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El número total de despidos en los tres niveles del Estado (nacional, provincial y municipal) se acerca a los 24 mil. El Estado nacional en la Ciudad de Buenos Aires despidió a 6500 personas y desde los gremios esperan que la situación se agrave notablemente en marzo, cuando venzan los contratos que están “en revisión” por parte del Gobierno. Andrés Ibarra, ministro de Modernización, habla de 40 mil contratos en esa situación.
Algunos de los despidos en el Estado nacional se dieron en el Senado (2045), el Centro Cultural Néstor Kirchner (600), Ministerio de Justicia (489), Ministerio de Seguridad (215), Secretaría de Comercio (200), Jefatura de Gabinete (130), Diputados (100), Ministerio de Trabajo (100), Afsca (135), Indec (70), Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (35), Organismo de Control de Concesiones Viales (30), Sepyme (25) y Desarrollo Social (10).
La medida que está detrás del achicamiento del Estado es el Decreto 254/2015, que estableció que se revisarán todos los contratos de menos de tres años de antigüedad por un lapso de tres meses y que los de más de tres años se renovarán por un año. También se revén los concursos ganados por trabajadores. En realidad, el Decreto no es necesario en términos formales, porque los contratos vencen y el Estado puede no renovarlos. Se trata, en cambio, de una forma de instalar una psicosis generalizada. Pero encima ni siquiera se respeta dicho Decreto, porque los despidos por lo general no tomaron en cuenta el lapso de los tres meses de supuesta evaluación, sino que ocurrieron inmediatamente.
El sentido profundo de una arremetida tan intensa es el acorralamiento del movimiento obrero en las próximas negociaciones paritarias. La intención oficial es generar una transferencia de recursos formidable y para eso dispuso rápidamente una devaluación de la moneda argentina de casi el 50 por ciento y está por resolver –esta semana- un tarifazo sobre los servicios públicos esenciales. La declinación salarial sería el gran logro neoliberal para beneficiar a las corporaciones que respaldaron la creciente electoral del macrismo y configuran parte misma de su gobierno. El esquema es sencillo: gremio que debe bregar contra los despidos, automáticamente deja de lado la batalla por la recuperación salarial.
La instancia posterior -su primera fase está en marcha- es la reducción del consumo de masas que ha sostenido la economía argentina en la última década. Como sus predecesores neoliberales, Alfonso Prat Gay, ministro de Economía del gobierno PRO UCR Cambiemos, evalúa que es preciso reducir la inflación, el gasto público y acrecentar las reservas. La derivación de este programa puede resultar fatal para la industria argentina en su conjunto, aún cuando se resguarden algunas medidas protectivas: no habrá mercado interno para la adquisición de elaboraciones locales. Cabe recordar que en nuestro país la inflación estaba controlada y se desplegaba por alza de consumo, el gasto público era reducido y estaba equilibrado con los impuestos agropecuarios al tiempo que contribuía -en tanto inversión social- a dinamizar la economía, y las reservas guardaban correspondencia con la emisión.
El futuro está abierto.
GF /ATE – UPCN / Página 12 / La Señal Medios
