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De acuerdo a la ley de la Ciudad 2.340, la comisión que cobra una inmobiliaria por el alquiler de un inmueble no puede exceder el 4,15% del valor del contrato, es decir, un mes promedio de alquiler. Sin embargo, el Colegio de Corredores Inmobiliarios porteño (Cucicba) que controla a los agentes inmobiliario permitió duplicar sus honorarios.
En una resolución, el ente da por inválido el tope vigente por ley y autoriza a las inmobiliarias a fijar libremente por contrato el monto de sus honorarios y de los gastos. Para la entidad de corredores, la medida era necesaria para “defender los derechos profesionales a percibir honorarios” por su trabajo.
La resolución afecta a casi un millón de personas en el ámbito de la ciudad que alquila para vivir o trabajar en un inmueble. De acuerdo al gobierno porteño, los alquileres subieron 36,2% en el último año y la cantidad de hogares alquilados se multiplicaron en la última década, llegando a representar un tercio del total.
La mayoría de las entidades de defensa de los inquilinos manifestaron su rechazo a la resolución y la consideraron ilegal por contradecir deliberadamente la ley porteña. Por tanto, luego de la resolución de Cucicba, se aguarda una catarata de reclamos y presentaciones judiciales para anular la medida.
Asimismo, la Defensoría del Pueblo porteña prepara un proyecto de ley para regular el mercado, tomando como base la comisión del 4,15%.
El Frente de Inquilinos, protesta
El Frente de Inquilinos Nacional presentará un proyecto de Ley destinado a regular el alquiler de las viviendas. Buscará prolongar el plazo de los alquileres de dos a tres años, considerar los índices de precios y lograr que la devolución del depósito se haga en el momento en que el inquilino entrega la llave.
El anuncio fue formulado por el titular del FIN, Gervasio Muñoz durante una conferencia de prensa que contó con el apoyo de organizaciones de inquilinos de La Pampa, Tierra del Fuego, Chubut, Río Negro, Santa Fe, Ciudad de Buenos Aires, Buenos Aires, Neuquén, la Defensoría del Inquilino porteño y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).
«La principal problemática son los aumentos indiscriminados», sostuvo Fabiana Happel, de la Organización de Inquilinos de La Pampa, donde el sector inmobiliario «habla de un treinta por ciento mientras que la realidad es otra», ya que llegan hasta «un 60 por ciento».
Uno de sus puntos más importantes se refiere al plazo de los contratos, que pasaría de dos a tres años, para garantizar «mayor estabilidad a las familias de inquilinos, quienes cada dos años tienen mudarse, pagar comisiones y negociar aumentos», explicó el referente del FIN, Gervasio Muñoz.
El texto también contempla que los valores de los alquileres «estén atados a los índices del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec)» y que la devolución del depósito se haga «en el momento que el inquilino entrega la llave, porque las inmobiliarias se los suelen quedar, en los contratos dice que será devuelto después de 60 días de terminado el mismo y esto no sucede», informó Muñoz.
También se exigirá que sea «de orden público» la obligación de los dueños de mantener la vivienda en buen estado, ya que si bien el Código Civil así lo establece, «en los contratos obligan a los inquilinos a renunciar a ese derecho y los hacen responsables del mantenimiento», añadió.
El nuevo Código Civil, que entró en vigencia en agosto del año pasado, derogó la Ley Nacional de Alquileres 23.091 -la única ley especial referida a esta problemática- y «absorbió» algunos de sus artículos pero «muchos puntos quedaron sin regular», sostuvo Gervasio Muñoz.
Pamela Gaita, de la Unión de Inquilinos Neuquinos, subrayó que en esa provincia la problemática de los «contratos abusivos» es similar a la del resto del país pero con la «particularidad» de que allí «se ven precios mucho más elevados» debido a «la especulación relacionada con el petróleo», aunque «sólo el cinco por ciento de la población vive» de esa actividad.
Gaita también consideró un «retroceso» la derogación de la ley 23.091 y valoró como «insuficientes» las regulaciones contempladas en el nuevo código, que dejan por fuera asuntos como «la comisión, los garantes y el depósito».
Por su parte, el presidente de la Asociación Platense de Inquilinos, Germán Schierff, vinculó la situación de emergencia habitacional de la provincia de Buenos Aires con la falta de regulación, ya que «aquellos que no pueden acceder a un alquiler deben optar por vivir en asentamientos precarios».
Infonews / Telam / LSM
