PONSATI / Panamá blues

Los efectos de lo poco que se conoce acerca de los papeles de Panamá siguen produciendo temblores en distintas regiones del planeta, donde los gobernantes y altos dirigentes políticos, entre ellos Mauricio Macri, se las ven en figurillas para alejar las sospechas sobre oscuros manejos financieros. Al mismo tiempo, crece la intriga acerca del contenido del resto de los archivos aún no conocidos y la verdadera naturaleza de la denuncia, evidentemente surgida de una intrusión ilegal en la documentación de la firma Mossack y Fonseca y luego derivados al diario alemán Süddeustche Zeitung. Vamos a hacer una breve digresión: se trata de 11,5 millones de documentos, un volumen de información imposible de abarcar si no se cuenta con las instalaciones adecuadas. Pensemos que, si se calcula por lo menos una página por cada archivo, tendremos 23.500 volúmenes de 500 páginas cada uno, que, puestos uno al lado de otro, ocuparían más de 900 metros. La transferencia de datos, además, no se podría hacer en cuestión de minutos, o de horas, a menos que se cuente con aparatos muy sofisticados y de una capacidad tal que, nos parece, solamente podrían tenerla organizaciones muy importantes. ¿Servicios de información? Tal vez.

Otra duda urticante es la que gira en torno de por qué la lista, por ahora incompleta, no incluye personas o empresas de Estados Unidos. Hay quienes sugieren que la intención de quien o quienes descargaron esos archivos y los brindaron en bandeja a la prensa, es la de destruir o desprestigiar a todos los paraísos fiscales, menos a los que operan en la órbita de Estados Unidos e Inglaterra: los Estados de Delaware, Nevada y Dakota del Sur, en primer término, y las islas del Canal, Islas Vírgenes, Gibraltar y otras cuevas financieras en jurisdicción británica. No es tan alocada la idea, teniendo en cuenta que en esos “aguantaderos” reposan entre 15 y 30 billones (millones de millones) de dólares. Por otra parte, muchos de ellos provenientes de la Argentina.

Por lo trascendido, Mossack Fonseca, asesores dedicados a crear sociedades offshore en paraísos fiscales, tenían unos 570 clientes en la Argentina. No sería exagerado pensar que hay otra gran cantidad de cuentas de argentinos abiertas en otras plazas extraterritoriales, lo que habilita a pensar que por allí transitan los cientos de miles de millones de dólares de ciudadanos argentinos que no están en nuestro propio país, y que por lo tanto se restan a la economía nacional. Según estimaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la Argentina es el octavo país en volumen de capitales en el extranjero. Traducido en números, según datos compartidos por organismos y entes que orientados al análisis del tema, son alrededor de 400.000 millones de dólares. El Centro de Economía y Finanzas para el Desarrollo de la Argentina (Cefid-Ar), por su parte, estimó en 2012 una cifra de 374.000 millones de dólares.

Lo que es más grave, solamente la mitad de esos capitales tendrían sus cuentas con el fisco argentino en orden. No disponemos de números precisos porque justamente la ingeniería legal y financiera que forma parte de las guaridas fiscales está diseñada para ocultar información y eludir la persecución fiscal.

El Presidente figura como vicepresidente de dos compañías basadas en Panamá y Las Bahamas. El presidente de ambas es Franco Macri, su padre. Una de esas firmas es Fleg Trading, que, se aduce, ya cesó aunque nada se sabe de su actividad. La otra, Kagemusha, todavía activa, es más sugestiva, incluso desde el nombre elegido que de por sí plantea u dilema o una intriga. Kagemusha fue una película del realizador japonés Akiro Kurosawa, que trata de una impostura, de una sustitución de personalidad para acceder a cierto espacio de poder y a una fortuna; no es nada extraño, así, que actualmente en Japón su nombre se considere equivalente a “señuelo político”.  Kagemusha sugiere que allí hay una trampa, maquinación o engaño; que hay algo oculto a la vista y que la misión del investigador –funcionario anticorrupción, AFIP, fiscal o comisión legislativa si es que se llega al caso- es encontrar ese algo oculto, ese procedimiento o mecanismo secreto que rehúye la luz, el examen. Esa empresa es en sí misma un desafío. Y su existencia, actividad, bienes, movimientos financieros, etcétera, deben ser examinados e investigados por el fuero competente, esto es la Justicia Penal.

Por detrás aunque paralelamente deben ser investigados los numerosos personajes del entorno presidencial que aparecen en similares condiciones en los Papeles de Panamá, particularmente Néstor Grindetti, que viene del grupo empresario de la familia Macri y, antes de ser intendente de Lanús, fuera secretario de Hacienda de la Ciudad de Buenos Aires cuya jefatura de Gobierno ejercía el hoy Presidente. Grindetti también recaló en Panamá, desde donde hacía transferencias a Suiza, que, según dicen en la City porteña, “lava más blanco”. Otra relación que merece atención de los investigadores es la que une a Macri con Nicolás Caputo, amigo de la infancia, cuya empresa recibió en una semana adjudicaciones por casi 300 millones de pesos de parte de administraciones PRO. Caputo también tiene una empresa offshore (llamada MB 2014 LLC), aunque en Florida, Estados Unidos. Bueno, y siguen los nombres y las cuentas y las empresas radicadas en el extranjero.

El periodismo de investigación argentino, si es que sale de su letargo, tendría allí un amplio campo para investigar sobre actividades ilícitas, no ya de funcionarios kirchneristas –que están siendo acosados y perseguidos por jueces ahora sugestivamente hiperquinéticos que durante una década hicieron la plancha en el tranquilo remanso de su público despacho- sino de avispados empresarios que vivieron de los presupuestos oficiales fugando sus ganancias hacia esos paraísos fiscales que abundan por el mundo. La ex presidenta Cristina Fernández llegará esta noche a Buenos Aires, donde debe declarar ante el juez Claudio Bonadio, un magistrado que mató a dos personas, una por la espalda, en un episodio que la Justicia consideró en defensa propia. El viernes, el fiscal Guillermo Marijuán, antes de abordar un vuelo hacia Estados Unidos, la imputó por lavado de dinero, aunque en una causa que nada tiene que ver con aquellos Papeles de Panamá tan amargos para el actual gobierno.

Como afirma el diputado Carlos Heller, “las guaridas fiscales se caracterizan por la existencia de un régimen fiscal beneficioso con bajas o nulas tasas impositivas producto de una legislación comercial ‘flexible’ y la falta de regulación de instrumentos financieros y estructuras legales. La segunda y no menos importante característica es que proveen confidencialidad de la información, garantizando secreto bancario y fiscal. En la gran mayoría de los casos, la apertura de sociedades se realiza para cometer evasión o elusión fiscal y blanquear activos provenientes de diversos delitos, así como incluso ocultar patrimonio a herederos, y otras maniobras”. Precisamente ésas son las preguntas que deben hacerse quienes intervengan en una futura investigación, si es que ésta se encamina seriamente en la búsqueda de la verdad y la justicia. Lo otro, aceptar de oficio explicaciones apresuradas sobre acciones al portador (que, ya se sabe, pueden estar en una caja fuerte y haber sido nominadas –con la identidad de un testaferro- el mismísimo día anterior), sería una funesta farsa.

Director Diario Hoy Día Córdoba / LSM