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PANAMÁ PAPERS / Cada vez más clara la oscuridad de los fondos

Vamos a observar a fondo, lector. Recordará que Mauricio Macri anunció el 30 de mayo que traería al país los $18 millones de pesos depositados  en el exterior como parte de su Declaración Jurada patrimonial. El Gobierno sostuvo que esos fondos habían sido declarados anteriormente en Suiza y Estados Unidos pero debido a una fusión de bancos, se fijó un nuevo domicilio en Bahamas, un paraíso fiscal. La Justicia federal busca ahora determinar si existió una nueva inconsistencia en esa documentación, en el marco de una serie de medidas solicitadas en la causa que lo investiga por el escándalo internacional de los Panama Papers. Fíjese: Ámbito Financiero reveló que la adquisición de esa entidad financiera donde el mandatario había declarado fondos ocurrió en 2012, mucho antes del cambio de radicación recién informado en la documentación presentada ante la Oficina Anticorrupción.

Tras la difusión de la Declaración Jurada del Primer Mandatario, el Gobierno le bajó el tono a la polémica que generó el apartado «depósitos en el exterior» con la localización en Bahamas, idéntico lugar en el que aparecía registrada Fleg Trading Limited, la sociedad offshore revelada en los Panama Papers. Sostuvo que esos $18 millones son «el mismo dinero que tenía depositado antes en Estados Unidos y Suiza con el banco Merrill Lynch. Lo que sucedió es que el banco Julius Baer compró Merrill Lynch y cambió su domicilio a Bahamas. Es sólo un cambio legal del agente financiero», se informó oficialmente. La compra de la cartera de clientes de banca privada de Julius Baer al Merril Lynch efectivamente existió, pero ocurrió en agosto de 2012. Macri presentó sus DDJJ habituales como Jefe de Gobierno y como candidato presidencial pero siempre mantuvo la locación de esos fondos en Suiza y en Nueva York, algo que sólo cambió en su última presentación. No se informó entidad bancaria ni tipo de cuenta, sólo el monto y la ubicación.

Aunque esa cartera cambió de manos, Merrill Lynch continúa activo con todas sus sucursales y en las plazas en las que operaba. Julius Baer mantiene, a su vez, su sede en Suiza. «Wealth Managment» fue la unidad que adquirió, tal la nueva denominación de la banca privada.

Según fuentes del mercado financiero, una fusión entre entidades o un traspaso de carteras de clientes no afecta la locación de los fondos aplicados. Ese dinero mantiene la jurisdicción donde fue radicado, salvo una orden expresa del cliente, por escrito, que permita transferirlos. Esas órdenes son manejadas en estricta confidencialidad entre los clientes y los agentes de banca privada. En el sistema bancario offshore no existe la posibilidad de mudar fondos por decisión unilateral de la entidad. Es por eso que la causa que instruye Sebastián Casanello busca indagar en las últimas declaraciones juradas y en los datos financieros del mandatario y su entorno.

Los investigadores comenzaron a preguntarse por qué motivo Macri habría mudado sus ahorros desde una plaza segura a lugares conocidos como guaridas fiscales, con regulaciones más laxas y menores niveles de seguridad jurídica. El Presidente también afirmó que daría la orden al «administrador» para que repatrie esos fondos. Sin embargo, no especificó si se refería al fideicomiso de Seguridad Fiduciaria SA o a los denominados «family office», o encargados de la administración y rendimiento de fondos, utilizados por muchos empresarios.

El banco Julius Baer, fundando en 1890, también fue protagonista de un escándalo reciente: se acreditó la participación en transacciones vinculadas con el Fifagate. De acuerdo con la agencia Bloomberg y el diario suizo KeirRadnedge el ex ejecutivo argentino de esa banca, Jorge Arzuaga, está colaborando con el FBI en la recolección de pruebas por sobornos y lavado de dinero. Se convirtió así en el primer banquero en colaborar con las autoridades en la investigación. En la Argentina estaba ligado a Julio Grondona y a Alejandro Burzaco. La entidad, por haber ayudado a sus clientes norteamericanos a evadir impuestos debió pagar este año u$s 547 millones de multa. Según la información, Arzuaga, el representante argentino del banco está detenido en Estados Unidos. «La privacidad y la discreción siempre tendrán demanda», declaró al diario El País de España uno de los principales ejecutivos de Julius Baer, que quedó en el ojo de la tormenta por acusaciones en varios países por crear estructuras para la evasión.

El sentido

Esto refuerza el sentido de las declaraciones de Ricardo Nissen, ex director de la Inspección General de Justicia (IGJ). Al declarar en la causa, sostuvo que las sociedades offshore se caracterizan por su «poca transparencia» generalmente para «para ocultar a los verdaderos dueños del negocio» y «patrimonios». «Nadie que recurre a una offshore persigue fines legítimos», aseguró.

El ex funcionario, especialista en sociedades, realizó estas precisiones ante el juez federal Sebastián Casanello, en el marco de la causa en la que se investiga al presidente Mauricio Macri por omisión maliciosa en su declaración jurada de bienes en el marco del caso conocido como Panamá Papers. La justicia apunta a las offshore Fleg Trading LTD y Kagemusha. El juez ahondó sobre el objeto o ventaja de constituir una offshore, al tomar declaración testimonial a Nissen.

«Se hace para ocultar los verdaderos dueños del negocio, así como ocultar patrimonios detrás de la máscara de sociedades que se caracterizan por su poca transparencia». «Nadie que recurra a una sociedad offshore persigue fines legítimos y la mayor parte, pero no la única, obedece a la evasión fiscal, lavado de activos, pago de coimas y en menor medida defraudación del cónyuge en los divorcios», dijo Nissen.

La declaración se produjo días atrás, cuando la Unidad de Información Financiera (UIF) ratificó que Macri «conformaría» el directorio de Kagemusha, con sede en Panamá, de acuerdo a un informe de inteligencia aportado en la causa. Nissen, aseguró al juez que «la Argentina prohíbe la inscripción de sociedades offshore». De acuerdo al informe de la UIF, la empresa Kagemusha está radicada en Panamá con el folio N° 71.446, y fue inscripta el 11 de mayo de 1981, con un capital social de u$s 10 mil, registrada por Eloy Benedetti y Rodrigo Arosemena, y como presidente tendría a Franco Macri. Esa offshore tendría además como integrantes del directorio a Gianfranco, Francisco, y Mauricio Macri.

«La empresa en cuestión no mantendría propiedades registradas en Panamá ni actividad comercial declarada, no mantendría antecedentes criminales ni se encontraría vinculada a procesos relacionados con drogas o criminalidad organizada, encontrándose en la lista de sociedades con riesgo de ser disuelta por el no pago de los impuestos anuales», dice el informe.

En la misma semana, Casanello le tomó declaración a Nissen, quien en calidad de experto, aseguró que «la Argentina prohíbe la inscripción de sociedades offshore». Aclaró sin embargo, que el dueño de una offshore «puede hacer lo que quiera en cualquier parte del mundo, salvo en aquellos países en que está prohibida» como la Argentina. La UIF advirtió al juez que la información que envió «no es válida para procesos jurídicos, puede ser considerada solamente como información de inteligencia y que a fines de poder ser utilizada como prueba, las autoridades competentes la deben requerir a la República de Panamá apelando al acuerdo en materia de asistencia jurídica entre ambos países». Esto es, que no es prueba válida, sino un informe de inteligencia que puede ser usado por el juez para solicitar las medidas para avanzar en la investigación. Como se sabe, el juez libró exhortos a distintos países para que le remitan información sobre el entramado de sociedades en cuestión.

Agencias / Ambito Financiero / La Señal Medios

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