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Por GABRIEL FERNÁNDEZ *
Con la mayoría de votos del Frente para la Victoria, el apoyo del Frente Renovador, y la presencia con abstención del macrismo, la Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto que suspende los despidos por 180 días y establece una doble indemnización. Ese fue el resultado de la tensión entre un amplio espacio del movimiento obrero en franca lucha y el chantaje oficialista hacia las gobernaciones a través de los presupuestos federales.
El Congreso operó, de este modo, como caja de resonancia de las pulseadas sociales. La cercanía de la nefasta elección del pasado 22 de noviembre opera como contención al malestar social extendido: pese al rechazo de una mayoría popular al ajuste económico neoliberal, el núcleo duro del sufragio PRO – UCR Cambiemos insiste en justificar endeudamientos, despidos y recorte de beneficios sociales. Ese entorno permite atisbar un complejo entramado que se va desenredando a medida que avanzan las secuelas de las primeras medidas.
La normativa sancionada contiene algunas faltantes de trascendencia, fruto de esas presiones hacia las provincias canalizadas en varios legisladores: por caso, el no abordaje de los despidos previos. Por estas horas, mientras tanto, se reúne el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil. El Gobierno pretende llevar el piso salarial de 6060 a 8000 pesos, un aumento cercano al 32 por ciento que se implementaría en dos tramos. Como las autoridades eliminaron aquél debate sobre la veracidad del Indec anulando las estadísticas, la corroboración práctica de alzas superiores de precios carece de plasmación.
El encuentro en el Ministerio de Trabajo cuenta con la participación tripartita de cámaras empresarias, las cinco centrales sindicales y funcionarios. Para atenuar el impacto de la aceleración inflacionaria sobre los ingresos, los sindicatos reclaman una mejora cercana al 40 por ciento. Los dirigentes obreros anticiparon su rechazo a la propuesta del gobierno de Mauricio Macri para incluir en la discusión temas de la agenda patronal vinculados a la productividad y el ausentismo, dos históricos reclamos del empresariado concentrado.
Con respecto a la Ley Antidespidos, el macrismo anticipó la decisión de vetarla. Una acción antiinstitucional que sigue la línea del festival de Decretos de Necesidad y Urgencia suscriptos en el primer mes de gestión. El acostumbramiento social a la transgresión continua de las prácticas democráticas por parte del oficialismo puede resultar dañino para un esquema constitucional que, con altibajos, funcionó bien en la Argentina durante la década reciente. Ante esa posibilidad, varias organizaciones gremiales anticiparon que marcharán hacia un paro nacional.
El veto presidencial cuenta con el aval, y el impulso, de la Asociación Empresaria Argentina (AEA) y la Unión Industrial Argentina (UIA). El vocal de esta última entidad, José Urtubey (ejem ejem) indicó con aura discursiva menemiana: «No están dadas las condiciones en el país para usar esta herramienta. La verdadera agenda que debe discutirse es cómo generar empleo, bajando cargas tributarias y administrando criteriosamente el comercio internacional». Faltó poco para que hiciera referencia a la teoría del derrame.
Como se observa, esa tensión entre tiempo y consecuencias sigue comandando el decurso de las reacciones. Pues resulta claro que más allá de una ley que atempera los rastros, ya están las condiciones dadas para que el pueblo argentino despliegue una medida contundente contra el conjunto de la política oficial. El diagnóstico vuelve a ser esencial: si se evalúa que la transferencia de recursos desde las zonas humildes a las poderosas es un “error”, la batalla se complica. Si se admite que la miseria de unos y el enriquecimiento de otros es la filosofía base de Cambiemos, la acción político – social – sindical puede resultar exitosa.
Es pertinente indicar que durante estos meses iniciales, la Argentina ha sido sometida artificial y forzadamente a un ultraendeudamiento que será muy difícil de levantar para las futuras generaciones. Aquellas derivaciones de una acción equivalente desplegada por el ministro José Alfredo Martínez de Hoz durante la dictadura, que costó tres décadas resolver, han sido respuestas por el gobierno argentino con el respaldo parcial de gobernadores atorados por necesidades cortas.
El gobierno aparentemente votado por el 51 por ciento de la población ha inventado una crisis inexistente y ha puesto manos a la obra para paliarla. Es decir, necesitaba una justificación para concretar su función básica: quebrar el crecimiento industrial nacional asentado en el mercado interno. Cualquier paliativo a esta política no llegará muy lejos ni impactará en detrimento de la matriz que coloca a gerentes de empresas externas en el gabinete nacional.
Aquí no hay un “gobierno en disputa” al cual presionar para reorientar. El camino hacia el Tratado del Pacífico no es más que lanzarse a las aguas inquietas de ese océano mal bautizado –como lo descubriera Hugo Pratt en Corto Maltés- sin una nave adecuada.
La Argentina, pesa decirlo, marcha hacia el hundimiento.
- Direcor La Señal Medios / Area Periodística Radio Gráfica.
