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El Senado de Brasil aprobó este jueves el juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff, lo que implica la suspensión de su cargo durante seis meses, un hecho sin precedentes que se convierte en un golpe a la democracia brasileña. ¿Porqué? Aunque cueste creerlo, la mandataria es acusada sin pruebas.
La aprobación se dio con 55 votos a favor, 22 en contra y 1 abstención (de 78 de los 81 miembros del cuerpo colegiado), lo que significa que por mayoría se tomó la decisión. Cada senador tuvo 10 minutos para ejercer su derecho de palabra antes de votar.
La sesión comenzó a las 09H00 hora local (12H00 GMT) y se prolongó hasta la madrugada de este jueves cuando ya la mayoría de los senadores se había mostrado favorable al proceso. En total el debate duró 20 horas.
El abogado defensor de Rousseff, declaró que «este juicio político no se justifica». «La defensa de Dilma Rousseff afirma que no hay crimen de responsabilidad contra la mandataria”. Añadió que el informe presentado por el relator del impeachment «justifica una intención política para inhabilitar a la presidenta».
Luego, fue contundente: «quiere construirse una fantasía retórica para destruir a una presidenta legítima», por lo cual es válido considerar que «Hay un golpe”.
¿Qué pasa ahora?
A partir de ahora, queda a cargo del país el vicepresidente Michel Temer, uno de los impulsores, junto al presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, del juicio político contra Rousseff.
Si durante el juicio, que iniciará a mediados de mayo, se le considera inocente, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, podrá retomar sus funciones con pleno derecho y total normalidad.
De declararse culpable, Rousseff será reemplazada hasta el fin de su mandato en 2018 por Temer, contra quien la Corte Suprema pidió también un proceso de impeachment. Temer pertenece al partido centrista Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que rompió su alianza con el Partido de los Trabajadores (PT).
El inicio de juicio político contra la jefa de Estado -sin contar hasta ahora con un sólo elemento de violación de ley- es un claro indicio de que se entierra el modelo de democracia representativa y se suplanta por un gobierno de los monopolios y grupos financieros.
Este sería el segundo juicio de destitución en Brasil desde el fin del régimen militar (1964-85). El primero le costó el cargo al presidente liberal Fernando Collor en 1992.
La mandataria dará un mensaje a la nación este jueves a las 10H00 locales (13H00 GMT). A partir de este jueves, Rousseff dejará el Palacio del Planalto (sede del gobierno) y se dirigirá al Palacio de Alvorada, la residencia oficial, desde donde preparará su defensa.
El pasado 17 de abril la Cámara de Diputados aprobó el pedido de juicio político con 367 votos a favor, 137 en contra, siete abstenciones y dos ausencias. La solicitud pasó a ser analizada por una comisión especial de 21 senadores que el 6 de mayo aprobó con 15 votos a favor el informe de su relator, Antonio Anastasia, quien recomendó que el proceso avance hacia una probable destitución.
Desde que salió a la luz pública el caso de corrupción en Petrobras, la oposición brasileña pretende vincular a la presidenta Dilma Rousseff y a los miembros del Partido de los Trabajadores (PT) para impedir que se mantengan al frente del Gobierno.
La acusación central de la oposición contra Rousseff para justificar un juicio político es la supuesta violación de normas fiscales al maquillar el déficit presupuestario de 2015. Sin embargo, no se han presentado pruebas contra la mandataria brasileña, quien ha reiterado su inocencia.
Lula con Dilma
El ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva acompañará hoy a Dilma Rousseff en el acto de despedida de la jefa de Estado, quien fue apartada temporalmente de su cargo para ser sometida a un juicio político.
De acuerdo con medios de prensa, el acto se realizará a la salida del Palacio de Planalto, donde se estima que miles de personas manifiesten su apoyo a la mandataria.
Previamente, Rousseff se reunirá con su gabinete presidencial y recibirá a Lula, indicó la Agencia Brasil, según la cual antes de dejar la sede de la Presidencia de la República ella hará también una declaración a la prensa.
La Presidenta exonerará a todos sus ministros, con excepción de los titulares del Banco Central y del Ministerio de Deportes, antes de dejar el gobierno, anticipó por su parte el diario digital Brasil 247.
La víspera, el ministro del Supremo Tribunal Federal Luis Roberto Barroso desestimó un recurso presentado por el directorio del Partido de los Trabajadores (PT) de Ciudad Occidental, estado de Goiás, que requería una prohibición para que Temer no pudiera designar ministros, pues esa función compete solo al Presidente electo de la Nación.
A juicio de Barroso, atender ese pedido significaría una «interferencia excesiva» del Poder Judicial en la política, además de acarrear perjuicios a la separación de poderes.
Brasil ingresa en la tierra incógnita de la inestabilidad institucional. Los diez años de gobierno del Partido de los Trabajadores favorecieron el desarrollo económico y la inclusión social de millones de personas. También fomentaron el vínculo brasileño con América latina a través del Unasur y de los países emergentes más importantes mediante su integración al BRICS.
Las manifestaciones en favor de Dilma y Lula fueron protagonizadas por millones de trabajadores en todo el país (foto) y silenciadas por los grandes medios. Es probable que, si se analizan los datos concretos, se concluya que la gestión del PT ha sido la mejor en la historia del vecino país. Seguramente allí habrá que buscar los motivos de esta desestabilización
TeleSur / Prensa Latina / Agencia Brasil / La Señal Medios.
