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domingo , febrero 17 2019
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Repensar el sindicalismo argentino

Por Emiliano Vidal*
Con los ecos del paro del martes 9 de junio pasado promovido por un sector del sindicalismo, en el año de la elección crucial de presidente y vice de la Nación tras doce años de kirchnerismo y en la dinámica del Bicentenario de la Independencia hacia el año que viene 2016, vale la pena repensar el rol de los sindicatos, pilares del justicialismo en el gobierno cualquiera hayan sido los peronistas que ocuparan la presidencia de la Nación. ¿Es necesario modificar la actual Ley de Asociaciones Sindicales sancionada hace veintisiete años atrás?
El sindicalismo argentino recorrió otras etapas, incluso anteriores al 17 de octubre de 1945 del que este año se cumplen setenta décadas.
La rebelión castrense de junio de 1943 puso fin al fraudulento Régimen conservador que se había iniciado luego del golpe cívico/militar militar de 1930, caracterizado por reprimir duramente los reclamos laborales y salariales de las flamantes organizaciones obreras. Dentro del grupo de militares que impulsó el golpe se encontraban el coronel Juan Domingo Perón, quien se hizo cargo del “elefante olvidado”, el Departamento Nacional del Trabajo (DNT), creado por el ministro de Interior Joaquín V. González en tiempos de la segunda presidencia de Julio Argentino Roca, tras el informe del doctor Juan Bialet Massé y los proyectos del socialista Alfredo Palacios, en 1904, primer diputado socialista en La Boca y en América Latina.
Perón se destacó sobre el resto del GOU (Grupo de Obra de Unificación, o Grupo Orden y Unidad), y en la elección de cargos, no dudó en asumir en el estratégico Ministerio de Guerra para el control de altas y bajas de sus camaradas y recaer en la vicepresidencia de la Nación. Sí, llamó la atención su elección por el derruido DNT y elevarlo al rango de la Secretaría de Trabajo y Previsión de la Nación, desde donde impulsó un conjunto de medidas y reglamentaciones a favor de los trabajadores.
Esta modificación en el organigrama del Gobierno revolucionario, favoreció la conformación de nuevos sindicatos al mismo tiempo que incrementó la actividad de los gremios que existían. Tras aquel año 1945 que cambiaría la historia, Perón fue vencedor en los comicios y accedió por las urnas a la primera magistratura.
La consolidación del sindicalismo argentino sufrió un duro golpe con la Revolución Libertadora en septiembre de 1955 y la posterior intervención militar en la CGT. La dictadura impuso por el decreto/ley 9270/56 la desarticulación del modelo peronista al quitarles la personería gremial con lo cual los sindicatos pasaban a ser entes simplemente inscriptos.
La Libertadora tenía poder para fusilar como lo hizo en 1956 y para anular por decreto la Constitución Nacional de 1949, pero no le alcanzó. Gigante fue  cantidad de votos en blanco en las constituyentes con la que el binomio Aramburu-Rojas quiso
terminar con la censura peronista en 1957.
Al año siguiente, convocando a elecciones con el peronismo proscripto, Juan Domingo Perón exiliado y el sindicalismo debilitado, cumpliendo con su promesa electoral tras conseguir el apoyo justicialista, en 1958, el radical Arturo Frondizi aprobó la ley 14455, retomando los principios del decreto 23852/45. El radical intransigente no cumplió y al poco tiempo, frágil, fue derrocado.
Con Arturo Illia en el gobierno, elegido en 1963 con el 25 por ciento de los votos ante el peronismo prohibido, se dicta en abril de 1966 el decreto 969 que otra vez buscó terminar con la libertad sindical. Al cordobés no le alcanzó el tiempo: en junio de ese año fue derrocado por el dictador Juan Carlos Onganía. Fueron los dirigentes sindicales de los gremios de mayor crecimiento a raíz de la fuerte actividad económica del sector – caso la UOM- que una década atrás habían sido los artífices de la recuperación de los sindicatos, los que con el peronismo siempre proscripto, buscaron entenderse con los militares.
El tercer gobierno peronista de 1973 intentó volver a modelo sindical fundacional. Se aprueba la ley 20.615 del abogado Horacio Ferro. Tras el golpe de 1976, la dictadura militar insertó la ley de facto 22105 que como primera medida sustituyó la denominación “asociaciones profesiones de trabajadores” por la de “asociaciones gremiales de trabajadores”, desatando una cacería en las fábricas, en sus delegados de base y comisiones internas.
En democracia, el radicalismo fracasó en el Congreso de la Nación en su intento de “reordenar” a los sindicatos. El proyecto de ley, fue rechazado por la Cámara alta. Fue una dura derrota al inicio de la gestión de Raúl Alfonsín, rodeado por funcionarios antiperonistas como el propio titular del Ministerio de Trabajo, Antonio Mucci.
Tuvieron que pasar cuatro años y la derrota radical en las elecciones legislativas de 1987, para lograr un consenso entre el oficialismo y el peronismo opositor que sancionó la actual ley de Asociaciones Sindicales -23551-, de estructura piramidal, cuyo vértice late en la CGT, en el medio las federaciones y uniones y más abajo los sindicatos, los delegados del personal y las comisiones internas en los lugares de trabajo… ya pasaron 27 años de su implementación.
Historia es contemporánea.
El desarrollo industrial experimentado por Inglaterra entre 1750 y 1850 dio lugar a la  conformación de las primeras organizaciones obreras, consecuencia de las malas condiciones de trabajo en las fábricas. En su mayoría destinadas a la producción textil, en la masa obrera inglesa no existían leyes que protegieran a los trabajadores, por lo que estos se veían expuestos a jornadas de trabajo de más de doce horas a cambio de escasas remuneraciones.
Los sucesivos gobiernos ingleses resolvieron prohibir las incipientes actividades de las asociaciones sindicales, dando inició a una historia marcada por la persecución y la clandestinidad de la flamante masa de trabajadores.
Los sindicatos, lugares en los que se reunía la gente trabajadora de un mismo oficio para defender sus reivindicaciones mediante huelgas, constituían sociedades de ayuda mutua las cuales disponían de cajas comunes con capital proveniente de las cuotas de los asociados.
Se avecinaban tiempos difíciles. Hacia 1870 Europa atravesó la primera gran crisis de un sistema capitalista generador de pobreza que se agravaría cerca y en el transcurso de la Primera Guerra Mundial.
“Gobernar es poblar”, inmortalizó Alberdi. Lo que provino de ultramar no contentó ni a la oligarquía porteña ni a los flamantes habitantes. Una primera oleada, principalmente de España e Italia en sintonía con una legislación que acompaña el inicio de un proceso migratorio desde de la propia Constitución Nacional de 1853 que en su artículo 25, establece que el gobierno fomente la “inmigración europea”.
A comienzo del año 1877, se sancionó la ley N° 817 de Inmigración y Colonización, también llamada Ley Avellaneda –por el presidente, otro tucumano Nicolás Avellaneda-, que promovió un proceso inmigratorio.  
Esta primera corriente migratoria que proviene casi exclusivamente de Europa modifica la composición y distribución espacial de la población, su desarrollo social y cultural y fundamentalmente la configuración de su fuerza de trabajo.
En el período 1881-1914 llegaron más de 4.200.000 inmigrantes: dos millones de italianos, un millón y medio de españoles, 170 mil franceses y 160 mil rusos.
La gran mayoría la conformaban hombres jóvenes de origen rural.
La Argentina se incorporó al mercado mundial como productora de materias primas tras incrementar el número de trabajadores con la llegada de esos extranjeros con ideas e ideologías propias de ese tiempo en el viejo mundo.
En el país las primeras organizaciones obreras que se conformaron fueron las sociedades de socorros mutuos o mutuales. La primera se creó en 1857 en Buenos Aires con la denominación de Sociedad Tipográfica Bonaerense, pero por su dinámica y objetivos esta entidad respondía más a una organización mutual que a una gremial. Recién en 1877 es cuando se constituye la primera estructura sindical con carácter moderno: la Unión Tipográfica Bonaerense, que realizó, al año siguiente, una huelga por la reducción de salarios que afectaba a sus afiliados.
Entre 1910 y 1920 se formaron en Argentina los primeros sindicatos por rama nacionales, forma de organización que se caracteriza por reunir a todos los trabajadores del mismo ramo o sector de producción en una misma organización. Se diferencia de los sindicatos por oficio-ejemplo: pintores, albañiles, plomeros, etc), porque en lugar de representar solo a los trabajadores de un mismo oficio, reúne a todos los obreros de diferentes tareas que se desempeñan dentro de una misma rama de la producción (ejemplo: construcción, madera, educación, Servicios, bancos, transporte). El primero de estos sindicatos fue la Federación Obrera Marítima, fundada en 1910, al que siguió luego la Federación Obrera Ferrocarrilera (FOF), constituida en 1912, rebautizada luego como Unión Ferroviaria.
La clase portuaria porteña y probritánica, no dudó en recurrir a las fuerzas del flamante Estado Nacional creado en la presidencia de Julio Argentino Roca, el artífice de hacer un desierto en la Patagonia desde el uso de los rifles ingleses Remington y de derrotar a la poderosa provincia de Buenos Aires, en la toma de su la “ciudad” para la creación del distrito federal de la República.
Entre 1907 y 1909, el jefe de la flamante Policía de la Capital Federal y ex combatiente en el genocidio denominado por la historiografía liberal, “conquista del desierto”, Ramon Falcón fue el responsable de las muertes y represión en la Huelga de Inquilinos de los explotados trabajadores de La Boca y durante la celebración del 1 de mayo de 1909.
Antes de dejar el poder el 12 de octubre de 1904, el tucumano Roca ungió al médico y abogado, Juan Bialet Massé a realizar un informe sobre las pésimas condiciones laborales de la masa obrera surgente. Un nuevo sujeto social comenzaba en la Argentina.
Fue un hombre de esa clase oligarca, Roque Sáenz Peña quien suscribió un pacto con un dirigente nacido en el nuevo estrato social: Hipólito Yrigoyen, quien si bien había llegado por las urnas masculinas a la presidencia de la Nación en 1916, trató de mediar entre las incipientes organizaciones obreras y el sector patronal, no dudó en recurrir a la represión cuando los ánimos se agitaban en la lucha por mejores derechos. Alcanza con recordar lo ocurrido el 7 de enero de 1919, en los talleres Metalúrgicos de Vasena, en el barrio porteño de Pompeya, cuando una huelga originó una dura represión, recordada como la “La Semana Trágica”. Similar situación similar tuvo lugar en la provincia de Santa Cruz entre 1921 y 1922, cuando frente a los reclamos de los trabajadores rurales, el gobierno radical envió al Ejército, que fusiló a varios centenares de obreros de los frigoríficos ingleses instalados tras la matanza de 1880. El movimiento obrero desorganizado será una dura víctima tras el primer golpe de la historia en septiembre del 30.
Diversidad política
En todos estos años, la diversidad sindical fue condimentada al compás de los inquilinos del Gobierno de turno: tras el paro de junio pasado, las CGT Balcarce y la CTA de Hugo Yasky, por ahora, son oficialistas y las tres restantes, por ahora, son opositoras.
A fines de la década del ´50, la vinculación estructural de la organización obrera fue a través de las “62 Organizaciones” controladas entre 1960 y 1990 por los grandes sindicatos de los trabajadores industriales (metalúrgicos, textiles, etc.). Aparece la figura de Augusto Vandor. Más tarde, en los `70, se logró la unificación a la CGT de los Argentinos y la CGT Azopardo unificada luego bajo la conducción de José Ignacio Rucci; la Comisión de los 25 con el cervecero Saúl Ubaldini se le animó a Videla y compañía. En la década del 80 fue el turno de la CGT Azopardo y la CGT Brasil, también con la figura de Lorenzo Miguel; la crisis económica gestó la CTA, y en 1999 a la CGT oficial de Héctor Daer y luego a la  CGT disidente del camionero Hugo Moyano hasta su acercamiento con Luis Barrionuevo, quien desde 2008 regentea la CGT Azul y Blanca.
La personería gremial es otorgada por el Estado sobre la base de un criterio de mayor representatividad de difícil control y verificación, a lo que se suma que sólo puede haber un sindicato con personería gremial por actividad u oficio. Además, para ser elegido delegado se debe estar afiliado al sindicato con personería gremial (artículo 41, inciso a de la Ley de Asociaciones Sindicales), y según la ley-norma sólo éstos cuentan con protección legal (estabilidad) para desarrollar su función sindical (artículo 48 y siguientes).
¿Es necesario reformar el sistema sindical para ajustar las normas a las tendencias internacionales a los criterios de la OIT y los recientes fallos de la Corte Suprema?
Para comprender el futuro, nada mejor que hoy, repensar el pasado.
(*) Conductor del programa “De acá para allá”, todos los sábados de 12 a 13hs por la Radio Gráfica FM 89.3.

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