sí es su responsabilidad atender la situación de los distintas industrias.

“Quizás no nos haya unido el amor, sino el espanto, pero este hecho histórico nos tendrá reunidos para recuperar los niveles de producción de ficción nacional”. Con esa referencia a Jorge Luis Borges, el reconocido autor Sergio Vainmann expresaba la propuesta de la recién creada Multisectorial por el Trabajo, la Ficción y la Industria Nacional Audiovisual. El día que ese agrupamiento se dio a conocer, sus voceros calificaron la situación de la actividad como “angustiante”.

“Hay que estudiar por qué no estamos produciendo internamente. O por qué una tira coreana puede tener más éxito que una nuestra”, propuso el secretario general del Sindicato Argentino de Televisión (Satsaid), Horacio Arreceygor. Basta ver la grilla de los canales inundadas de telenovelas extranjeras para imaginar el panorama de la industria.

Daniel Alvaredo, de la Asociación Argentina de Actores (AAA), explicaba en esa reunión que no se están filmando películas “porque el Incaa no está liberando los subsidios”, y para la televisión el panorama no es mejor, ya que “el trabajo actoral respecto al mismo semestre del año pasado decayó un 37 por ciento”. “Hay más de 100 películas paradas” completa Alcides Chiesa, de Directores Argentinos Cinematográficos (DAC). La lista sigue y suma.

Una conjunción de factores, algunos globales y otros domésticos, complica el horizonte audiovisual: se produce cada vez menos ficción, las tradicionales productoras de televisión se muestran conservadoras, y quienes se fortalecen en el negocio de la distribución y exhibición de contenidos audiovisuales en plataformas digitales son empresas conglomeradas con centros de decisión fuera de Argentina y del subcontinente.

Qué pasó con el financiamiento

El principal financiamiento del sistema audiovisual argentino ha pasado por la captura de la inversión publicitaria, fundamentalmente de grandes anunciantes, en los principales canales y productoras de TV. Con el desarrollo de la TV Paga cobraron mayor relevancia los volúmenes facturados por abonos a la TV por cable y TV satelital. Se suman subsidios indirectos por cadenas de producción integradas y también las políticas públicas de incentivo a la producción y las regulaciones sobre la emisión, como las que se incluyeron en la LSCA.

En la actualidad, la creciente concentración del sector y las tensiones que aparecen por efecto de la convergencia de servicios en soportes digitales y las recientes decisiones regulatorias, dejan ver serias amenazas a la sostenibilidad de un sistema que hasta ahora funcionaba por vía de la reinversión de dinero que se recaudaba mediante gravámenes a los licenciatarios de televisión, y que se destinaba a la producción de contenidos audiovisuales nacionales. Contenidos que luego eran distribuidos y emitidos en el mismo sistema.

En un trabajo presentado en el Congreso de la Red de Carreras de Comunicación Social y Periodismo de la Argentina (RedCom) junto a Diego Rossi, detallamos los fenómenos principales que se observan y los caminos posibles:

  1. a) La caída de la participación relativa de los medios offline en la inversión publicitaria anual, la llamada “torta publicitaria”.

Los informes anuales de la Cámara Argentina de Agencias de Medios (CAAM) nos muestran que, como era de esperar, la ampliación en la oferta de señales de TV no ha implicado un aumento proporcional en la inversión publicitaria ya que la “torta publicitaria” solo aumenta en la medida que aumenta la actividad económica. Por lo tanto con el mismo monto “tiene que dar de comer a más bocas”.

La proporción de publicidad en TV abierta y paga se muestra “amesetada”, el único segmento que muestra crecimiento es la publicidad en medios cuyo soporte es Internet (el 20% de la torta en 2015). Si bien hasta ahora el principal afectado ha sido el sector gráfico, la TV no debería descuidarse, ya que las prospectivas en otros países estiman que más pronto que tarde la publicidad en TV abierta decrecerá abruptamente. En EEUU hay estimaciones de que para el año 2019 Internet superará a la TV Abierta. Al menos las dos terceras partes de esta inversión la capturan los dos jugadores más grandes, Facebook y Google, y nada de eso se reinvierte en producción, ya que no están alcanzados por gravámenes que vuelvan a la industria como es el caso de la TV Abierta.

  1. b) El crecimiento de clientes abonados a plataformas OTT (como Netflix y otras), entre el conjunto de quienes ya pagan abonos de TV.

En su mayoría, las plataformas OTT no están alcanzadas por regímenes de recupero de fondos para derivar a la producción audiovisual. Es decir, de lo que pagan los clientes por mes, nada se reinvierte ni regresa a la industria. Y si bien empresas como Netflix tienen planes de producción de contenidos ambiciosos, se desconocen proyectos de producción en nuestro país.

Tampoco Netflix ha querido informar los abonados que tiene en Argentina, que algunos estudios calculan en unos 850 mil hogares, lo cual lo colocaría como el 3º operador de TV paga en cantidad de abonados, si se los pudiera asimilar.

Por el momento las OTT conviven en armonía con los sistemas de TV Paga y no se han manifestado, como en otros países, movimientos de “desconexión” (llamados cord cutting) de la televisión. Serían necesarios estudios para ver de qué manera se recompone la canasta de gastos en entretenimiento y consumos culturales, a la par de los cambios en la dieta mediática.

Lo que se viene

La deriva de recursos a nuevas plataformas digitales generalmente fuera del país -ya sea por vía de abonos (OTT), como por la inversión publicitaria en digital- tiene como consecuencia el achicamiento de la masa de dinero para el fomento de contenidos audiovisuales. En estos casos influida por los cambios de hábitos en las audiencias y el empuje de distintos despliegues tecnológicos.

Pero habría que sumar (quizá de manera coyuntural, pero no lo sabemos aún) el efecto de cambios normativos en la Ley 26.522 (la de Servicios de Comunicación Audiovisual o “ley de medios”, sancionada durante el kirchnerismo y que el actual gobierno modificara por decreto). Uno de los grandes cambios fue el traspaso de la TV por cable a la órbita de las Telecomunicaciones. El efecto de este “simple” movimiento podría ser que toda la actividad pase de pagar al Estado alrededor del 5% de su facturación, a solamente el 1,5%.

Si a eso le agregamos el ajuste gubernamental de los presupuestos para políticas públicas de fomento a la producción, más el achicamiento de los montos de publicidad oficial del gobierno nacional en el primer semestre de 2016, estamos frente a un escenario nada grato para toda la industria.

En este sentido es importante seguir con atención los movimientos de las autoridades respecto de la distribución de pauta publicitaria oficial en los próximos meses y en 2017 (año de elecciones) a la luz de las declaraciones de sus gurúes como Durán Barba, el cual recientemente afirmó que «más que comités, necesitamos manejar bien las redes sociales», o del mismísimo Mauricio Macri, quien dijo que su gobierno “es producto en gran medida de las redes sociales”.

La TV abierta es el sistema audiovisual que asegura el ejercicio del derecho a la información, justamente por su característica de abierta, libre y gratuita. La reconfiguración del complejo tecnológico y las empresas integradas, los modelos de negocio emergentes y nuevos hábitos de consumos culturales, ponen en riesgo su supervivencia.

Cuidar que la balanza de pagos del comercio de bienes culturales nos sea favorable al conjunto de la sociedad, sí es responsabilidad de un gobierno. No puede mirar al costado, ni hacer como el canchero que mantiene las líneas pintadas y el pasto corto, mientras en el área las grandes empresas se reparten las bandas del espectro radioeléctrico, los derechos del fútbol o los negocios satelitales.

Seguimos insistiendo con la necesidad de un rol activo por parte del Estado no solo en la regulación de los medios sino también en materia de soportes, redes y administración del espectro radioléctrico, con criterios que promuevan el acceso y la participación con pluralidad y diversidad, como piso para garantizar el ejercicio de la libertad de expresión.

Con el mismo discurso de la actualización que pretenden flexibilizar el trabajo, intentan eliminar la trama de regulaciones que protegía y estimulaba la producción local de contenidos. Si el Congreso va a discutir una Ley de Convergencia deberá incorporar entre sus cláusulas el pago de gravámenes para los contenidos online, la obligación de alojarlos en el país, políticas activas de promoción industrial para el audiovisual, y ampliar la obligación de las cuotas de programación al catálogo de las plataformas online, entre otras.

Como propone la Multisectorial por el Trabajo, la Ficción y la Industria Audiovisual Nacional, en línea con el punto 20 de los Nuevos 21 Puntos de la Coalición por una Comunicación Democrática: “El sostenimiento y desarrollo de una industria nacional de contenidos audiovisuales, conjuntamente con las cuotas de pantalla para la producción de ficción cinematográfica y audiovisual, deben ser políticas de Estado y estar promovidos por ley”.

* Periodista. Docente de la UBA y Universidad de La Matanza.

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