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Por Marco Abudara Bini *
La vivienda es reconocida como Derecho Humano por los más altos instrumentos jurídicos de alcance internacional, receptados por la Constitución Nacional Argentina; por su parte, la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires también consagra en su cuerpo el derecho que todos tenemos a la vivienda. En materia de alquiler de inmuebles con destino habitacional, la regulación se encuentra en leyes nacionales, el Código Civil y Comercial de la Nación, y leyes locales, entre otras fuentes de Derecho. Cabe destacar que si la vivienda es un derecho humano, presenta una característica inherente a todos los derechos de esta clase, que es la progresividad. Esto quiere decir, que los niveles de satisfacción que el Estado garantice a las personas de este derecho, debe ser cada vez mayor, utilizando hasta el máximo de los recursos disponibles para lograr este fin; de otra manera, los organismos encargados de interpretar los instrumentos supranacionales de Derechos Humanos, entienden que estos serían “una mera declaración de buena voluntad”.
El gobierno de la Ciudad, a cargo del PRO no solamente no ha receptado la característica progresiva del derecho a la vivienda, sino que ha puesto su empeño en agravar seriamente la situación habitacional de la ciudad. Ha reducido el presupuesto destinado a la vivienda del 5 al 2,1%, tiene 500.000 personas en emergencia habitacional, 10% de los habitantes viviendo en barrios no urbanizados y más de 15.000 personas en situación de calle (estadísticas que el gobierno “blanquea” a través de los subsidios habitacionales otorgados a las personas en situación de calle). Claramente para el Pro, la vivienda no es un derecho, sino un negocio. Claro ejemplo de ello es el programa “Alquilar se puede”, que ha gastado más dinero en publicidad que en el efectivo cumplimiento del programa, que a la fecha solamente ha beneficiado a diez personas.
Existen numerosos proyectos de nuevas leyes de alquileres que beneficiarían a todos los inquilinos, tanto los que alquilan departamentos como a los vecinos de hoteles familiares y pensiones (hoy en día, estos no se encuentran regulados por las leyes de locación, sino por la Ley de Servicios de Alojamientos Turísticos, que no reconocen ningún derecho al inquilino). Todos estos proyectos están cajoneados en una Legislatura que el PRO utiliza para hacer negocios. En cada desalojo hay una familia que se queda en la calle, y del otro lado un negociado: los bancos financian el negocio, las constructoras toman su parte, las inmobiliarias generan renta y el negocio sale redondo. Luego de desalojar a las familias y de demoler casas –muchas veces patrimonio histórico- se levantan hoteles, torres u oficinas que generan un desplazamiento de la población natural del barrio, aumentando el precio general de los alquileres, impuestos y costo de vida para todos. Al PRO este negocio le sale muy barato, solamente tiene que pagarle un subsidio que va de $1200 a $1800 por tres meses (sólo renovable por medida cautelar) a la familia que dejó en la calle.
Alrededor de un tercio de la población de la ciudad alquila. Los que pueden acceder a un alquiler formal por inmobiliaria o dueño directo, con contrato por escrito, son víctimas constantes de abuso o ilícitos por parte de estos. Los que no pueden acceder a este tipo de alquiler por no contar con una garantía de familiar directo en la ciudad, por trabajar en negro (otros abusos inmobiliarios), o por no poder juntar los cuatro o más meses de alquiler requeridos para ingresar, terminan alquilando en conventillos, hoteles familiares o pensiones por el mismo dinero que un alquiler formal, pero en peores condiciones, sin contrato ni recibo de pago. Lo que une a todos estos sectores de inquilinos es su escasa posibilidad de reclamar por los derechos que la ley les reconoce, dada la posición dominante del locador: “si no te gusta, te vas a otro lado”. Las distintas agrupaciones de inquilinos peleamos por la creación por ley de una Defensoría del Inquilino, un organismo público que pueda tutelar los derechos que los inquilinos tienen reconocidos por ley.
Otro modelo de política en materia de vivienda es posible, y está siendo llevado a cabo por el Estado Nacional. El Gobierno Nacional se encarga de generar una política pública de acceso a la vivienda digna ya no de algo que uno alquilará toda la vida y nunca podrá ser el dueño, sino que construye cientos de miles de viviendas, instrumenta el programa PROCREAR que regala la tierra y financia la construcción, e impulsa la nueva ley de regularización dominial. Todas políticas tendientes a combatir la especulación, reactivar la producción nacional y la generación de empleo, al tiempo que se accede a la vivienda digna y propia.
Será decisión de los inquilinos de la ciudad el tomar conciencia y organizarse para hacerle frente a los abusos, y dejar de votar un gobierno que negocia con nuestro derecho a la vivienda, y empezar a elegir un Estado presente en la economía, que regule el mercado inmobiliario, genere las condiciones de acceso a la vivienda digna y entienda a la vivienda como un Derecho Humano.
* Agrupación Peronista Hugo Chávez / La Señal Medios.
